El cepo cambiario ni frenó la inflación/devaluación ni la sangría de reservas

Por J. Valeriano Colque (*)

El 28 de octubre de 2011, sin dar mayores explicaciones, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que, a partir de ese momento, quien quisiera comprar dólares–en rigor, cualquier divisa extranjera–debería primero tramitar un permiso ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La entidad evaluaría si el comprador tenía una “capacidad contributiva” acorde a la operación que demandaba, de acuerdo a una fórmula que nunca nadie conoció y de cuya inexistencia siempre se sospechó.

La sospecha estaba fundada en que, a veces, de dos personas que parecían compartir ciertas características, una obtenía el permiso y la otra no. O más raro: alguien que lograba la aprobación un día, al siguiente, cuando iba a la casa de cambio a hacerse de los dólares, de golpe perdía la autorización.

La razón de la medida era obvia. El Banco Central había empezado a perder reservas a medida que financiaba cada vez con más emisión de pesos los gastos internos de un Estado crecientemente deficitario y, a la vez, le seguía cediendo dólares para que pagara sus deudas externas. Una plaza con cada vez más pesos y, por eso, con expectativas crecientes de devaluación, buscaba refugiarse cada vez más en dólares cuyo valor el Gobierno quería mantener congelado, como un ancla para la inflación.

La reacción fue inmediata. En los primeros días, la brecha con el dólar blue–que había aparecido en septiembre con compradores en negro dispuestos a pagar algo más con tal de no quedar registrados–saltó al 9 %. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, la economía comenzó a congelar en los colchones o fuera del país cada vez más dólares.

Fue el sino del cepo cambiario: en el intento de resguardar reservas, el Gobierno no dejó de perderlas. El 31 de octubre de 2011 las reservas sumaban 47.523 millones de dólares. Hoy están apenas por arriba de 27 mil millones.

En lugar de corregir la lógica por la cual el Banco Central perdía reservas, el Gobierno fue apretando cada vez más el cepo, con diversas medidas y que dieron lugar a un “multidesdoblamiento” del mercado cambiario, con al menos cuatro tipos principales de dólares (sin contar el “celeste” que en ¬algún momento se usó en la construcción, el “contado con liqui” usado para comprar dólares transando títulos pú¬blicos y otras variantes menos populares).

Pero el resultado no sólo fue la pérdida de reservas, sino la constante pérdida de valor de la moneda nacional en términos de dólares, pese a que el Gobierno intentaba por tramos de tiempo congelar el precio del dólar.

De punta a punta, en términos del dólar oficial, el peso perdió el 50 % de su valor. Con 4,23 pesos, el 28 de octubre de 2011 se compraba un dólar. Hoy, se compran apenas 49 centavos.

Pero esa era una ventaja para quienes podían comprar dólares oficiales. Que fueron siendo cada vez menos.

Quienes acuden al “blue” para protegerse de la inflación–que antes del cepo con 4,23 pesos podían comprar un dólar–hoy compran apenas 28,8 centavos de la divisa con esos mismos pesos. Sus pesos perdieron el 71,2 % de su valor en tres años en términos de dólar.

Quienes compran servicios o bienes del exterior o en el exterior usando tarjetas de crédito ayer sólo pudieron comprar 36,8 centavos de dólar con 4,23 pesos.

Y quienes insistieron en comprar dólares para ahorrar (la última variante que apareció, tras la devaluación de enero), hoy pueden comprar sólo 41,4 centavos de dólar con 4,23 pesos, mientras hace tres años compraban un dólar entero.

Como sucedió tantas veces con otras normas, el cepo llegó como una medida de corto plazo, pero luego se quedó a vivir. Muchos economistas advirtieron ese riesgo: levantarlo tiene cada vez más costos políticos. Lo demuestra la historia argentina.

Sobre todo, no sirvió para los fines que se invocaban. Ni frenó la inflación/devaluación del peso, ni frenó la sangría de reservas ni alentó (al contrario, lo desalentó por completo) el ingreso de los dólares que necesita la economía para mantener los flujos comerciales mínimos con el exterior.

