La autoamnistía kirchnerista

Por Nicolás Lucca

(Relato del presente)

En el año 2000, en Perú estalló el escándalo “Vladivideo”. Vladimiro Montesinos, el monje negro de Alberto Fujimori, había manejado a discreción dinero del Estado para comprar votos del Congreso, desviar investigaciones y mantener la línea editorial de los principales canales privados a favor del Gobierno. Lo que en Argentina llamamos una jornada laboral normal. Resultó ser que algunos espías del servicio de inteligencia de aquel país se pusieron en jodones, lo filmaron y lo dieron a conocer.

El escándalo fue mayúsculo, pero a mí, como argentino, me importó menos que la cotización del Franco congoleño. Al menos hasta que fui testigo involuntario de un hecho. Por aquellos años, me encontraba trabajando en un Juzgado Federal de la provincia y, por una de esas putas casualidades de la vida, estábamos de turno cuando apareció Ernesto Schütz Landázuri, presidente de Panamericana Televisión, quizá el más importante de los canales peruanos. Tenía pedido de captura internacional por cobrar guita para hablar bien de Fujimori. Otro Juzgado Federal de la provincia -creo que el de San Isidro- había agarrado a Crousillat López, dueño de América Televisión, la contra de Panamericana, y por el mismo delito.

Durante tres o cuatro años, al viejo Schütz lo veía al menos una vez al mes paseando por el Juzgado, dando fe de que no se había fugado. Hasta que se fugó. El quilombo fue tan grande que hasta el Gobierno peruano instruyó a su cancillería para que demandara al Juez. Poco tiempo después, mi historia en aquel juzgado estaba acabada y desconozco en qué terminó el asunto con el magistrado.

Cada tanto recuerdo la anécdota porque me sorprendió que en otro país hicieran tanto quilombo por algo que acá es el pan de cada día: comprar voluntades de medios, de diputados, de senadores, de periodistas, es casi una obligación por mandato constitucional. Y aunque los escrachen infraganti, siempre se puede culpar a una operación de los medios hegemónicos, de la oposición, de los fondos buitre o de los marcianos.

Sin embargo, en Perú se hartaron y la conmoción llevó a que, catorce años después, el que no está preso, está refugiado en Suiza con un pedido de extradición en camino. Pero por sobre todas las cosas, recuerdo el caso porque me causaba gracia -o bronca, no recuerdo bien- que Argentina fuera la primera opción para zafar del quilombo. O sea, los presidentes de ambos canales, adversarios comerciales históricos, decidieron refugiarse en Argentina por una sencilla cuestión: los controles son un chiste -Crousillat López entró caminando- y si algo falla, comprar voluntades es muy barato y accesible. Son tantos los que aceptan el chanchullo que resulta fácil. Oferta y demanda, capitalismo puro.

Cuando Cristina anunció el envío al Congreso del proyecto para un nuevo Código Procesal Penal, centró sus explicaciones en una serie de boludeces inexistentes, algunas problemáticas reales y otras que son culpa de su Gobierno, que rebota como pelotita de goma entre el progresismo falopa y el conservadurismo más garca.

Primero. Que el proceso penal sea “escrito y lento” y la Presi lo quiera convertir en uno “oral y veloz” es un tanto confuso. Los juicios eran escritos antes de la reforma de los noventa, cuando se impuso el juicio oral y público. Por otro lado, hay cosas que no pueden dejar de ser escritas por cuestiones de garantía: de cada acto escrito hay copias, si se pierde un expediente -cosa que al Gobierno le pasa seguido- se puede reconstruir, y no creo que haya otra forma práctica de adjuntar pruebas periciales, testimonios y resoluciones.

Segundo. Sí, es cierto, el sistema acusatorio que quiere aplicar es mucho más rápido que el inquisitorio ya existente. Pero eso no quiere decir que, por definición, sea el correcto cuando la institución “acusadora” es un ministerio más del Ejecutivo.

Tercero. El temita de los extranjeros es algo que al Gobierno le jode recién ahora, que no tiene ninguna elección por ganar.

