Presupuesto 2015: la última ficción del gobierno de Cristina

Por J. Valeriano Colque (*)

He leído con atención la última ficción del Gobierno nacional: la Ley de Presupuesto 2015. Parece que esa manipulación grosera de la realidad apuntara a resguardar a los ciudadanos del pánico, más que a informarlos con datos fidedignos de la realidad económica del país en que viven.

Sin embargo, no creo que este truco surta efecto por mucho tiempo más.

Este tipo de mentiras se asemejan a las de un doctor que falsifica los análisis del laboratorio para ocultar el diagnóstico de su paciente.

Dentro de las ilusorias proyecciones macroeconómicas formuladas por el oficialismo, encontramos un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2,8 % (pero hay despidos masivos, parálisis productiva y falta de insumos), una tasa de inflación del 15,6 % (hoy es del 40 % y no hay plan antiinflacionario), desaceleración de la devaluación (pero no hay divisas, por falta de financiamiento voluntario debido a los problemas judiciales) y suba en las exportaciones (pero la soja y otras commodities bajaron su precio internacional).

Por otra parte, el Gobierno nacional planea seguir expandiendo su gasto. No hay evidencia que indique que esos recursos para afrontar la expansión provengan de una fuente genuina. El resultado será más emisión monetaria.

La irresponsabilidad fiscal la pagan todos los argentinos con su trabajo, que cada día vale menos. Mientras, las empresas públicas, exhibirán un déficit de 57 mil millones de pesos, Aerolíneas Argentinas pierde millones todos los días e YPF no puede satisfacer las necesidades domésticas de energía. Además, durante 2015, se sumarán más de 13 mil empleados permanentes al Estado, la mayoría de La Cámpora. Será una de las mayores colonizaciones de la historia de la administración pública argentina.

Para pagar el déficit que originará la estructura elefantiásica del Estado, recurren al préstamo más aberrante y deleznable: el impuesto inflacionario, que carcome la capacidad de sustento de los ciudadanos. Como no hay manera de financiar semejante descontrol, imagino que postergarán otro año más la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y las alícuotas de Bienes Personales, para que más y más trabajadores se sumen a los perjudicados por esta injusticia que no tiene sentido.

Tampoco figura en el presupuesto del Poder Ejecutivo el 82 % móvil que corresponde a los jubilados. El Gobierno nacional, por otro lado, continúa tomando el 15 % de la coparticipación federal asignada a las provincias para saldar sus desmanejos.

El dibujo presupuestario del oficialismo estima una disminución del déficit fiscal de 125 mil millones a 50 mil millones para 2015. Eso es virtual y técnicamente imposible, aunque se disminuya el gasto en áreas críticas como Seguridad, Educación y Cultura, Transporte, Control de la Gestión Pública e Información Estadística.

¿Qué oportunidad de crecimiento tiene un país que oculta la magnitud real de sus problemas? ¿A quién le sirve la euforia de un patriotismo lírico que inventa enemigos, complots, divisiones, fisuras en la sociedad y además, pisotea la institución política de una herramienta como la del Presupuesto?

Necesitamos honestidad para tomar mejores decisiones.

Mentir mientras se publican los datos que dejan en evidencia la mentira

Es posible dibujar las estadísticas oficiales. No lo es hacerlo sin dejar rastros.

Según Indec, en 2010 los precios subieron sólo 10,9 % mientras los salarios en blanco subían 29,3 %, y en 2011 los precios subieron sólo 9,5 % mientras los salarios en blanco subían 35,8 %. Estas estadísticas oficiales son visiblemente inconsistentes entre sí. No hay aumentos razonables de productividad que permitan pagar aumentos salariales reales de la magnitud implícita en esos números.Según el Banco Central, utilizando datos oficiales de inflación, el tipo de cambio real, es decir, corregido por inflación, es hoy 56,6 % mayor que en abril de 2002, luego de la devaluación más grande de las últimas dos décadas. Otro resultado absurdo.

Si el tipo de cambio real fuera hoy tan alto, los exportadores estarían aplaudiendo las políticas oficiales, la industria estaría creciendo, las importaciones serían bajísimas, lloverían dólares comerciales, las reservas del Banco Central estarían creciendo aceleradamente y el Gobierno no habría tenido que recurrir a las restricciones a la compra de dólares. Hasta el año pasado, utilizar datos oficiales de inflación estaba generando estadísticas de pobreza e indigencia tan exageradamente bajas, que el Gobierno decidió discontinuar su publicación, con el argumento inaceptable de que el Indec padece “severas carencias metodológicas” que le impiden empalmar series de precios.

Cuando las estadísticas económicas son incoherentes entre sí de un modo tan grosero, es obvio que tales incoherencias no pueden ser consecuencia de errores, o de simples cuestiones metodológicas. Es obvio que son consecuencia de dibujos estadísticos. De otro modo, sería incomprensible que las autoridades del Indec, que según el propio Ministerio de Economía, en comunicado oficial, degradaron la institución hasta el extremo de padecer “severas carencias metodológicas”, sigan conduciéndolo hoy. Como si tales mentiras evidentes no fueran suficientes, el Secretario de Comercio, Augusto Costa, ha ido aún más lejos. Llegó al absurdo de realizar declaraciones desmentidas por sus propios datos.