El retiro de Minera Vale, un símbolo de la huida de capitales

Predicción. Como lo predijeron muchos economistas, el cepo se volvería en contra de su fin de proteger las reservas. Es que, si morigeró la salida de dólares, hundió el ingreso de dólares. Sólo en 2013 la inversión extranjera directa en Argentina cayó 25 %, según la Cepal. Es el peor registro en América latina.

Manganeso. El mayor símbolo de este comportamiento fue la decisión oficial, en marzo de 2013, de la minera brasileña Vale de dar marcha atrás con la mayor inversión minera proyectada: una planta de manganeso en Mendoza. Lo hizo pese a que ya había invertido 2.000 millones de dólares. Pero no estaba dispuesta a traer los 6.000 millones que le faltaban para cambiárselos al Banco Central por pesos que ya no representaban ese valor. De nada valieron las gestiones con el “gobierno amigo” de Dilma Rousseff.

Para siempre

Ejemplos de ¬leyes y políticas de “emergencia” o “circunstanciales” que van ¬quedando para siempre.

Superpoderes. Son facultades delegadas del Congreso para que el Ejecutivo haga lo que quiera con el Presupuesto. Se aprobaron como emergencia en 2001. Se ¬renovaron todos los años. En 2006 fueron delegadas en forma permanente.

Impuesto al cheque. Sancionado en marzo 2001 ante la emergencia económica de entonces. Iba a durar sólo hasta diciembre de 2002. Después siempre se prorrogó.

Retenciones. Eliminadas en 1991 (después de haber acompañado el estancamiento del agro argentino por 40 años) fueron repuestas en 2002. Fueron aumentadas sucesivamente, acompañando la suba del precio de los granos hasta 2008, cuando el Gobierno propuso una movilidad que en ese momento implicaba subir la retención a la soja al 50 %. El campo rechazó el mecanismo. Las retenciones siguen en esos niveles pese al declive de precios.

Ley Santa Cruz. Es un impuesto nacional establecido en 1989 para financiar la electricidad a Santa Cruz. Ahí va el 0,06 % de todo lo que pagan de luz los argentinos. Cristina Fernández prometió hace dos años quitarlo porque Santa Cruz ya ¬está interconectado. Se sigue ¬pagando en la factura de la luz.

Menor efectividad de la política económica

El presupuesto elaborado por el Gobierno nacional para 2014, presentado hace poco más de 12 meses, preveía para este año un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 6,2 %. En realidad, el PIB podría estar cayendo entre 2,2 y 2,5 % este año, marcando una brecha abismal de 8,5 puntos porcentuales respecto de aquella proyección. En parte, esa diferencia puede ser atribuida al sesgo optimista que ese tipo de guarismos contiene. Pero, en esencia, lo que 2014 está mostrando es que, en ausencia de financiamiento genuino, a mayor déficit fiscal se corresponde menor efectividad de la política económica.

Aún con una importante suba nominal de la recaudación de impuestos, este año, el rojo estatal podría alcanzar el 5 % del PIB (sin computar recursos extraordinarios), con un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto de 2013. Al no haber contención del gasto público, atravesamos un ajuste infructuoso. En el frente externo las exportaciones industriales caen 12,2 % interanual en el acumulado de enero a septiembre–pese a que el salario en dólares se ha recortado casi un 15 %–y en el frente interno, una recesión cada vez más prolongada se corresponde con más (y no menos) inflación.

En este escenario de divergencia entre medidas y logros, llama la atención la cantidad de energías oficiales aplicada a obstaculizar la operatoria del “contado con liqui”, que permite legalmente vender contra dólares en el exterior activos (bonos y acciones) adquiridos con pesos en el mercado local de capitales. Esa operatoria no afecta directamente el nivel de reservas del Banco Central ya que se realiza entre privados, pero sí puede influir en el futuro si el resultado es un ensanchamiento de la diferencia entre el llamado blue y el tipo de cambio oficial.

