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| Por J. Valeriano Colque (*) |
He leído con atención la última ficción del Gobierno
nacional: la Ley de Presupuesto 2015. Parece que esa manipulación grosera de la
realidad apuntara a resguardar a los ciudadanos del pánico, más que a
informarlos con datos fidedignos de la realidad económica del país en que
viven.
Sin embargo, no creo que este truco surta efecto por mucho
tiempo más.
Este tipo de mentiras se asemejan a las de un doctor que falsifica
los análisis del laboratorio para ocultar el diagnóstico de su paciente.
Dentro de las ilusorias proyecciones macroeconómicas
formuladas por el oficialismo, encontramos un crecimiento del producto interno
bruto (PIB) del 2,8 % (pero hay despidos masivos, parálisis productiva y falta
de insumos), una tasa de inflación del 15,6 % (hoy es del 40 % y no hay plan
antiinflacionario), desaceleración de la devaluación (pero no hay divisas, por
falta de financiamiento voluntario debido a los problemas judiciales) y suba en
las exportaciones (pero la soja y otras commodities bajaron su precio internacional).
Por otra parte, el Gobierno nacional planea seguir
expandiendo su gasto. No hay evidencia que indique que esos recursos para
afrontar la expansión provengan de una fuente genuina. El resultado será más
emisión monetaria.
La irresponsabilidad fiscal la pagan todos los argentinos
con su trabajo, que cada día vale menos. Mientras, las empresas públicas,
exhibirán un déficit de 57 mil millones de pesos, Aerolíneas Argentinas pierde
millones todos los días e YPF no puede satisfacer las necesidades domésticas de
energía. Además, durante 2015, se sumarán más de 13 mil empleados permanentes
al Estado, la mayoría de La Cámpora. Será una de las mayores colonizaciones de
la historia de la administración pública argentina.
Para pagar el déficit que originará la estructura
elefantiásica del Estado, recurren al préstamo más aberrante y deleznable: el
impuesto inflacionario, que carcome la capacidad de sustento de los ciudadanos.
Como no hay manera de financiar semejante descontrol, imagino que postergarán
otro año más la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las
Ganancias y las alícuotas de Bienes Personales, para que más y más trabajadores
se sumen a los perjudicados por esta injusticia que no tiene sentido.
Tampoco figura en el presupuesto del Poder Ejecutivo el 82 %
móvil que corresponde a los jubilados. El Gobierno nacional, por otro lado,
continúa tomando el 15 % de la coparticipación federal asignada a las
provincias para saldar sus desmanejos.
El dibujo presupuestario del oficialismo estima una
disminución del déficit fiscal de 125 mil millones a 50 mil millones para 2015.
Eso es virtual y técnicamente imposible, aunque se disminuya el gasto en áreas
críticas como Seguridad, Educación y Cultura, Transporte, Control de la Gestión
Pública e Información Estadística.
¿Qué oportunidad de crecimiento tiene un país que oculta la
magnitud real de sus problemas? ¿A quién le sirve la euforia de un patriotismo
lírico que inventa enemigos, complots, divisiones, fisuras en la sociedad y
además, pisotea la institución política de una herramienta como la del
Presupuesto?
Necesitamos honestidad para tomar mejores decisiones.
Mentir mientras se
publican los datos que dejan en evidencia la mentira
Es posible dibujar las estadísticas oficiales. No lo es
hacerlo sin dejar rastros.
Según Indec, en 2010 los precios subieron sólo 10,9 %
mientras los salarios en blanco subían 29,3 %, y en 2011 los precios subieron
sólo 9,5 % mientras los salarios en blanco subían 35,8 %. Estas estadísticas
oficiales son visiblemente inconsistentes entre sí. No hay aumentos razonables
de productividad que permitan pagar aumentos salariales reales de la magnitud
implícita en esos números.Según el Banco Central, utilizando datos oficiales de
inflación, el tipo de cambio real, es decir, corregido por inflación, es hoy
56,6 % mayor que en abril de 2002, luego de la devaluación más grande de las
últimas dos décadas. Otro resultado absurdo.
