El proyecto del
oficialismo busca favorecer a Telefónica.
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| De Vido y Kicilloff presentaron el proyecto de Telecomunicaciones. |
Nacionales - El
gobierno anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto para
regular la televisión por cable, internet, y telefonía fija y móvil, a los que
busca declararlos "de interés público”.
Sin embargo, el texto le deja
abierta la puerta a Telefónica para comprar empresas de comunicación, algo que
está prohibido en la Ley de Medios.
Es que el proyecto llamado "Argentina Digital"
deroga parcialmente el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, uno de los emblemas del kirchnerismo desde su presentación en el
2009. En el inciso d), la Ley de Medios le prohíbe a cualquier "prestadora
por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o
municipal" ser dueña de licencias para TV o radio.
En rigor, este apartado estaba dirigido a las compañías de
telefonía, que buscan meterse en el negocio del cable. El texto original de la
Ley de Medios no incluía esta distinción, pero cuando fue tratada en el
Congreso fue incorporada a pedido de sectores de la centroizquierda.
Pero lo cierto es que el nuevo proyecto blanquea que el
objetivo de fondo del gobierno es perjudicar a Clarín, en el marco de la pelea
a muerte que mantiene con el multimedios. El texto enviado al poder Legislativo
menciona en su artículo 9 que "quedan exceptuados de la aplicación de lo
previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios
públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley".
Es decir, la nueva ley es un traje hecho a medida para que
Telefónica pueda empezar a comprar medios, algo que hasta ahora tenía vetado
por la reglamentación anterior. El proyecto les abre la posibilidad a las
compañías telefónicas no sólo de ser licenciatarias de emisoras de radio o TV
que usan espectro radioléctrico, sino que puedan brindar televisión a través de
sus redes y sumar esa prestación a la telefonía fija, móvil y al servicio de
datos por Internet (Triple Play).
Los únicos requisitos-para nada estrictos- para que una
empresa de telefonía obtenga una licencia para entrar al negocio de las
"telecomunicaciones" es que sean unidades de negocio separadas, con
contabilidades separadas, y que no incurran en prácticas
“anticompetitivas”(ventas atadas o servicios cruzados).
El director del Afsca por la oposición, Gerardo Milman, lo
dejó bien en claro en declaraciones a la agencia DyN. "El artículo 9 (del proyecto) habilita que Telefónica sea
propietaria de Telefé, porque deroga el inciso d) del artículo 25 de la Ley de
Medios que establecía que las empresas de servicios públicos no pueden ser
titulares de empresas que regula la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual", explicó.
El directivo de la AFSCA criticó al organismo porque
"hizo un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la
Ley de Medios esperando modificar la normativa y eso es lo que ocurre
ahora".
"El artículo 9 modifica la Ley de Medios. Cambia las
condiciones por las cuáles las empresas de prestación de telefonía van a poder
dar servicios de comunicación audiovisual, cuestión que les estaba vedada por
la Ley y por la Ley de privatización de la ex-Entel", indicó.
Para Milman, "el proceso de adecuación de Telefónica,
hoy dueña de Telefé, estaba cajoneado en el AFSCA a la espera de esta
modificación legislativa" que, insistió, "se contrapone" a la
ley de Medios.
En ese sentido, la titular de la Fundación LED, Silvana Giudici,
advirtió que "se les cayó la careta. No tienen vergüenza. Mintieron
durante 5 años. Todo era para beneficiar a las telefónicas", señaló.
"Qué van a decir ahora de los monopolios... La Ley de Medios era una burda
excusa para beneficiar a los más grandes. Fueron cinco años de años de pura
mentira. Hicieron todo para beneficiar a las telefónicas y empresarios
amigos", planteó.
Y recordó que "hoy se cumple un año del fallo de la
Corte por la Ley de Medios y en vez de aplicar la Ley, la derogan".
En la iniciativa presentada este miércoles por los ministros
Axel Kicillof, Julio De Vido, Jorge Capitanich y el secretario de
Comunicaciones Sergio Berner también se habilita a las empresas de medios a
brindar servicio telefónico, aunque este último caso difícilmente se concrete
ya que hoy en día ninguna de esas compañías cumple con ese requisito.
Cómo es la
reglamentación
Este proyecto es un primer paso para la “convergencia” entre
los servicios de cable, internet, y telefonía fija y móvil, que hasta ahora
eran regulados por separado. El texto plantea englobarlos como Tecnologías de
la Información de Telecomunicaciones (TIC) y planea la posibilidad de dar todos
esos servicios juntos mediante un solo cable de red.
El texto dispone que el poder Ejecutivo nombrará una
“Autoridad de Aplicación”, que se reservará el poder pada dar o quitar las
licencias e implementar las numerosas regulaciones que regirán sobre estos
servicios, como la fijación de los precios y tarifas de las licenciatarias de
los servicios y determinadas obligaciones a empresas con "poder
significativo de mercado".
El proyecto apunta a la "neutralidad" de la red,
para que no haya discriminación de precios por contenidos y obliga a las
operadoras a vender "banda ancha" a un precio que determinará el
Gobierno.
Otro punto relevante de la iniciativa es que crea un “Fondo
Fiduciario del Servicio Universal” que será controlado por el gobierno, y a
donde las compañías del sector deberán aportar el 1% de sus ingresos totales.
Por los artículos 47 y 48, la autoridad de aplicación podrá
establecer "control de precios y tarifas, tales como su fijación, su
orientación en función de los costos o la determinación de otro tipo de
mecanismo de compensación".
Asimismo, podrá reglamentar el régimen de sanciones,
decomisar recursos, cancelar autorizaciones, requerir migración de sistemas y
cambiar numeración, señalización o portabilidad numérica, sin derecho a
indemnización por parte de las licenciatarias.
Por último, el proyecto elimina la diferencia entre corta y
larga distancia, se establece una velocidad mínima obligatoria, y dispone “la
obligación y el derecho a interconectarse” entre las empresas del rubro, para
que todas puedan acceder a la red.
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