Dijo que “vemos una tendencia a la desaceleración, o sea que los precios suben pero a tasas menores, y esperamos que este mes siga así”.

Según los números oficiales referidos por Costa, mientras la inflación en septiembre fue del 1,4 %, en agosto había sido del 1,3 %. Es evidente que no hubo desaceleración de precios en septiembre.

El Secretario de Comercio es desmentido por sus propias estadísticas. Podría estar refiriéndose a alguna tendencia de los últimos meses. Los datos oficiales igual lo desmentirían: la inflación oficial había sido del 1,4 % en julio, 1,3% en junio y 1,4% en mayo. Los números oficiales muestran que el ritmo de aumento de precios se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos 5 meses. No existe la desaceleración que plantea.

Si los números oficiales de inflación no cuadran con el resto de las estadísticas oficiales, se discontinúan las estadísticas de pobreza, y los datos de actividad económica no muestran la evidente recesión, resulta difícil entonces creer en las estadísticas oficiales.

Si además el Gobierno manifiesta, en comunicado del Ministerio de Economía, que la institución responsable de las estadísticas oficiales padece “severas carencias metodológicas”, más difícil aún creer en ellas. Y si encima el Secretario de Comercio dice que los precios están desacelerándose, mientras anuncia, sin sonrojarse, datos que lo desmienten, la supuesta batalla por recuperar la credibilidad de las estadísticas oficiales está, directamente, perdida. Porque ya ni siquiera el absurdo es un límite a la mentira estadística.

El Secretario de Comercio se permite mentir mientras publica los datos que dejan en evidencia la mentira.

Enfoques anti-inflacionarios con pocas chances de funcionar

La premisa fundamental a tener en cuenta para bajar la inflación es que el camino de regreso de la alta inflación es diferente del camino de ida: una emisión excesiva de dinero genera inflación, pero una menor emisión de dinero no necesariamente la reduce.

Esta asimetría es consecuencia de que, una vez que la inflación es elevada, comienzan a operar factores que le dan cierta vida propia. Son procesos circulares por los cuales salarios aumentan porque subieron los precios y precios suben porque aumentaron los salarios. Este fenómeno, denominado inercia inflacionaria, no desaparece con sólo bajar la emisión de dinero.

Esta premisa implica que para bajar una inflación elevada es necesario ocuparse simultáneamente, y de manera equilibrada, de dos conjuntos de factores: los que generaron inflación en primera instancia (habitualmente el déficit fiscal y la emisión de dinero) y los que generan inercia inflacionaria (los procesos de ajustes de precios y salarios). Los planes económicos que se concentran sólo en reducir el déficit fiscal y/o la emisión de dinero pero descuidan el proceso de ajustes de precios y salarios son recesivos y suelen terminar fracasando. Ocurrió este año, y le ocurrió también a Martínez de Hoz en el ’77 y ’78.

Los planes económicos que se concentran sólo en moderar los procesos de ajustes de precios y salarios pero descuidan el déficit fiscal y la emisión de dinero suelen tener efectos a muy corto plazo pero terminan con fuertes golpes inflacionarios. Ocurrió con el Pacto Social de Ber Gelbard en el ’73 y ’74, que terminó en el Rodrigazo del ’75. A partir de aquella premisa, y de estas (y otras) experiencias históricas, sería conveniente que el próximo Gobierno:

a.- Proponga una secuencia de objetivos inflacionarios descendentes para los 4 años de gestión. Por ejemplo, si hereda una inflación del 40 % anual, podría plantear inflación del 35 %, 25 %, 15 % y 5 % anual.

b.- Negocie inmediatamente con empresarios y sindicatos una pauta salarial para 2016 consistente con ese primer objetivo inflacionario, teniendo en cuenta que en febrero de ese año, apenas dos meses después de haber asumido, comenzarán las primeras paritarias.

c.- Reduzca, sin eliminar, el déficit fiscal y la emisión de dinero. Es necesario reducirlos para no generar presiones inflacionarias (como le ocurrió a Ber Gelbard) pero no eliminarlos, para no generar recesión (como le ocurrió a Martínez de Hoz).

d.- Continúe en los años siguientes con acuerdos salariales y reducciones de déficit fiscal y emisión monetaria acordes con los objetivos inflacionarios, cada vez menores, aprovechando que una vez logrado el objetivo del primer año, debería resultar más fácil lograrlo en los años siguientes, por efecto de una mayor credibilidad.

e.- Una vez alcanzada una inflación en torno al 5 % anual, fortalezca la independencia del Banco Central y establezca un esquema de metas de inflación, para garantizar que nunca más volvamos a tener desastres inflacionarios.

Los equipos económicos de los principales candidatos parecen estar pensando en otra cosa. El planteo de Carlos Melconián, asesor de Mauricio Macri, es que la inflación se reduce bajando drásticamente el déficit fiscal y la emisión de dinero. Ni una palabra sobre las paritarias. Se trata del enfoque ortodoxo que genera recesión y tiende a fracasar.

