La inflación y los
problemas del mercado laboral afectan a los que menos tienen.
La inflación ha dejado a los ingresos totalmente retrasados. |
Economía - En las
últimas semanas surgió una discusión en torno a la evolución del ingreso real
en la Argentina. En buena medida el debate estuvo enmarcado por las cifras de
ingresos e inflación proporcionadas por INDEC en lo que va del año. Según el
IPCNu, los precios acumularon a agosto un alza del orden del 18%, por debajo
del aumento salarial de dicho lapso de tiempo (+26%) y de otros ingresos de las
familias como la AUH y las jubilaciones.
Pese a las mejoras iniciales del IPCNu a la hora de reflejar
la inflación, la mayoría de los agentes siguen desconfiando en las cifras
oficiales. De hecho, los recientes pedidos sindicales por un plus de fin de año
dan cuenta de una evolución del salario real más cercana a la reflejada por las
estadísticas provinciales o cifras privadas de inflación. Queda claro que, en
la carrera contra los precios, los salarios e ingresos han perdido terreno.
Lo que resulta más interesante discutir es cuales fueron los
sectores que más sufrieron la aceleración de la inflación y los crecientes
problemas del mercado laboral. Está claro que cuando un proceso inflacionario
se acelera (especialmente tras una devaluación) los agentes tratan de ajustar
al alza su ingreso nominal pero no todos tienen el poder de negociación
suficiente para compensar la escalada de precios. Además, en la medida que se
producen cambios en los precios relativos, la inflación difiere según la
canasta de consumo de los distintos sectores sociales.
A partir del IPC
Ecolatina y las canastas de consumo de cada estrato social (por caso, la
proporción del gasto en alimentos y bebidas decrece en los hogares de mayores
ingresos), podemos inferir la inflación sufrida por cada segmento de la
población. Si cruzamos esta información con la evolución del ingreso per cápita
familiar que refleja la Encuesta Permanente de Hogares suministrada por el
INDEC, podremos darnos una idea de donde impactó más el proceso inflacionario y
que pasó con los ingresos nominales de cada segmento.
Los resultados son claros: el deterioro del mercado laboral
y la imposibilidad de recomponer el ingreso nominal afectó en mayor medida a
los sectores de menores ingresos en el primer semestre del año. Además, los
hogares de escasos recursos enfrentaron en dicho período una inflación más
elevada producto de la fuerte suba de alimentos y bebidas que pesa más en su
canasta de consumo.
En la carrera contra
los precios, no todos los ingresos corren al mismo ritmo
De los múltiples episodios de tensiones cambiarias que
atravesó el país se desprenden importantes enseñanzas: la primera nos marca que
siempre que el tipo de cambio oficial mostró un salto abrupto la inflación se
aceleró, minando el poder de compra de los ingresos nominales de los
trabajadores. En este sentido, la devaluación de enero no fue la excepción.
Si bien no hay dudas respecto a la caída en el ingreso real
de los hogares, poco se ha dicho acerca de quiénes fueron los más perjudicados.
Buscando dilucidar esta cuestión, tomaremos la evolución del ingreso familiar
suministrada por INDEC y separaremos a los hogares en tres grupos sociales,
agrupando el 40% más pobre de las familias en la clase baja, el 20% más rico en
la clase alta y los restante deciles (del 5 al 8) en la clase media.
Por otro lado, tomaremos el IPC Ecolatina por deciles (el
cual considera las distintas canastas de consumo) y lo agruparemos de la misma
manera. Al cruzar la información de la evolución de los ingresos nominales y de
la inflación de cada segmento de la sociedad, podemos darnos una idea de la
magnitud de la caída en el poder de compra de las familias según su ingreso.
(Para aumentar, click en el gráfico) |
Algunas consideraciones al respecto. En primer lugar es
importante resaltar que tomamos el ingreso per cápita familiar, y no el
individual. Si tomáramos ingresos de la ocupación principal, la caída del poder
de compra se reduciría, pero estaríamos dejando de lado a la población que no
forma parte de la oferta laboral (amas de casa, jubilados y niños) o está
desempleada.
