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| Por Ignacio Fidanza |
Este viernes el Gobierno se asomaba al horror de tener que
dar por fracasada la licitación del 4G, que había anunciado con bombos y
platillos como la oportunidad de recaudar u$s 2.000 millones que las
telefónicas debían aportar, según disponen los pliegos.
Como anticipó en su momento LPO, esta exigencia fue
olímpicamente ignorada por las telefónicas que muy conscientes de la
desesperación de la Casa Rosada por hacerse de divisas, dejaron trascender que
sólo iban a entregar pesos, tensando la cuerda al extremo.
Esta licitación fue presentada por el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, en su último informe en el Senado, como una de las balas de
plata del Gobierno para llegar a fin de año con un stock de reservas razonable.
El chaqueño no hizo otra cosa que repetir la promesa de Axel Kicillof y el
camporista secretario de Comunicaciones, Norberto Berner a Cristina, cuando la
convencieron de la conveniencia de rematar este recurso estratégico, haciendo
caso omiso a propios dictámenes sobre el riesgo de monopolio que representan
Telefónica y Telecom, ambas propiedad de Telefónica de España.
Desesperación oficial que fue hábilmente aprovechada por “El
Gallego” José Luis Rodríguez Zarco, el hombre fuerte de Telefónica argentina,
quien subió la apuesta y sugirió que los dólares podían aparecer si les
entregaban uno de los últimos botines: La posibilidad de ser proveedores de
servicios audiovisuales.
Fuentes del mercado afirmaron a LPO que la ley anunciada hoy
por Kicillof y Berner en realidad fue prácticamente escrita por este ejecutivo
español, que venía protagonizando un público viraje al kirchnerismo con
habituales incursiones radiales en el programa de Víctor Hugo Morales y otros
espacios kirchneristas.
La movida no era menor. En los hechos significaba la
claudicación del Gobierno ante uno de los sectores más concentrados del país,
la muerte de la Ley de Medios y la desaparición fáctica del Afsca que vio en
segundos desaparecer de su órbita regulatoria el corazón del negocio mediático
de la Argentina.
Pero dólares son dólares. “Lo que hizo el Gobierno es
sencillo, convirtió a las telefónicas también en cableras”, resumió la fuente a
este medio.
Otro manotazo
Pero la voracidad del Gobierno no se detuvo en los
prometidos dólares del 4G. El inquieto Berner, aprovechó el tumulto para
quedarse con los 3.000 millones de pesos del Fondo para el Servicio Universal
que descansaban en una cuenta del Itaú, como reveló este medio.
Este fondo creado años atrás pertenece en rigor a todos los
usuarios que lo pagaron en sus facturas y se suponía iba a ser destinado a
extender la red de telefonía a los lugares económicamente no rentables donde
hoy no llega.
Como su uso debía ser decidido y fiscalizado por una
comisión que además del Gobierno integraban universidades, las telefónicas y
otros actores, se trataba de una opción poco tentadora para una administración
acostumbrada a discutir consigo misma el uso de los recursos públicos.
Por eso, en la ley anunciada hoy se establece que el mismo
ahora pasará a formar parte de un fideicomiso cuyo “patrimonio será del Estado
Nacional”, según establece el artículo 21 de la nueva norma. Es decir, se
consumó así una nueva transferencia de fondos públicos con asignación
específica a la sabia discrecionalidad del kirchnerismo.
Voraces, pidieron además a las telefónicas que, ahora sí,
les entreguen otra suma sideral: Unos 11 mil millones de pesos que
corresponderían al retroactivo de este fondo, materia de viejas discusiones.
Caos creativo
La nueva estructura que plantea la ley, si bien acompaña las
tendencias modernas de confluencia de tecnologías, lo hace de manera
desordenada y dejando a la intemperie enormes interrogantes. Por ejemplo:
¿Quién regula ahora el sector que fusiona telefónicas y cableras? ¿El Afsca
supuestamente autorizada sólo a ingerir en medios audiovisuales? ¿O la
Secretaría de Comunicaciones pasó a tener por generación espontánea competencia
sobre medios? ¿O acaso será la CNC?
Tanta desprolijidad no es nueva en el Gobierno y acaso
anticipa un rumor que hoy circulaba en el mercado: Cristina se aproxima a la
creación de un Ministerio de las Telecomunicaciones que fusione todas estas
dependencias y absorba otros planes fragmentados por el Estado, como el
Conectar Igualdad que maneja la Anses de Diego Bossio o el Argentina Conectada
que todavía administra el superviviente devidista Luis Vitullo, con la
encomiable tarea de extender por toda la república una red de fibra óptica del
Estado. Para todas y todos.
Como era previsible, para conducir esta nueva mega
estructura –si es que se termina concretando- suenan candidatos de La Cámpora,
organización que ha logrado acumular a los más brillantes cerebros en materia
de administración del Estado. Al menos para Cristina.
La lógica
La necesidad de dólares fue el disparador de la decisión.
Pero la lógica que envuelve el proceso, no es otra que la pelea con el grupo
Clarín. Lo que lastima a Clarín es bueno para el Gobierno, por ende es bueno
para el país.
No importa que esta medida acentúe un duopolio de hecho, que
hoy concentra más del 70 por ciento del mercado. Con una concesión por 99 años,
las telefónicas ahora ven abrirse la oportunidad de brindar servicios
audiovisuales, exigiendo además la ley a las cableoperadoras que les permitan
usar sus redes. “Es una expropiación encubierta y sin indemnización”, se
indignaban esta noche las cableras.
Es tan explícita la opción de Cristina por las telefónicas
que lejos de regular para nivelar el mercado, lo hizo para acentuar los
beneficios del sector más poderoso, al menos en términos de espalda financiera.
Y lo hizo desconociendo un reciente fallo de la Corte Suprema que dejó en claro
que las telefónicas no pueden brindar servicios de video. Lo que anticipa el futuro
inmediato: Un nuevo capítulo judicial de una pelea que ya casi le consumió sus
dos mandatos.
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