La deportación siempre estuvo vigente. Nunca la aplicaron porque prefirieron el verso progre de la Patria Grande no disciminatoria. Y al igual que con el cambio veleta de pasar de la “no represión de la protesta social” a la utilización de balas de goma y gendarmes voladores, el giro discursivo frente al inmigrante funciona del mismo modo: chivo expiatorio. Para tapar que al Modelo de Redistribución de Gases Lacrimógenos ya le dieron la extrema unción, pusieron sobre la mesa el debate de la libre circulación por lo que queda de las rutas de la Patria. Para solapar que la inseguridad siempre les chupó un huevo, nos ponen a discutir sobre la inmigración obviando un dato fundamental: de los 58 mil presos que tiene el país, 3.500 son extranjeros. Menos del 6%. Seis de cada cien. Dos brazos de cada diez personas. Y la inmensa mayoría de ellos, están sopres por causas narco. Deportarlos es pagarles el pasaje de vuelta a la casa matriz.

Tan poquito importó la cuestión de los extranjeros y la aplicación de la ley migratoria, que hasta tuvimos en casa a Walter Wendelin, un etarra que recibió mamá Hebe y que fue expulsado hasta de Venezuela por Hugo Chávez. El buenazo de Wendelin pertenece a una agrupación terrorista de reconocimiento internacional y participó en todos los quilombos subversivos latinoamericanos de los ’80, motivos que la ley de migraciones pone como impedimento para ser recibido en el país. No sólo ingresó, sino que dio cátedra en la Universidad Popular Estatizada de las Madres de Plaza de Mayo. Lo mismo pasó con Josu Lariz Iriondo, que tenía pedido de captura en España y también fue recibido por la casa de Altos Adoctrinamientos que pagamos todos.

La ley migratoria también pone como impedimento de permanencia en el país el “intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto”. El Gobierno que ahora quiere deportar delincuentes, no le pareció piola cumplir con este punto de la ley. Es más, ingresar o salir del país caminando o sacar un documento de residente es más fácil que procesar a Boudou.

La expulsión de inmigrantes no naturalizados por cometer delitos existe, no es un invento del siglo XXI. La ley de migraciones establece que al ser condenado por un delito, una vez cumplida la pena, se los puede rajar del país. Algunos podrán decir que es mejor mandarlos afuera ni bien son condenados, o antes, para no tener que mantener la estadía en el penal, pero se olvidan de las víctimas, sus familiares y el derecho a resarcimiento, que se lo van a reclamar a Cadorna.

Por otro lado, una vez que los pusimos arriba de un avión de Aerolíneas pagado con nuestra guita y lo expulsamos del país ¿Quién va a controlar que no ingrese de vuelta, ilegalmente y caminando, exactamente como ingresó la primera vez? ¿La Gendarmería que usamos para reprimir en la Panamericana?

Y no quisiera profundizar en otro tema tabú: la usurpación es el delito de ocupar por la fuerza un inmueble ajeno, sea una vivienda o un terreno. La Presi un día dijo que entregarán títulos a los que viven en villas erigidas sobre terrenos fiscales. O sea, usurpados. Y una semana después, dice que a los que delinquen y son extranjeros, hay que deportarlos. Puede ser que la exitosa abogada justo faltó a clases de Derecho Penal, parte especial, cuando vieron delitos contra la propiedad, pero alguno de los cráneos que la rodean le podrían haber avisado antes de quedar en orsai por Cadena Nacional.

Sin embargo, tras todo este chamuyo de qué corresponde hacer, de si el código sirve, no sirve, o hay que expulsar a los bolivianos, peruanos, chilenos, uruguayo, brasileños, veganos y todo aquel que no comulgue con nuestro estilo de vida tan respetuoso de la moral y las buenas costumbres, se encuentra la verdadera intención de Cristina, que no es quedar para el futuro como la Justiniana del siglo XXI, sino zafar y hacer zafar a todos, de todo.

Es la autoamnistía de la democracia. Para que no suene a que la impone, ofrece cosas que quieren los demás, con discurso, gratís, sin poner un peso, para conformar a todos los sectores, los racistas, los progres, los garantistas y los consumidores de soluciones suizas para los problemas argentinos. A cambio, consigue lo que quiere.

