Realidad que no se modifica

Por J. Valeriano Colque (*)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró otra radiografía preocupante respecto de la realidad laboral en la Argentina. 

Según el organismo oficial, un tercio de la fuerza de trabajo no está registrada y la calidad del empleo viene en descenso si se comparan los registros del primer trimestre de este año con igual período de 2013. 

Por cierto que este proceso se da en el marco de un deterioro general de la economía, con la consiguiente desaceleración en el ritmo de crecimiento; pero el empleo informal o “en negro” es una realidad que no se modifica desde hace años, pese a los intentos por revertirla.

Las perspectivas para el corto plazo no son para nada auspiciosas: de acuerdo con las cifras difundidas por el Indec, sobre una población económicamente activa de 18 millones de personas y una tasa de desocupación de 7,1 %, cerca de 4,4 millones de trabajadores tiene un empleo informal.

En abril de este año, el Senado de la Nación aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tendiente a incentivar el “blanqueo” de los trabajadores.  La iniciativa contempla, para quienes incorporan empleados formales, beneficios que van desde la exención de pagar contribuciones patronales hasta descuentos del 100 % por cada empleo nuevo registrado por una Pyme. Sin embargo, algunas voces opositoras salieron al cruce en función de que con este sistema–aducen–se premia a los eventuales empleadores que no cumplen con las reglas; y pusieron en foco una realidad objetiva, en el sentido de que es el propio Estado el mayor generador de trabajo informal.

La otra cara de esta moneda nos muestra que la tasa de desocupación en la Argentina es sustancialmente mayor a la que difunde el Indec (así lo referencian muchas consultoras privadas), lo que deriva en un sostenido aumento de la mano de obra barata y en negro. No es casual que la mayor incidencia de este tipo de empleos se dé en regiones castigadas por la pobreza. La muestra indica que la precarización laboral alcanza el 40 % en regiones del norte del país. El hecho de que uno de cada tres trabajadores en el país esté empleado de manera informal debe llamar a la reflexión a los gobernantes en todos sus niveles.

También es necesario implementar políticas creíbles y sustentables dirigidas a superar la crisis que golpea al sistema laboral o, en todo caso, hacer cumplir las normativas que se anuncian y se ponen en marcha sin los controles posteriores adecuados.

Insaciable voracidad fiscal

La suba generalizada de precios en los bienes y servicios por un tiempo prolongado genera enormes distorsiones a la hora de calcular las bases imponibles de distintos impuestos. Esto sucede particularmente con los que están relacionados con los ingresos, tanto de individuos como de empresas, y con los que están vinculados con el valor de los bienes, como son los casos de los impuestos sobre los inmuebles y bienes personales. Si bien en los últimos años se han producido correcciones con los mínimos no imponibles de los gravámenes mencionados, estas no acompañaron la inflación verdadera, por lo que se produjo un aumento de la presión tributaria real sobre millones de contribuyentes.

El Estado nacional ha sido el principal beneficiario de esta distorsión tributaria, que implica pagar más por aumentos nominales de los ingresos o actualizaciones en los valores de los bienes por efecto de la inflación.

En suma, se trató de una descapitalización tanto de personas físicas como jurídicas, ante un Estado que aparece como insaciable en su voracidad fiscal. Todo esto sin el correspondiente correlato en la prestación de servicios, pues la calidad de la educación, seguridad e infraestructura pública se deterioró en los últimos años.

El Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, incluidos en la cuarta categoría del tributo, se ha convertido en una mochila tributaria cada vez más difícil de sobrellevar en un contexto inflacionario. El  aumento en los últimos 12 meses, ha sido de casi el 40 %.

La enorme distorsión tributaria no sólo se relaciona con la falta de actualización del mínimo no imponible y de las deducciones permitidas, sino también con la aplicación de la actual escala de alícuotas. Esta resulta confiscatoria, pues el solo acto de pasar de un nivel de tributación a otro implica enormes quitas sobre el salario del trabajador. La escala permanece inalterable desde el año 2000. Asimismo, se advierte que, de no aplicarse las correcciones necesarias antes del pago del medio aguinaldo, el tributo podría implicar que el Estado se quede con entre el 14 y el 69 % de lo que se va a percibir. Otro tanto sucede con las empresas, al resistirse las autoridades fiscales a permitir el ajuste por inflación en los balances.

Todos los habitantes y personas jurídicas radicadas en la Argentina están obligados al pago de impuestos para sostener al Estado, que es el ordenador común de la vida en la sociedad. Pero esto debe realizarse en el marco de criterios de racionalidad y justicia, para evitar que esas contribuciones se conviertan en verdaderas exacciones al patrimonio de personas y sociedades.