La preocupación por evitar la ampliación de la brecha cambiaria se expresa en estos días en una combinación de “zanahoria” y “garrote”: por un lado, se ofrece un bono por 1.000 millones de dólares pagadero en pesos y ajustable por el tipo de cambio oficial y, por otro, se intensifican los operativos en la city porteña. De todos modos, dada la proliferación de operadores financieros que el país ha sabido cultivar, parece muy difícil evitar que las tendencias de los mercados se filtren por mil hendijas.

Los controles buscan apuntalar la cotización del dólar en el mercado oficial, como forma de aquietar la inflación hasta las fiestas de fin de año y minimizar riesgos en el flanco social. En realidad, se trata de un uso contraindicado del instrumento cambiario, en una coyuntura en la que las monedas del resto de los países de la región se están acomodando a un escenario de dólar más fuerte en el mundo y de menores precios para las commodities. El atraso cambiario es un mal sustituto de las políticas fiscales y monetarias que se necesitan para combatir la inflación.

A propósito, una prueba contundente de la pérdida de efectividad de la política económica está dada por el debilitamiento de la correlación entre la base monetaria y la evolución de la inflación. Este año, el Banco Central ha hecho un significativo esfuerzo por retirar liquidez del mercado y esto ha acotado la expansión de la base monetaria a un 18 % interanual. Pero la inflación más que duplica ese guarismo, cuando en años anteriores había mostrado mucho mayor conexión.

La explicación viene dada por el hecho de que ha aumentado la velocidad de circulación del dinero. La gente demanda menos pesos en términos reales (se desprende más rápido de los que llegan a su bolsillo) y este fenómeno ha llevado la inflación a un andarivel superior.

Así como el ajuste del salario medido en dólares no provocó ninguna reacción en la marcha de las exportaciones industriales, la absorción de liquidez por parte del Banco Central tampoco produjo un efecto perceptible en la dinámica de la inflación. La falta de eficacia de la política tiene que ver con las inconsistencias que se acumulan, percibidas por los agentes económicos y alimentadas por la persistente ampliación del déficit fiscal.

Crédito y actividad. Otra ventana en la que habrá que cotejar la relación entre instrumentos y logros es la que vincula la evolución del crédito al sector privado con el nivel de actividad.

Luego de haber experimentado una fuerte contracción en términos reales, a partir de septiembre comenzó a observarse un repunte en la evolución mensual de los préstamos, particularmente al consumo. Si esta nueva dinámica pudiera sostenerse, habrá que ver su verdadero impacto: con el actual nivel de restricciones a las importaciones, un empuje a la demanda por el lado del crédito podría tener más efectos sobre los precios que sobre el nivel de actividad. Por otro lado, tampoco puede asegurarse que las tasas de interés de los plazos fijo perdurarán en un nivel significativamente inferior al de la inflación.

Suele argumentarse que el paso del tiempo será un bálsamo para los desequilibrios, al aproximarse la fecha del cambio de Gobierno. Algo de esto puede suceder pero no debe subestimarse el efecto que habrá de tener sobre las tasas de interés la expectativa de una eventual unificación de los tipos de cambio (el oficial y el blue ) hacia fin de 2015 o principios de 2016.

Al insistirse en el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, se acumulan más presiones sobre el mercado; y esto no será gratuito. Más adelante, podemos encontrarnos con una demanda de tasa de interés cada vez mayor para la renovación de las colocaciones en pesos, una dinámica que en algún momento de 2015 puede dañar el canal del crédito como instrumento de reactivación.

Hay, además, otra serie de hechos que habrán de desafiar la gestión y que, posiblemente, no estén del todo contemplados en la agenda oficial:

Brasil habrá de encarar una nueva política económica a partir de ahora. Para salir del estancamiento de los últimos años, Dilma buscará más competitividad y una atracción mayor de inversiones, por lo que será inevitable el replanteo del Mercosur.

La caída del precio internacional del petróleo es un tremendo desafío para los proyectos no convencionales como el de Vaca Muerta. En Estados Unidos, que es más competitivo que la Argentina, hay pozos en los que la rentabilidad se pierde con una cotización de 70 a 75 dólares el barril (ahora está algo por encima de 80 dólares). Por eso, el Gobierno reaccionó reconociendo retenciones descendentes para el petróleo, una medida que puede ser justificada para el sector, pero que es muy irritante para los chacareros.