Si el tipo de cambio real fuera hoy tan alto, los
exportadores estarían aplaudiendo las políticas oficiales, la industria estaría
creciendo, las importaciones serían bajísimas, lloverían dólares comerciales,
las reservas del Banco Central estarían creciendo aceleradamente y el Gobierno
no habría tenido que recurrir a las restricciones a la compra de dólares. Hasta
el año pasado, utilizar datos oficiales de inflación estaba generando
estadísticas de pobreza e indigencia tan exageradamente bajas, que el Gobierno
decidió discontinuar su publicación, con el argumento inaceptable de que el
Indec padece “severas carencias metodológicas” que le impiden empalmar series
de precios.
Cuando las estadísticas económicas son incoherentes entre sí
de un modo tan grosero, es obvio que tales incoherencias no pueden ser
consecuencia de errores, o de simples cuestiones metodológicas. Es obvio que
son consecuencia de dibujos estadísticos. De otro modo, sería incomprensible
que las autoridades del Indec, que según el propio Ministerio de Economía, en
comunicado oficial, degradaron la institución hasta el extremo de padecer
“severas carencias metodológicas”, sigan conduciéndolo hoy. Como si tales
mentiras evidentes no fueran suficientes, el Secretario de Comercio, Augusto
Costa, ha ido aún más lejos. Llegó al absurdo de realizar declaraciones
desmentidas por sus propios datos.
Dijo que “vemos una tendencia a la desaceleración, o sea que
los precios suben pero a tasas menores, y esperamos que este mes siga así”.
Según los números oficiales referidos por Costa, mientras la
inflación en septiembre fue del 1,4 %, en agosto había sido del 1,3 %. Es
evidente que no hubo desaceleración de precios en septiembre.
El Secretario de Comercio es desmentido por sus propias
estadísticas. Podría estar refiriéndose a alguna tendencia de los últimos
meses. Los datos oficiales igual lo desmentirían: la inflación oficial había
sido del 1,4 % en julio, 1,3% en junio y 1,4% en mayo. Los números oficiales
muestran que el ritmo de aumento de precios se ha mantenido prácticamente
constante durante los últimos 5 meses. No existe la desaceleración que plantea.
Si los números oficiales de inflación no cuadran con el
resto de las estadísticas oficiales, se discontinúan las estadísticas de
pobreza, y los datos de actividad económica no muestran la evidente recesión,
resulta difícil entonces creer en las estadísticas oficiales.
Si además el Gobierno manifiesta, en comunicado del
Ministerio de Economía, que la institución responsable de las estadísticas
oficiales padece “severas carencias metodológicas”, más difícil aún creer en
ellas. Y si encima el Secretario de Comercio dice que los precios están
desacelerándose, mientras anuncia, sin sonrojarse, datos que lo desmienten, la
supuesta batalla por recuperar la credibilidad de las estadísticas oficiales
está, directamente, perdida. Porque ya ni siquiera el absurdo es un límite a la
mentira estadística.
El Secretario de Comercio se permite mentir mientras publica
los datos que dejan en evidencia la mentira.
Enfoques
anti-inflacionarios con pocas chances de funcionar
La premisa fundamental a tener en cuenta para bajar la
inflación es que el camino de regreso de la alta inflación es diferente del
camino de ida: una emisión excesiva de dinero genera inflación, pero una menor
emisión de dinero no necesariamente la reduce.
Esta asimetría es consecuencia de que, una vez que la
inflación es elevada, comienzan a operar factores que le dan cierta vida
propia. Son procesos circulares por los cuales salarios aumentan porque
subieron los precios y precios suben porque aumentaron los salarios. Este
fenómeno, denominado inercia inflacionaria, no desaparece con sólo bajar la
emisión de dinero.
