La jueza Servini de
Cubría puso la mira en el supuesto desvío de fondos
por contrataciones directas
del Gobierno y la AFA.
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| La Justicia investiga desvío de fondos en Fútbol para Todos. |
Judiciales – La jueza federal María Servini de Cubría
investigará el supuesto desvío de fondos para beneficiar a empresas
relacionadas con el programa “Fútbol para Todos”, en el que el Gobierno gastó
el año pasado más de 1.500 millones de pesos. En agosto, Servini de Cubría hizo
allanar la sed de la AFA para buscar documentación del contrato entre esa entidad y el Gobierno.
Esta causa podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción
del kirchnerismo.
La investigación por el desvío de fondos en el “Fútbol para
Todos” dio dos pasos claves para determinar las irregularidades del Gobierno
nacional y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el manejo de un programa
que el año pasado consumió más de 1.500 millones de pesos de las arcas
públicas.
En principio, la legisladora porteña Graciela Ocaña,
denunciante original de la causa, presentó una ampliación ante la jueza federal
María Servini de Cubría, con el objetivo de que se investigue a las empresas
favorecidas por las millonarias contrataciones directas del Gobierno y la AFA.
La denuncia original de la exministra de Salud -que sostiene
que el Gobierno desembolsó unos 6 mil millones de pesos desde la creación del
FPT- derivó el mes pasado en un ruidoso allanamiento en las oficinas de la AFA
en la calle Viamonte, donde Servini buscó documentación relacionada con el
contrato que une a la entidad y al Gobierno, el cual es un absoluto misterio.
Esta causa preocupa y mucho al Gobierno, y podría convertirse
en uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo. El fiscal
Eduardo Taiano ya imputó al actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus
antecesores Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Pero también mancha a
la plana mayor de La Cámpora ya que los fondos salen de la subsecretaría de
Comunicación Pública, que hasta hace poco manejaba Rodrigo “Rodra” Rodríguez y
ahora está a cargo de Hernán Reibel, que mientras tanto pasea en Nueva York.
Ahora, Ocaña quiere que se investigue a las empresas
beneficiadas por las contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete:
Farolito International Entertainment SA, La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson
Producciones, Recordvisión SA y Prensa Satelital SA. Estas firmas y otras son
contratadas para la “producción” de la televisación de los partidos, para los
cuales se destinaron unos 600 millones.
La sospecha es que las contrataciones directas no están
sustentadas en ningún criterio técnico, y el único objetivo es beneficiar a
“amigos”, en algunos casos empresas creadas sólo para prenderse en este
negocio.
La legisladora de Confianza Pública sostiene en la
presentación -que se adjunta aparte- que el Gobierno "habría incumplido o
dejado de lado los procedimientos de contratación establecidos para el Estado
Nacional, al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión
de los partidos, ya que habría contratado en forma directa, o mediante el
reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del 'legitimo abono', por
montos superiores a los doscientos millones de pesos".
"En los procesos licitatorios se habrían contratado
servicios para captar imágenes por un número inferior a las necesidades reales,
con el objetivo manifiesto de completarlas en forma irregular mediante
contrataciones directas, cuando el camino legal hubiese sido la ampliación de
la orden de compra original o proceder a un nuevo llamado a licitación
pública", describe el texto.
"Ejemplo de lo expuesto es que se habrían realizado
contrataciones directas 'por exclusividad', como en el caso del Farolito
International Entertaiment S.A, alegando que son los 'únicos' que pueden
realizar el servicio debido a su 'experiencia' y la inexistencia de sustitutos
convenientes", agrega el texto. "Lo extraño es que la mencionada
sociedad no tenía prácticamente antecedentes comerciales. Y su capital inicial
era el mínimo requerido por la ley", continúa, dejando entrever que fue
creada con el único fin de trabajar para Fútbol para Todos. Farolito es la
encargada de contratar a periodistas, relatores y directores de cámaras.
"En el año 2009, el sector privado le pagaba a la AFA
241 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de
primera y gastaba, por su parte, 26 millones en producción, lo que representa,
aproximadamente, un 10 % del costo del contrato. Ahora que se hizo cargo el
Estado Nacional, esos costos de producción han crecido exponencialmente",
completa el texto.
Otro capítulo específico de la denuncia es sobre Santa
Mónica S.A, una firma de largo vínculo con la AFA. Como agente comercial
exclusivo de la entidad, la empresa maneja los millonarios contratos con los
sponsors oficiales: Coca Cola, Adidas, Claro, Tarjeta Naranja, YPF, ICBC, VW y
Sancor Seguros. Según Ocaña, Santa Mónica “recibe ingresos por once millones
quinientos mil dólares y abona, a su vez, un canon anual a la AFA de cuatro
millones de dólares”, haciéndose de un negocio espectacular.
Además, la legisladora sembró sospechas sobre el vínculo de
la firma en la venta de los derechos de televisación, que antes pertenecían a
una empresa de Clarín. "Esta empresa recibió en 2011 la suma de $ 968.000
por parte del Estado Nacional, por la adquisición de los derechos de TV del
partido que el seleccionado jugó con Paraguay. No llegamos a comprender cómo es
que esta empresa, que era agente comercial exclusivo de la selección, termina
vendiendo los derechos de televisación que eran propiedad de Torneos y
Competencias", dice Ocaña.
Las sospechas no terminan ahí y aparece el nombre de Lázaro
Báez. Ocaña sostiene que "que uno de los presuntos socios de Santa Mónica,
sería el titular de la empresa ALDYNE". "Jorge Antonio Galitis habría
sido informado, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado
de dinero emitido por las autoridades de la Isla de Seychelles, como
beneficiario o 'beneficial owner' de esta firma que es considerada 'la empresa
madre de la ruta del dinero K'".
"Como es de público y notorio conocimiento, ALDYNE y
HUSTON MANAGEMENT, conjuntamente con otro grupo de empresas radicadas en el
extranjero, son investigadas en el marco de la denominada causa 'BAEZ' o la
'ruta del dinero K' por la presunta comisión del delito de lavado de activos de
origen ilícito", concluye.
Casi en consonancia con la ampliación de la denuncia, la
jueza Servini de Cubría le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), un
organismo controlado por La Cámpora, que entregue los legajos de las empresas
La Corte, VTS y Farolito Internacional. Además, la magistrada solicitó a Iveco
que aporte los contratos que tiene con el Gobierno y la AFA para auspiciar
Fútbol para Todos.
La Corte es una vieja beneficiaria de los contratos del
Gobierno. Propiedad de los hermanos Daniel y Pablo Monzoncillo, la empresa
siempre fue vinculada al ex secretario de Medios Miguel Núñez y tiene a su
cargo la trasmisión de todos los actos del Poder Ejecutivo. Desde 2009, además,
se quedó con la televisación de los partidos de la primera división, aún cuando
no tenía ningún antecedente en espectáculos deportivos.
El año pasado, Capitanich hizo un tímido intento para
auditar sus contratos, pero no pasó de idea. El jefe de gabinete también pensó
en correr a La Corte de la televisación del fútbol para dársela a Ideas del
Sur, de Marcelo Tinelli. Pero aún cuando todo parecía encaminado para que el
conductor se haga cargo de la producción -luego dinamitado por orden de La
Cámpora-, una de las condiciones que le impusieron a Coqui era que mantuviera
un espacio para La Corte. El contrato de la firma con el Estado es secreto pero
sería de nueve cifras.
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