Son capaces de bajar todos los estandartes –los dos o tres que les quedan– con tal de hacerlo. Quisieron domesticar a los jueces a través de la reforma del Consejo de la Magistratura. A una ciudadanía que en su mayoría no sabe la diferencia de las funciones entre un senador, un diputado, un gobernador, un intendente y un ministro, le dijeron que los jueces son casi dictadores porque no se someten al escrutinio de las urnas. Lo sacaron por ley. La Corte lo derogó.

Domesticar a la Justicia Federal es fácil. Un par de carpetas de la SIDE o unos billetines y la mayoría agarra viaje. Pero la tradición local dicta que, cuando al gobierno lo están saludando en la puerta de salida, la Justicia se despierta y labura más que chino recién llegado.

Ante tamaña tragedia justiciera, al Gobierno se le prendió la lamparita: si tenemos a la Jefa de los Fiscales puesta a dedo por la Presidenta con el acuerdo de la escribanía senatorial, es más fácil controlar las causas si les damos el manejo discrecional a los fiscales.

Alejandra Gils Carbó y la agrupación kirchnerista que la acompaña demostró que le ponen garra y voluntad a la hora de hacer mierda cualquier resorte de garantía para todo aquel que no tenga las caras de Néstor y Cristina tatuadas en las nalgas.

Por otro lado, si sacamos al personal jerárquico, cada Fiscalía Federal cuenta, con toda la furia y viento a favor, con tres empleados. No hace falta ser Nostradamus o Solari Parravicini para adivinar de dónde sacarán el faltante de recursos humanos, cuando los pibes para la liberación ya están siendo incorporados en las fiscalías existentes.

El resto, es sencillo: si Oyarbide pudo archivar las denuncias de enriquecimiento ilícito de la multimillonaria empleada pública sin demasiados problemas, si Casanello se tomó un ciclo lunar para allanar La Rosadita tras una confesión de parte y tampoco tuvo mayores inconvenientes, y ambos dependen de un Poder Judicial al que no controla la Presidenta, imagínense lo que podría haber pasado si la única autoridad que puede cuestionar al que tiene que investigar, es Alejandra Gils Carbó, o el Procurador que designe el Presidente de turno con acuerdo de su Senado de turno.

Y no es así en todo el mundo. Acá al lado, en Chile, para elegir al Fiscal General de la Nación, la Corte Suprema llama a concurso, y a los que aprueban los someten a una audiencia pública, de donde surgen cinco candidatos que son propuestos al Presidente del Ejecutivo, quien elige a uno para luego intentar que el Senado se lo apruebe. En España, al jefe de los fiscales lo pone el rey, pero recién después de que haya surgido del Consejo General del Poder Judicial -algo así como el Consejo de la Magistratura- y siempre y cuando lo aprueben los diputados.

Acá se arregla con lo que desee el Presidente y basta con el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. A ese Ministerio Público Fiscal, que entre sus funciones ya tiene las de investigar los actos de corrupción del Gobierno y nunca encuentra nada, le quieren dar el manejo del proceso penal en las causas federales. Mejor, imposible.

Obviamente, para evitar que la ley se le vuelva en contra y que el que venga utilice el mismo poder creado por Cristina para hacerla ciudadana ilustre de Comodoro Py, la reforma tiene que salir este año, así tienen todo el 2015 para reventar lo que queda, sin jueces molestos y a un precio más que módico: gratis.

Mientras tanto, tendremos que tolerar los discursos, las charlas debate, la opinión de Pablo Echarri, los consejos del motochorro de La Boca, el llanto de Cutzarida, uno o dos somníferos de Carta Abierta y los defensores compulsivos de cualquier cosa que tire el Gobierno, así implique morfarse un banquete de sapos. Como el que deben estar degustando ahora en Página/12, donde hace tan sólo siete meses hicieron una “investigación” para saber si Michetti y Santilli estarían de acuerdo con deportar a los inmigrantes que cometen delitos.

Viernes. Un tal Ortega le dijo a Gasset que “cuando alguien nos pregunta qué somos en política o nos adscribe a una, debemos preguntar qué piensa él que es la sociedad y el individuo, la colectividad, el Estado y el derecho. Porque la política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten pardos.”

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