Nacionales - En el
proyecto de Presupuesto 2015 el Gobierno prevé pagar el año próximo $10.500
millones por sentencias a favor de los jubilados de la ANSES. Y otros $1.456,5
millones para los fallos que benefician a retirados y pensionados de la
Policía, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se estima que estos fondos alcanzarían para cancelar unas
60.000 sentencias, de las cuales 50.000 corresponderían a beneficiarios de la
ANSES y los otros 10.000 a las FF.AA. y de Seguridad.
De acuerdo con lo presupuestado para 2015 -el año de las
elecciones presidenciales- el monto es un 65 % superior a lo que se fijó para
2014. En esa ocasión fue de $ 6.500 millones para los jubilados de la ANSeS
(con un aumento de 61,5%) y de $ 755,8 millones (un 92,8% más) para los
retirados y pensionados de las FF.AA. y de Seguridad, indicó Clarín.
Se estima, además, que en 2015 tendrá una incidencia plena
la moratoria previsional recientemente sancionada por el Gobierno, por la que
se estima que se podrán jubilar 500.000 trabajadores que tienen la edad
requerida pero les faltan años de aportes para acceder al beneficio.
Y como está previsto en la ley de movilidad, en marzo y
septiembre deberán aplicarse los aumentos que surjan de los índices de salarios
y recaudación. Los aumentos de este año (11,31% en marzo y 17,21%, lo que da un
acumulado del 30,4% anual) resultaron inferiores a la inflación real que se
proyecta al 40%. Ahora, el haber mínimo que cobra más de la mitad de los
jubilados es de $ 3.231 mensuales.
Según la Cámara de la Seguridad Social, en los primeros 8
meses de este año la ANSES interpuso 19.587 apelaciones contra las sentencias
que favorecieron a los jubilados conforme a la doctrina de la Corte Suprema,
agregó el matutino.
A su vez estaban pendiente de elevación a la Cámara 67.931
causas (depositadas en el edificio anexo de Lavalle 1441 a la espera de poder
ingresar a las Salas) y 21.006 expedientes también sorteados a la Cámara pero
sin giro de elevación por falta de espacio físico, en el edificio de Marcelo.
T. de Alvear 1840 (sede de los juzgados de primera instancia) Por su parte, el
proyecto de Presupuesto 2015 prevé que la ANSES le transfiera al Tesoro
Nacional los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que
se estima será de $ 48.048,5 millones, más de 4 veces lo que se destinará para
el pago de juicios.
Aunque el incremento de la partida para el pago de juicios
es importante, más aún por tratarse de un año electoral, el stock de juicios es
elevado aunque los jueces de la Seguridad Social están dictando más sentencias.
Según la ANSES, “existen 303.630 causas en trámite de
naturaleza previsional. De ese total, 265.307 son por reajuste de haberes y el
resto son juicios en los que se cuestiona el derecho al beneficio, el grado de
invalidez del titular y otras cuestiones”.
En tanto, “durante los primeros ocho meses de 2014, la ANSES
resolvió 28.139 sentencias, un 11,8% más con respecto al mismo período del año
anterior, mientras las nuevas demandas contra la ANSES llegaron a 25.981
casos”.
En promedio las sentencias que se pagan rondan los $
200.000, más el reajuste del haber de acuerdo a lo que fije la sentencia.
La mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes
luego de la crisis de 2001-2002. Y crecieron luego que la Corte Suprema dictara
varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o
Eliff o las demandas de los retirados de las FF.AA. y de Seguridad porque les
liquidaron las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos.
Ahora están ingresando menos demandas porque el reclamo por
Badaro abarca a los que se jubilaron antes de diciembre de 2006, mientras la
demanda por Eliff tiene menos impacto a partir de la aplicación de los índices
de movilidad en 2009.
Para cobrar lo que ya determinó la Justicia, cada jubilado
debe iniciar un juicio porque el Gobierno no extiende la doctrina de la Corte a
todos los jubilados que están en la misma situación. Este reclamo está hace
varios años en la Corte Suprema por una demanda colectiva presentada por la
Defensoría del Pueblo. También la Corte tiene una gran demora en resolver las
demandas de los jubilados de las Cajas provinciales transferidas a la ANSeS
porque no se les aplican los beneficios de las leyes por las que se jubilaron.
Y días atrás, el Alto Tribunal revocó las medidas cautelares dictadas por
jueces a favor de los jubilados.
Informe: Agencias
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