Esta premisa implica que para bajar una inflación elevada es
necesario ocuparse simultáneamente, y de manera equilibrada, de dos conjuntos
de factores: los que generaron inflación en primera instancia (habitualmente el
déficit fiscal y la emisión de dinero) y los que generan inercia inflacionaria
(los procesos de ajustes de precios y salarios). Los planes económicos que se
concentran sólo en reducir el déficit fiscal y/o la emisión de dinero pero
descuidan el proceso de ajustes de precios y salarios son recesivos y suelen
terminar fracasando. Ocurrió este año, y le ocurrió también a Martínez de Hoz
en el ’77 y ’78.
Los planes económicos que se concentran sólo en moderar los
procesos de ajustes de precios y salarios pero descuidan el déficit fiscal y la
emisión de dinero suelen tener efectos a muy corto plazo pero terminan con
fuertes golpes inflacionarios. Ocurrió con el Pacto Social de Ber Gelbard en el
’73 y ’74, que terminó en el Rodrigazo del ’75. A partir de aquella premisa, y
de estas (y otras) experiencias históricas, sería conveniente que el próximo
Gobierno:
a.- Proponga una
secuencia de objetivos inflacionarios descendentes para los 4 años de
gestión. Por ejemplo, si hereda una inflación del 40 % anual, podría plantear
inflación del 35 %, 25 %, 15 % y 5 % anual.
b.- Negocie
inmediatamente con empresarios y sindicatos una pauta salarial para 2016
consistente con ese primer objetivo inflacionario, teniendo en cuenta que en
febrero de ese año, apenas dos meses después de haber asumido, comenzarán las
primeras paritarias.
c.- Reduzca, sin
eliminar, el déficit fiscal y la emisión de dinero. Es necesario reducirlos
para no generar presiones inflacionarias (como le ocurrió a Ber Gelbard) pero
no eliminarlos, para no generar recesión (como le ocurrió a Martínez de Hoz).
d.- Continúe en los
años siguientes con acuerdos salariales y reducciones de déficit fiscal y
emisión monetaria acordes con los objetivos inflacionarios, cada vez
menores, aprovechando que una vez logrado el objetivo del primer año, debería
resultar más fácil lograrlo en los años siguientes, por efecto de una mayor
credibilidad.
e.- Una vez alcanzada
una inflación en torno al 5 % anual, fortalezca la independencia del Banco
Central y establezca un esquema de metas de inflación, para garantizar que
nunca más volvamos a tener desastres inflacionarios.
Los equipos económicos de los principales candidatos parecen
estar pensando en otra cosa. El planteo de Carlos Melconián, asesor de Mauricio
Macri, es que la inflación se reduce bajando drásticamente el déficit fiscal y
la emisión de dinero. Ni una palabra sobre las paritarias. Se trata del enfoque
ortodoxo que genera recesión y tiende a fracasar.
El planteo de Martín Redrado y el resto del equipo económico
de Sergio Massa es que la inflación se reduce generando confianza y atrayendo
inversiones. No ataca ninguno de los dos factores mencionados para bajar la
inflación. Mayores inversiones sirven para que la economía crezca, pero no para
bajar la inflación. Si continúa el déficit fiscal y la emisión monetaria, y los
procesos de ajustes de precios y salarios continúan por encima del 30 % anual,
y encima mayores inversiones implican mayor demanda de bienes, ¿de qué modo un
mayor nivel de inversiones podría bajar la inflación? Un antecedente
interesante es el de Arturo Frondizi. Asumió en el ’58 con un programa
desarrollista, basado en la atracción de inversiones para sectores de
hidrocarburos, industria pesada e infraestructura, pero descuidando la
inflación. 1959 fue el primer año en la historia argentina en que la inflación
superó el 100 % anual.
Sobre Daniel Scioli se sabe menos, porque sus referentes
económicos, Mario Blejer y Miguel Bein, todavía no han explicitado cómo
intentarán bajar la inflación. Todavía queda más de un año para el cambio de
gobierno.
