La diputada Gladys
González y la Presidenta del Consejo de la Niñez Guadalupe Tagliaferri
utilizaron sus cargos para impedir la difusión de una película.
Por Nicolás Lucca (*)
El documental “Borrando a Papá” sigue censurado en
democracia. Lo más impactante es que los pedidos de censura provienen de
quienes deberían velar por los derechos de quienes viven en democracia.
Obviamente, ninguno de los indignados vio la película dado que, por lógica del
pedido de censura, no llegó a estrenarse.
Luego de que las organizaciones no gubernamentales Salud
Activa y Comunicar Igualdad pusieran el grito en el cielo por el contenido del
documental -que dedujeron en base a un trailer colgado por la productora San
Telmo en YouTube- el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales le retiró
a la película las salas en las que iba a ser estrenada el pasado 28 de agosto.
Ante el revuelo generado en base a la nota de Rouge en la
que se describen partes del documental al que se accedió en exclusiva por
gentileza de la productora, se conocieron nuevas maniobras destinadas a la
censura previa de una película que da testimonio de la realidad de un grupo de
hombres que no ven a sus hijos por diversos motivos y que, encima, son víctimas
de la discriminación del Estado por el sólo hecho de ser hombres.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se
había comprometido con la productora San Telmo a proyectar “Borrando a Papá” en
las instalaciones del mismo. La función estaba prevista para el martes 2 de
septiembre. El viernes, mismo día en que se publicó la nota en Perfil.com, se
decidió no proyectarla “por problemas técnicos”.
Las vicisitudes técnicas del Colegio parecen haber llegado
por correo electrónico. Puntualmente, dos interesadas que pidieron expresamente
“acciones para evitar su proyección”. Y he aquí lo más grave: se trata de una
diputada nacional por el PRO Gladys González y de la Presidenta del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Guadalupe Tagliaferri.
Amparada en la “promoción y protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes”, Tagliaferri hizo llegar su
“preocupación ante la proyección en el espacio del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal del documental Borrando a Papá”. Según la funcionaria,
dicho documental “establece los derechos de los adultos por sobre los derechos
de niñas, niños y adolescentes, desconociendo el interés superior de estos tal
como establece la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral y demás tratados de derechos humanos
a los que adhiere el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional”.
La funcionaria ahonda su teoría al afirmar que “la
proyección de Borrando a Papá por parte del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal implica un reconocimiento y legitimación del Síndrome de
Alienación Parental”. Increíblemente, Tagliaferri esquiva un dato elemental: la
película no se estrenó y no aclara cómo hizo para poder saber todo lo que
contiene el documental que pretende censurar, censura que, demás está decir,
está lejos, muy lejos de las funciones que le competen.
“Confiamos en la justicia cuando valiéndose de la voz del
niño, niña y adolescente junto a los informes de este organismo de protección
de derechos, elaborados por especialistas en la materia, toma la decisión de
impedir el contacto con alguno o ambos progenitores toda vez que esto garantice
la integralidad psicológica y física de los niños”, afirma Tagliaferri, otra
vez aludiendo a un documental que no se estrenó y obviando otros casos
gravísimos que “Borrando a Papá” denuncia, como los que fueron alejados de sus
hijos en base a denuncias cuestiones tan básicas como “hablar ruso”.
Pero Tagliaferri no lo vio así -de hecho, no lo vio- y pidió
al Colegio de Abogados que se tomen “las medidas que consideren pertinentes
para evitar la difusión de dicho documental”. Pedido de censura previa, abierto
y sin medias tintas.
La diputada Gladys González, se sumó al pedido de
Tagliaferri y, también por correo electrónico, se dirigió al Colegio de
Abogados presentándose como “Diputada Nacional por el PRO, vicepresidenta de la
Comisión de Niñez en la Cámara de Diputados”, que trabaja “con ONGs y
especialistas en niñez, y de la mano del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes
del GCABA” y “luchando contra el abuso sexual infantil y por supuesto los
derechos del niño”.
González manifiesta la preocupación que le genera que el
Colegio proyecte un documental que el Incaa dejó sin salas, y fundamenta su
preocupación en lo dicho por Tagliaferri.
La diputada del PRO no tuvo medias tintas para reconocer que
desde su banca en el Congreso también intermedió ante el Incaa, al afirmar que
con ellos han iniciado “las acciones para evitar su proyección”.
González afirma que “el documental en cuestión no solo tiene
un enfoque errado sobre qué derechos priman a la hora de hablar de impedimento
de contacto, sino q avala un síndrome de alienación parental q no existe, q no
ha sido reconocido por ninguna institución de la salud del mundo, sobre el cual
la cámara de diputados y el senado de la Nación han expresado su preocupación
porque es utilizado por padres abusadores como argumento en juicios de abuso
sexual infantil intrafamiliar, para acallar a los niños diciendo q las madres
les lavan el celebro y ellos mienten”. Los “q” de la cita obedecen a la
conjunción “que” y se mantuvieron textuales.
“Tenemos material muy fundado y venimos haciendo jornadas,
se han expresado además Colegios de Psicólogos y de Abogados del país en contra
del inexistente SAP, que podemos hacer llegar a la brevedad”, sostuvo González.
Más interesante sería que aportara la documentación de por qué no debe ser
estrenado un documental y por qué se habla del abuso sexual infantil, sino es
la temática de la película.
Sin embargo, González afirmó que “podría abundar en detalles
de los entretelones de este documental y sobre las causas judiciales q pesan
sobre algunos de los padres q están detrás”. Al respecto, González no precisó
cómo obtuvo acceso a los pormenores judiciales de las personas que obran en el
documental, más allá del detalle de que “Borrando a Papá” gira, precisamente,
en torno a las vivencias judiciales de sus protagonistas.
También de forma directa, al igual que Tagliaferri, González
no anduvo con vueltas y pidió la suspensión de la proyección, dado que hacerlo
“sería estar avalando prácticas aberrantes contra los niños”.
González no especificó cuáles son las normativas que
permiten que se censure una película antes de su estreno y, obviamente, no
puede hacerlo, dado que es algo que la Constitución Nacional prohibe
expresamente. Y como Diputada Nacional, González debería saberlo.
Durante 72 horas, se intentó entablar comunicación
telefónica tanto como la Diputada González, como con Tagliaferri, obteniendo
resultados esquivos a los fines de mantener una conversación sobre la temática
de la presente nota. Desde el despacho de González precisaron que la diputada
“no quiere hacer declaraciones por el momento”.
(*) Editor Perfil.com
| Twitter: @RelatoDPresente
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