A partir del 1° de noviembre, hay riesgo de nuevos eventos legales en Nueva York (la aceleración de los Bonos Par) originados en el incumplimiento de las cláusulas de emisión de los títulos reestructurados.

Adaptando el viejo refrán, se ve que el Gobierno propone, pero muchas veces son las circunstancias las que disponen.

Reglas de juego que limiten los excesos en las políticas económicas

El Gobierno Nacional hace referencia, recurrentemente, a su “modelo económico” desde 2003, como si las políticas económicas hubieran sido homogéneas desde entonces.

Tal homogeneidad no es fácil de visualizar al analizar los resultados de las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (desde 2007).

Tanto en las cuestiones cambiarias como fiscales, centrales para evaluar la política económica, los resultados fueron muy diferentes en ambos periodos.

La gestión de Néstor Kirchner mantuvo el tipo de cambio alto. A precios actuales, el tipo de cambio real contra Brasil fue equivalente, en promedio durante todo su mandato, a lo que hoy serían $ 11,90 por dólar.

La gestión de Cristina Fernández logró mantener alto el tipo de cambio durante su primer mandato (a precios actuales, promedió $ 12,20 por dólar) pero no lo logró durante el segundo (a precios de hoy, promedió $ 9 por dólar).

La gestión de Néstor Kirchner mantuvo superávit fiscal, siempre por encima del 1 % del PBI durante todo su mandato.

La gestión de Cristina Fernández mantuvo el superávit fiscal sólo durante su primer año de mandato; luego mantuvo déficits que, en los últimos 2 años, superaron el 2 % del PBI.

Similares resultados se observan en la mayoría de las variables económicas, como la inflación (mayor desde 2007) y el crecimiento (menor desde 2007).

Esto ha llevado a que se culpe sólo a Cristina Fernández por los problemas económicos actuales. Probablemente sea injusto, por incompleto, ya que la mayoría de estos problemas tienen su origen en la gestión de Néstor Kirchner.

La inflación, que está en el núcleo del problema de tipo de cambio bajo, se inició en 2005.

La intervención del Indec, que probablemente contribuyó a la propensión del Gobierno a mantener políticas inflacionarias, comenzó en 2007.

La utilización de reservas del Banco Central para pagar vencimientos de deuda pública, que redujo drásticamente su poder de fuego, fue inaugurada por Néstor Kirchner en diciembre de 2005, con la decisión de pagar con reservas al FMI.

El déficit energético, que hoy impacta en las cuentas externas y en las cuentas fiscales, es consecuencia de las políticas energéticas de los últimos 10 años.

El aumento de la presión impositiva, y el aumento aún mayor del gasto público, fueron una constante durante estos 10 años.

Que estos problemas tengan su origen en la gestión de Néstor Kirchner debería servir para matizar las afirmaciones que exculpan a Néstor Kirchner de los problemas actuales.

Pero no permite afirmar que todo esto igual habría ocurrido con Néstor Kirchner, ya que no sabemos si, al continuar con políticas originadas en su gestión y comenzar a obtener resultados distintos, la decisión habría sido insistir y llegar a donde finalmente llegamos, o modificar políticas para evitar las complicaciones actuales. Nunca lo sabremos.

Sí es posible reflexionar sobre un aspecto común a ambos gobiernos, que explica la gran cantidad de problemas económicos acumulados, a tal punto que la actual recesión ya es más extensa que la recesión de 2008/09, a pesar de que hoy el mundo no está en crisis, como sí lo estuvo en aquella oportunidad.

Es que ambos contaron con la máxima discrecionalidad para manejar la política económica sin limitaciones institucionales.

Por ejemplo, ambos contaron con facultades delegadas por el Congreso para manejar por decreto tanto la política fiscal como la deuda pública. Y ambos contaron con un Banco Central a su disposición, para tomar reservas y emitir dinero casi sin límites. Con esas reglas de juego, los problemas actuales no son casualidad.

Por eso necesitamos, para dejar de reproducir crisis económicas evitables, reglas de juego que limiten los excesos en las políticas económicas.

(*) Economista

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