Mayor impacto de Ganancias en el segundo semestre

Para el millón de trabajadores asalariados que están pagando el Impuesto a las Ganancias, el impacto del tributo en la segunda mitad del año será sustancialmente más elevado que en el primer semestre. En algunos casos, podría llegar a pagarse más del doble.

En realidad, el verdadero problema de este gravamen no es la cantidad de empleados que están alcanzados (tiene razón el jefe de Gabinete al señalar que no aumentan desde el año pasado) sino cuánto paga cada uno.

Más allá de la falta de actualización del piso a partir del cual se tributa (conocido comúnmente como mínimo no imponible), lo importante ahora es modificar la escala de alícuotas, que es la misma que implementó José Luis Machinea en 2001.

Como Ganancias es un impuesto–en teoría–progresivo, a medida que sube la base imponible aumenta la alícuota (va desde el 9 al 35 %). Así, quienes más ganan, pagan más.

Lo que sucede es que, como el salto de una alícuota a otra más alta es tan chico por el efecto de la inflación durante estos 14 años, quien empieza a tributar pasa rápidamente a tasas más altas y con muy poco aumento salarial (que encima no significa un mayor poder adquisitivo) queda alcanzado por el 35 %.

Qué pasa con aumentos y aguinaldo. Por el efecto de la desactualización de la tabla de alícuotas, un aumento de sueldo o el cobro del aguinaldo puede impactar mucho más en la retención de Ganancias, con lo cual la suba salarial es, finalmente, menor (en algunos casos puntuales, incluso puede ser negativa).

En particular, el cobro del sueldo anual complementario (un 50 % más junto con el salario de junio) tiene un alto impacto y es casi seguro que el empleado pase a una alícuota más alta (incluso pase más de una escala) durante la segunda mitad del año.

¿Por qué sucede esto? Por la particular forma de cálculo del impuesto. Ganancias es un impuesto anual pero que, en el caso de los asalariados, se va anticipando en forma mensual (al cierre del año se realiza la liquidación final).

Para estimar la retención cada mes, el empleador toma el valor acumulado de los ingresos del trabajador y les resta el monto acumulado de las deducciones permitidas por la ley.

Estas deducciones son iguales todos los meses (el valor anual dividido en 12), salvo cambio en las normas. En cambio, los ingresos pueden aumentar o disminuir por varias causas: horas extras, vacaciones, feriados, bonos, aguinaldo.

Así, en los meses en que los ingresos suben, como el monto por deducir para calcular la base imponible no varía, el impuesto también aumenta. El tema es que, por efecto de la escala desactualizada, es muy probable que el empleado esté alcanzado por una alícuota más elevada, con lo cual la retención de Ganancias sube más que el aumento salarial.

Un caso. Se toma el caso de un empleado que puede deducir a su cónyuge (quien no trabaja) y a dos hijos menores, que ganaba un sueldo neto de 17 mil pesos en enero. Se realiza la suposición de dos aumentos de sueldo de 15 % cada uno, en abril y en septiembre, con un acumulado anual de 32,25 %.

Este trabajador, empieza pagando 815 pesos de Ganancias en enero, el 4,8 % de su salario neto.

Pero, cuando en abril aumenta el sueldo, la retención de Ganancias se eleva a 1.428 pesos, un 75 %, y pasa a ser el 7,3 % de su sueldo. Así, en lugar de una suba salarial de 15 %, a su bolsillo va a parar sólo un 12 % extra. Cuando cobra el sueldo de junio con el aguinaldo (el 50 % más), la presión tributaria crece mucho más. Puntualmente, pasa a pagar 4.233 pesos, el 14,4 % de su sueldo. Esta carga vuelve a bajar en julio, pero el contribuyente se queda en un escalón superior al de mayo por el arrastre del aguinaldo.

Con la segunda recomposición salarial de septiembre vuelve a suceder algo similar, pero agravado, porque pasa a estar alcanzado por una alícuota mayor.  Ahora, tendrá que abonar 2.326 pesos de impuesto, el 10,3 % de su salario. Y del 15 % de aumento de sueldo, sólo recibe el 11 %.

En diciembre, con el segundo aguinaldo, el pago de Ganancias trepa a 5.862 pesos, el 17,4 % del sueldo.

Así, en todo 2014, terminaría tributando 25.395 pesos, el 9,8 % de su ingreso neto. Si el contribuyente no hubiera tenido ningún aumento salarial (que encima, obvio, no implicó una mejora en su poder adquisitivo sino un acomodamiento, incluso por debajo, a la inflación), hubiera pagado 14.147 pesos.

En conclusión, gana un 32,25 % más, pero el aumento del tributo es el 80 %, con lo cual la suba de sueldo se limita a sólo 13,3 %.

Cálculo para 2014

Mínimos diferentes. Desde septiembre del año pasado, el Gobierno hizo cambios y ya no se pueda hablar de “un” mínimo no imponible. Hay distintos valores según los casos.