El hecho de que el ingreso individual muestre disminuciones
menores a las del ingreso familiar per cápita se debe principalmente a que, al
problema de la disminución del poder adquisitivo del salario, se le suma la
destrucción de puestos/horas de trabajo de algún miembro del hogar. Los datos
correspondientes al mercado laboral del segundo trimestre marcan una
destrucción de empleos cercana a 300 mil, concentrados en su mayoría en el
sector no registrado (con el que conviven especialmente los sectores más
vulnerables), lo que se traduce en menores fuentes de ingresos a repartir entre
el grupo familiar.
En lo que respecta a la inflación sufrida por cada decil, el
diferencial existente entre los aumentos de precios de los distintos hogares
responde a las diferentes estructuras de consumo. Es lógico que un proceso
inflacionario traccionado por el precio de los alimentos afecte en mayor medida
a las familias que mayor proporción de su ingreso dedican al consumo de
alimentos (clase baja). De la misma manera, es natural que luego de una
devaluación sean los servicios no transables privados los que menores aumentos
muestren, los cuales, a su vez, son consumidos en mayor proporción por sectores
de clase alta.
El principal factor explicativo de los ingresos son los
salarios y, si bien es cierto que existen diferencias metodológicas entre la
estimación de unos y otros por parte del INDEC, lo cierto es que su variación
explica en buena medida la variación de los ingresos.
El primer semestre se observó una clara contracción del
salario registrado: el sector privado formal mostró una caída del salario real
de 5,6% i.a., y en el sector público la merma se acotó a 3,5%. Se desprende de
aquí que si los trabajadores amparados por negociaciones paritarias (con mayor
poder de negociación en un contexto recesivo) no pudieron sostener su salario
real, por ende, lo más probable es que el poder adquisitivo de los salarios no
registrados haya caída en mayor medida (más allá de las cifras del salario
informal reportadas por el INDEC).
Pero, cuando hablamos de ingresos, no sólo tenemos en cuenta
el salario sino también transferencias directas del sector público a los hogares.
Entre ellas se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las
jubilaciones.
Los perceptores de la AUH no cuentan con un sistema de
actualización automático y dependen de los aumentos discrecionales que el
Gobierno decida. En un año caracterizado por la profundización de
desequilibrios fiscales, el Ejecutivo decidió dejar caer el valor real de la
AUH, y el resultado fue una disminución del poder de compra de la percepción de
5,6% i.a. en el primer semestre del año.
El caso de los jubilados es el más preocupante. Si bien el
sector sí cuenta con un mecanismo formal de actualización, la movilidad
previsional no logra cubrirlos plenamente frente a la aceleración de la
inflación. Deflactando su ingreso nuevamente por un índice de precios acorde a su
estructura de consumo encontraremos que en los primeros seis meses del año su
haber mostró una disminución de 7% i.a. en términos reales.
La única solución es
un plan anti-inflacionario explícito y más inversión
La primera lección que nos deja la historia de las
devaluaciones en Argentina es algo que podemos constatar en la actualidad: tras
un salto del tipo de cambio, los ingresos reales caen (impacto contractivo). Y,
más importante aún, los hogares de menores recursos son los que más sufren
(shock regresivo).
Pero esta no es la única lección de nuestra historia
económica: cuando no hay un plan anti-inflacionario integral, la primera
devaluación no es la última. Por ende, se vuelve imperativo ordenar las
variables macroeconómicas de forma tal que se generen incentivos consecuentes
con la estabilidad nominal. No atender esta necesidad es aceptar inequidades
sociales crecientes.
En suma, en este momento, no hay mejor política
redistributiva que disminuir la inflación a valores que permitan el sano
funcionamiento económico y social, y fomentar la inversión para dinamizar
nuevamente la actividad y el mercado laboral.
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