El planteo de Martín Redrado y el resto del equipo económico de Sergio Massa es que la inflación se reduce generando confianza y atrayendo inversiones. No ataca ninguno de los dos factores mencionados para bajar la inflación. Mayores inversiones sirven para que la economía crezca, pero no para bajar la inflación. Si continúa el déficit fiscal y la emisión monetaria, y los procesos de ajustes de precios y salarios continúan por encima del 30 % anual, y encima mayores inversiones implican mayor demanda de bienes, ¿de qué modo un mayor nivel de inversiones podría bajar la inflación? Un antecedente interesante es el de Arturo Frondizi. Asumió en el ’58 con un programa desarrollista, basado en la atracción de inversiones para sectores de hidrocarburos, industria pesada e infraestructura, pero descuidando la inflación. 1959 fue el primer año en la historia argentina en que la inflación superó el 100 % anual.

Sobre Daniel Scioli se sabe menos, porque sus referentes económicos, Mario Blejer y Miguel Bein, todavía no han explicitado cómo intentarán bajar la inflación. Todavía queda más de un año para el cambio de gobierno.

Queda tiempo para que los equipos económicos dejen de lado enfoques anti-inflacionarios con pocas chances de funcionar.

¿Estamos de vuelta en el mismo casillero y sin respuestas?

Es una preocupación que recorre el país, a la vista de que, transcurridos casi 11 meses desde el último tórrido diciembre, el Gobierno nacional desperdició la devaluación. Nunca concretó lo que había planeado hacer: controlar el gasto público–el verdadero motor de la inflación–en principio por la vía de una reducción de subsidios.

Por ende, volvió al punto de partida, con el agravante de contar ahora con menos balas que hace un año. Se estima que el Banco Central tendrá que transferirle al Tesoro entre 55 mil millones y 120 mil millones de pesos en el último trimestre por diversas vías.

A negar la evidencia. El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, no la tiene fácil: debe evitar que toda esa montaña de pesos se corra hacia las múltiples variantes del dólar, pero sin subir aún más la tasa de interés, como exige el ministro de Economía, Axel Kicillof. Vanoli está condenado a encontrar la cuadratura del círculo. La mera prolongación del semiferiado cambiario impuesto desde el recambio de autoridades del Banco Central ya lleva dos semanas y tiene, se supone, un límite en el tiempo. Tal vez por eso el Gobierno ha vuelto a cultivar–cada vez es más obvio–la negación de la evidencia: el secretario de Comercio, Augusto Costa, demostró que es un buen sucesor de Guillermo Moreno. “Nosotros vemos una desaceleración de los precios”, dijo.

Cada cual ve lo que puede. La inflación es, justamente, la válvula de escape obvia de esta política económica.

Para los agentes económicos, sobre todo los comercios minoristas, es una película de suspenso que los tiene con los nervios al límite.

Traigan los cadáveres. El panorama es más complicado. Cuanto menos capaz es el Gobierno de presentar una política económica que al menos pueda ser explicada, más necesidad tiene de encontrar culpables y enemigos. Eso es justamente lo que viene haciendo Cristina Fernández, quien ha exhumado los cadáveres de sus conflictos: con el campo, con el Grupo Clarín, con el sector empresarial temeroso (aunque muchos son beneficiarios) de un mayor intervencionismo, y con la Corte Suprema, en la persona del juez Carlos Fayt.

Siempre es mejor reponer una película vieja en la cartelera–aunque ya sea aburrida–que dejar expuesto un inmenso vacío. A esta altura, es como un test: si grita mucho, es que tiene poco para decir.

La mano de Dios. De todo toman nota los sectores empresariales. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde), propuso recomendar “estrategias de largo plazo para una sociedad basada en el crecimiento sostenido y el trabajo digno, integrada al mundo, justa y solidaria”.

La inspiración de estas recomendaciones fueron los saqueos de diciembre del año pasado, el clima de degradación que observan y la necesidad de encarar políticas consensuadas que apunten no sólo al desarrollo económico, sino a una sociedad con menores niveles de corrupción pública y privada. En el fondo, dos caras de la misma moneda. En este sentido, no es mucho lo que puede hacer una provincia. Y, lo que sí puede hacer, no se ve en el corto plazo. Salta, obviamente, no controla las herramientas de política macroeconómica.  Seguir compensando con impuestos la inflación generada por un Estado nacional que huye hacia adelante imprimiendo billetes no parece tener un gran futuro.

Lo que sí puede hacer Salta: mejorar su competitividad institucional. Entre muchos ejemplos, la necesidad de garantizar una Justicia independiente y eficiente y la de bajar costos buscando una sociedad en la que tanto el sector público como el privado sean más transparentes. Nada de lo que se planteó es para los próximos tres meses. La inquietud empresaria había nacido en diciembre del año pasado.

Todo indica que estamos de vuelta en el mismo casillero. Y que nadie tiene respuestas ante el vértigo.

(*) Economista

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