Referencia. Para clasificar a los empleados se toma como referencia el mejor sueldo bruto cobrado entre enero y agosto de 2013. No importa si después varió o si cambió de trabajo.

Parámetros. Los que en esos meses no superaron los 15 mil pesos brutos de sueldo, quedaron (y siguen) exentos de Ganancias. Quienes cobraban entre 15 mil y 25 mil tienen deducciones (forman el piso a partir del cual se tributa) un 20 % más altas: sin cargas de familia ni otras deducciones suman 108.242 pesos en el año. Quienes superaron los 25 mil a principios de 2013 tienen el mínimo no imponible más bajo (ergo, una carga mayor): 90.202 $/año.

El destino de los recursos de la Anses

Durante el año pasado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) capturó alrededor de 42.000 millones de pesos aportados desde de las provincias que, sin embargo, no derivó al pago de beneficios previsionales. Ello pese a que el principal aporte de los distritos federales es el 15 % de la coparticipación bruta, que en 2013 llegó a 30.565,8 millones de pesos. La finalidad de esa detracción es, justamente, financiar el sistema jubilatorio.

Los mecanismos impositivos que se crearon desde la década de 1990, “como un esfuerzo solidario para mejorar la situación de los jubilados y pensionados” nacionales, ahora “se han desnaturalizado”. Más de la mitad de los ingresos tributarios que recibe la Anses no se usan para el pago de jubilaciones, más allá de que algunas medidas fueron pensadas para sostener a todas las prestaciones del sistema de seguridad social nacional. Además del pago de haberes, que es su principal función y erogación anual, la Anses también tiene a cargo otros programas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Conectar Igualdad (notebooks para estudiantes y docentes) y Progresar (jóvenes que no trabajan ni estudian), entre otros.

En números. El año pasado, la Anses tuvo 291 mil millones de pesos para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones. El 58 % (168 mil millones) provino de las imposiciones sobre el salario (aportes y contribuciones), mientras que el 42 % restante (123 mil millones) llegó por la vía impositiva con afectación al financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). Al final, la Anses terminó pagando 5,8 millones de beneficios mensuales (3,2 millones en el sistema de reparto y 2,6 millones por moratoria), por un total de 219 mil millones de pesos anuales. Eso significa que, entre lo recaudado y lo erogado por el mostrador previsional hubo un excedente de 72 mil millones de pesos.

Aproximadamente 42 mil millones (de ese superávit) fueron aportados por las provincias, mientras que el resto es recaudación que habría sido derivada al financiamiento de la Nación. ¿Cómo se llega a ese número? Como el superávit se calza en recursos que son coparticipables, se aplican los coeficientes de la distribución. En los ingresos no están las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, si bien tienen origen previsional, van a la AUH.

Lo que ha quedado estructurado el esquema de financiamiento de la previsión social degrada la organización federal, ya que encubre una ilegítima centralización de recursos fiscales.  En esa línea, algunas provincias tratan de recuperar la detracción del 15 % de la masa coparticipable, una medida que se aplica tras un acuerdo federal en 1992. Los distritos que no han transferido sus cajas a la Nación (Córdoba, entre ellos) resignaron 20.662,60 millones de pesos por esa vía durante el año pasado. San Luis fue la primera provincia que planteó ante la Corte la inconstitucionalidad de esa detracción. Le siguieron Santa Fe y Córdoba.

Retroalimentación del relato del desendeudamiento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es, junto con el Banco Central, una de las cajas más importantes que tiene a mano el Gobierno nacional.

El año pasado, se habían previsto transferencias de utilidades de esos organismos al Tesoro por 38.901,9 millones de peso. Al final, entre ambos giraron 58.358,5 millones. Para este año, la pauta original plantea 84.485 millones de pesos, de los cuales la Anses pondría 27.988,4 millones. Lo más probable es que, como ocurre todos los años, ese cálculo quede desbordado.

La mayoría de los recursos excedentes del sistema previsional vienen con un GPS incorporado, que “congeló” sus coordenadas en la Casa Rosada. Ese es el punto final de un viaje que retroalimenta el relato del desendeudamiento mientras agiganta los compromisos con prestamistas cautivos. Pero hay más. Es altamente probable que la primera moratoria previsional, que se aplicó de manera indiscriminada, se sostenga con el exceso de captación de recursos de las provincias.

Incluso, los 42 mil millones de pesos cedidos a la Anses y que no se usaron en haberes equivalen, en la actualidad, a pagar una jubilación nacional mínima (desde septiembre es de 3.231 pesos) a un millón de beneficiarios durante un año, con aguinaldo incluido. Por lo tanto, en el superávit todavía hay espacio teórico para una nueva moratoria, tal como la planea la Nación, aunque esta vez, promete, será para quien realmente necesita ser asistido. Como pasa con el propio Estado.

(*) Economista

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