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| Un proyecto kirchnerista pretende implementar la censura en Internet. |
Nacionales – Los ultrakirchneristas Remo Carlotto y Diana
Conti, entre otros, elaboraron un proyecto de ley que faculta al INADI a
clausurar o suspender por 30 días un medio digital que permita comentarios
discriminatorios de sus lectores. La iniciativa, totalmente inconstitucional,
deja varios puntos técnicos sin aclarar, como qué pasaría si las agresiones
surgen en sitios radicados en otros países, como Facebook y Twitter.
Los diputados Remo Carlotto, Mónica Contrera, Jorge Rivas,
Walter Santillán y Diana Conti son autores de un proyecto que otorga al INADI
atribución para clausurar un medio de comunicación.
El proyecto de ley titulado “Actos discriminatorios e
instrumentos de Derechos Humanos. Promoción de la no discriminación en
Internet” faculta al INADI a clausurar o suspender por 30 días un medio
digital.
Con el objeto de “propiciar la diversidad, el pluralismo y
el respeto por la dignidad y privacidad de las personas en internet, evitando
la difusión de mensajes con contenido discriminador a través de plataformas de
contenidos producidos por los usuarios, en el marco del estricto respeto por la
libertad de expresión”, Carlotto, Contrera, Rivas, Santillán y Conti
presentaron este proyecto que faculta al Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a aplicar sanciones contra
“páginas, blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios de prensa, diarios
on line, revistas electrónicas y otros sitios de internet que admiten que los
usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos
dominios”.
Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios
hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o
multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento
o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días” o “la pérdida
de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozare”.
Al margen de lo cuestionable y hasta inconstitucional de
cerrar un medio porque alguien se sintió ofendido, el proyecto deja muchísimos
puntos técnicos sin aclarar, como qué pasaría si las agresiones surgen en
sitios radicados en otros países, como es el caso de las redes sociales
Facebook y Twitter. O medios nacionales que tienen los servidores en el
exterior. O un comentario que es borrado pero permanece en el cache de los
buscadores. También comete el error de igualar las obligaciones de un blog con
las de una agencia de noticias. Y traslada la responsabilidad por los
comentarios de los visitantes, que en medios grandes son centenas por día y
frecuentemente anónimos, a los responsables de los medios.
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