Queda tiempo para que los equipos económicos dejen de lado
enfoques anti-inflacionarios con pocas chances de funcionar.
¿Estamos de vuelta en
el mismo casillero y sin respuestas?
Es una preocupación que recorre el país, a la vista de que,
transcurridos casi 11 meses desde el último tórrido diciembre, el Gobierno
nacional desperdició la devaluación. Nunca concretó lo que había planeado
hacer: controlar el gasto público–el verdadero motor de la inflación–en
principio por la vía de una reducción de subsidios.
Por ende, volvió al punto de partida, con el agravante de
contar ahora con menos balas que hace un año. Se estima que el Banco Central
tendrá que transferirle al Tesoro entre 55 mil millones y 120 mil millones de
pesos en el último trimestre por diversas vías.
A negar la evidencia.
El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, no la tiene fácil: debe evitar
que toda esa montaña de pesos se corra hacia las múltiples variantes del dólar,
pero sin subir aún más la tasa de interés, como exige el ministro de Economía,
Axel Kicillof. Vanoli está condenado a encontrar la cuadratura del círculo. La
mera prolongación del semiferiado cambiario impuesto desde el recambio de
autoridades del Banco Central ya lleva dos semanas y tiene, se supone, un
límite en el tiempo. Tal vez por eso el Gobierno ha vuelto a cultivar–cada vez
es más obvio–la negación de la evidencia: el secretario de Comercio, Augusto
Costa, demostró que es un buen sucesor de Guillermo Moreno. “Nosotros vemos una
desaceleración de los precios”, dijo.
Cada cual ve lo que puede. La inflación es, justamente, la
válvula de escape obvia de esta política económica.
Para los agentes económicos, sobre todo los comercios
minoristas, es una película de suspenso que los tiene con los nervios al
límite.
Traigan los cadáveres.
El panorama es más complicado. Cuanto menos capaz es el Gobierno de presentar
una política económica que al menos pueda ser explicada, más necesidad tiene de
encontrar culpables y enemigos. Eso es justamente lo que viene haciendo
Cristina Fernández, quien ha exhumado los cadáveres de sus conflictos: con el
campo, con el Grupo Clarín, con el sector empresarial temeroso (aunque muchos
son beneficiarios) de un mayor intervencionismo, y con la Corte Suprema, en la
persona del juez Carlos Fayt.
Siempre es mejor reponer una película vieja en la
cartelera–aunque ya sea aburrida–que dejar expuesto un inmenso vacío. A esta
altura, es como un test: si grita mucho, es que tiene poco para decir.
La mano de Dios.
De todo toman nota los sectores empresariales. La Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa (Acde), propuso recomendar “estrategias de largo plazo
para una sociedad basada en el crecimiento sostenido y el trabajo digno,
integrada al mundo, justa y solidaria”.
La inspiración de estas recomendaciones fueron los saqueos
de diciembre del año pasado, el clima de degradación que observan y la
necesidad de encarar políticas consensuadas que apunten no sólo al desarrollo
económico, sino a una sociedad con menores niveles de corrupción pública y privada.
En el fondo, dos caras de la misma moneda. En este sentido, no es mucho lo que
puede hacer una provincia. Y, lo que sí puede hacer, no se ve en el corto
plazo. Salta, obviamente, no controla las herramientas de política
macroeconómica. Seguir compensando con
impuestos la inflación generada por un Estado nacional que huye hacia adelante
imprimiendo billetes no parece tener un gran futuro.
Lo que sí puede hacer Salta: mejorar su competitividad
institucional. Entre muchos ejemplos, la necesidad de garantizar una Justicia
independiente y eficiente y la de bajar costos buscando una sociedad en la que
tanto el sector público como el privado sean más transparentes. Nada de lo que
se planteó es para los próximos tres meses. La inquietud empresaria había nacido
en diciembre del año pasado.
Todo indica que estamos de vuelta en el mismo casillero. Y
que nadie tiene respuestas ante el vértigo.
(*) Economista
© Agensur.info
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