Nos llaman población,
pueblo, gente o salteños pero, en realidad, ¿qué somos?
Por Gregorio A. Caro Figueroa |
Del mismo modo que no se puede construir un edificio sólido
comenzando por el techo, tampoco parece posible regenerar y modernizar la
democracia en el país y en Salta relegando al ciudadano, condenado a permanecer
como un mero objeto de la arquitectura política del clientelismo y un convidado de piedra en los acuerdos de
cúpulas políticas que hablan en nombre del ciudadano mientras persisten en
marginarlo.
Desde hace años, en la Argentina, el ciudadano ha sido
relegado y hasta parece haber desaparecido de la escena pública. En Salta, esto
está sucediendo de forma notoria y acentuada. Durante la dictadura, la palabra
ciudadano fue reemplazada por “población”. Perdida su condición de sujeto de
derechos, el ciudadano pasó a ser mero objeto, recurso material entre otros
necesarios para la defensa militar.
El término población se utiliza, al menos, de dos maneras:
en el lenguaje común y en el estadístico. Reducido a “población”, a simple
número de un colectivo impersonal residente en un territorio, el ciudadano
quedó despojado de su condición de titular derecho y de deberes: pasó a ser un
dato estadístico de la demografía o del planeamiento militar. El formar parte
de una población no otorga automáticamente derechos ciudadanos. Hay numerosas
poblaciones con súbditos, extranjeros, desplazados, refugiados, colonos,
indocumentados, invasores u ocupantes ilegales.
Las monarquías tenían súbditos; las iglesias, fieles; las
cofradías, cofrades; las sociedades, socios; los clubes, afiliados. Las
naciones tienen pueblos o comunidades; los territorios, habitantes; los
municipios o barrios, vecinos. Los Estados, las repúblicas democráticas, tienen
ciudadanos. Quienes encabezan las entidades son monarcas, jerarcas, obispos,
presidentes, alcaldes, líderes, coordinadores, voceros. Los roles y las
relaciones entre el colectivo, sus cabezas y sus miembros, son diferentes en
cada caso. Se dan “de hecho”, o “de derecho”: en este caso, son
institucionales.
Junto a su eclipse, el concepto ciudadanía fue vaciado de
contenido. En los primeros años de democracia, la palabra y el ejercicio de la
ciudadanía recuperaron su vigencia; y el ciudadano, sus derechos. A comienzos
del siglo XXI, el término “ciudadano” estuvo expuesto al desgaste y al
desencanto. Más tarde, sometida a altibajos, la palabra “pueblo” recuperó
vigencia.
En Salta, los términos “población”, “ciudadano” y “pueblo”
fueron sustituidos por: “La gente” y “los salteños”, palabras de las que
políticos y medios hacen uso y abuso, con creciente insistencia. “Gente”, de acuerdo
a la primera acepción, designa una mera pluralidad de personas. Decir “La
gente” es otra manera de diluir en una marea impersonal a los ciudadanos
quienes, reducidos a un conglomerado colectivo, se desdibujan, pierden sus
rasgos distintivos, y ven amenazados sus derechos individuales.
En la segunda acepción, “gente” es “con respecto a quien
manda, conjunto de quienes dependen de él”. Así, decir “La gente” es, también,
un modo de diferenciarse de una masa
percibida como gris y amorfa, colocándose por encima de ella. Es verse como
dueño de ese conjunto, con el que ese propietario se vincula en una relación de
poder y dependencia. El señor feudal hablaba de “mi gente” o “mi mesnada”:
aquellos con quienes contaba para la conquista o la venganza.
Cuando el ciudadano es nombrado como “gente”, es rebajado a
la condición de parte de la clientela electoral o de un séquito político, en el
que el sometimiento trae consigo más obligaciones hacia al “superior”, que los
beneficios o protección que ese “superior” otorga a su pasiva y obediente
clientela. En Salta se fue más lejos todavía cuando, en estos días, se calificó
a un ex gobernador como “padre de los salteños”, con lo cual se hizo retroceder
al ciudadano a súbdito sumiso.
“¿Quién es ‘La gente’?”, pregunta un especialista. Para
responder abre interrogantes: “¿A quiénes se refieren los políticos cuando
reclaman atención de ‘La gente’? ¿A quiénes se incluye cuando se dice La gente?
¿A quiénes se excluye?”. Es posible que ese abuso que se hace en Salta de “La
gente” sea más inconsciente que intencional. Cuando se habla de “La gente”, se
la identifica con una mayoría electoral. Los que no pertenecen a ese
conglomerado, son miembros de minorías que, por serlo, son ignorados o
rechazados por neutrales o “enemigos”.
Aunque ese uso no fuera consciente, al decir “La gente”, se
margina y borra al “ciudadano”, y se lo convierte en un nombre con número de
DNI, engrosado al padrón electoral. De él solo se espera fidelidad a la hora de
votar. La gente es “un objeto históricamente considerado menor”.
Designar a los ciudadanos como “La gente” degradar su
condición de ciudadanos, reduciendo los derechos que tiene como sujeto de la
república. Dice Touraine que la “ciudadanía ya no puede identificarse con la
conciencia nacional”. La ciudadanía no es la nacionalidad, o no es solo la
nacionalidad como vínculo jurídico. “La nacionalidad crea una solidaridad de
los deberes, la ciudadanía da derechos”. Es necesario armonizar ciudadanía
democrática y participación ciudadana
con realización de la autonomía individual y la identidad nacional, señala
Walzer.
Otro tanto ocurre cuando se transforma a los ciudadanos en
“los salteños”. ¿Qué es ser salteño? ¿Haber nacido aquí? ¿El “orgullo” de
serlo? ¿Sentir pertenencia a la tradición local? Que sepamos, no hay
“ciudadanía salteña”. Nuestra ciudadanía es argentina, no de ninguna provincia
en particular. Cuando en una generalización, torpe y antipática, se dice
“nosotros los salteños”, se excluye a
miles de ciudadanos que residen en Salta pero no nacieron aquí. Se está
ignorando que en una democracia la pertenencia se define “por unos derechos y
unas garantías”, antes que por vínculos afectivos. Decir “los salteños” suena a
patriotismo excluyente, demagógico y localista.
La ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de
ser miembro de una comunidad política. Si la ciudadanía remite a un proceso
histórico, siempre se hablará de una construcción de ciudadanía y también de
una reconstrucción constante de esa ciudadanía. En la tradición occidental, el
ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la
comunidad política.
Recuerda Robert Dahl que la democracia no es únicamente un
procedimiento de gobierno. Es también un sistema de derechos. Pero para serlo,
en una democracia esos derechos que le son inherentes deben estar efectivamente
a disposición de sus ciudadanos. “Los derechos deben hacerse verdaderamente
efectivos y estar efectivamente a disposición de los ciudadanos en la
práctica”. “Los adornos de ‘democracia’ son una mera fachada para un gobierno
no democrático”.
Reivindicar la ciudadanía, y reivindicarnos ciudadanos, es
mucho más que recuperar el sentido y el valor de la ciudadanía y de los
ciudadanos. El deterioro de la democracia, de sus instituciones y el retroceso
de las iniciativas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, se hacen
visibles en la caída en desuso de la palabra “ciudadano”, y su reemplazo por
“La gente” o “los salteños”.
En Salta, donde más de 65.000 personas y sus familias de
forma directa, y muchos miles de forma indirecta, dependen del empleo público
provincial, el camino hacia la ciudadanía plena -aunque sembrado de obstáculos-
se construye al andar. Ser ciudadano no es un regalo llave en mano. Solo se
puede afirmar y ensanchar con su constante ejercicio.
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