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| Por Jorge Altamira |
La crisis en torno de la deuda externa ha dado una nueva
vuelta, aunque no del todo imprevista. Hace un cierto tiempo, el bufete de
abogados que representa a la Argentina ante los tribunales neoyorquinos había
propuesto al círculo de la Rosada reestructurar la deuda dos veces
reestructurada (2005 y 2010), para transferir la jurisdicción legal a Buenos
Aires.
Ya entonces se advertía que semejante cambio podía ser rechazado por
los bonistas del canje que, desconfiados de la Justicia criolla, reclamarían,
en represalia, el cobro inmediato de la totalidad de la deuda (“aceleración”).
El cambio de sede legal buscaba sortear el fallo de Griesa, que impide al banco
receptor de los pagos de deuda de Argentina (BofNY), hacerlos llegar a los
acreedores reconocidos, en tanto no se pague, al mismo tiempo, a los llamados
fondos buitre.
Pagador serial
El gobierno K no ha llegado, sin embargo, a los extremos
aconsejados por sus abogados extranjeros. En la cadena del martes 19, CFK
anunció el envío de un proyecto de ley que retira la licencia de pago al BofNY
y ordena transferir el dinero de los vencimientos de deuda a un fideicomiso
(cuenta especial) del Banco Nación, para que se deriven desde allí los fondos a
los bonistas del canje en cada vencimiento de deuda. En una conferencia de
prensa, al día siguiente, el ministro Kicillof aclaró que el cambio de
jurisdicción legal se otorgaría a los acreedores que lo solicitaran en forma
voluntaria. Es que una reestructuración de sede requiere un período extenso de
negociaciones, sin certeza acerca del resultado. Si la mano ya venía
complicada, esta contradicción hace inviable el propósito invocado de pagar por
encima de los bloque! os establecidos por Griesa. Es típico del cobarde
nacionalismo burgués dar dos pasos atrás cuando alega haber dado uno adelante.
En el conflicto de intereses que ha desatado la presión de los fondos buitre,
el proyecto de ley no es una salida sino parte de la pulseada.
El gobierno, en cualquier caso, algo tenía que hacer. Ocurre
que los pagos de deuda, con vencimiento en junio-julio pasado, habían sido
cumplimentados, en gran parte, debido a una dispensa que otorgó el mismo Griesa
“por única vez”. En septiembre que viene hay, sin embargo, otro vencimiento. El
bloqueo de los pagos exceptúa solamente a los títulos en pesos; no lo hace con
los nominados en dólares, ni siquiera en sede argentina. Dos decisiones
recientes contra el Banque Nationale de París y el UBS de Suiza, que ni
siquiera son judiciales, por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos,
estableció que toda negociación en dólares cae bajo jurisdicción
norteamericana. La jurisdicción norteamericana se ha convertido en
internacional, porque el 80 por ciento de las transacciones financieras se
procesan en dólares. Este impasse en la posibilidad de cobrar y pagar llevó al
Citibank, calificado como entidad “emblemática” por CFK el martes, a recurrir a
la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para solicitar que levante la
prohibición de los pagos. El Citibank es el encargado de pagar determinadas
series de bonos. Los ejecutivos del Citi han alegado que corren el riesgo de
una expropiación de su filial, en el caso de no ejecutar los pagos en dólares
de títulos de jurisdicción de Argentina. El interrogante es si la decisión K
sirve como presión para obtener una sanción favorable de la Cámara o, lo que es
más probable, sus jueces pronuncian un “desacato”.
Transición agitada
El choque de los K con Griesa es políticamente
originalísimo, porque lo que pretende Argentina es poder pagar la deuda externa
en forma puntual, o sea con independencia de su capacidad real de pago o de la
situación del país tomada en su conjunto. El gobierno nacional y popular está
empeñado, y así lo dice a repetición, en ser el mayor garante de la deuda
externa de Argentina en toda la historia. Esto explica, adicionalmente, la
expectativa permanente de los operadores capitalistas en un acuerdo inminente,
en cualquier momento, y por qué la cotización de los títulos no cae en la
medida en que ocurre en situaciones declaradas como defol. De cualquier manera,
la devaluación del peso en los mercados paralelos se desarrolla sin pausa. Los
especuladores se preguntan cómo hará frente Argentina a los vencimientos de
deuda hasta finales de 2015 -más de 15 mil millones de dólares, cuando las
reservas disponibles no superan ese número. A esto se agrega la caída del
precio internacional de la soja, vapuleado por una enorme cosecha en Estados
Unidos, que empezará a comercializarse dentro de un par de semanas. El impasse
afecta la financiación de Vaca Muerta, no solamente para YPF. Como consecuencia
de las reducidísimas tasas de interés internacionales, el endeudamiento
relativo de los monopolios petroleros se encuentra en niveles récord -ya que es
más barato que el uso de fondos propios.
El proyecto de ley en cuestión es un emplazamiento a los
partidos opositores a optar entre la patria o los buitres. La patria significa
asegurar el pago de la deuda a como sea, y los buitres significan pagar, como
sea, la deuda. Quienes pagan la deuda, de todos modos, son los trabajadores,
por medio de la inflación y mayores impuestos; el llamado capital nacional es
tenedor del 60% de la deuda que el gobierno! se empeña en ‘honrar’. Macri, y la
parte del radicalismo que busca una alianza con él, ya ha dicho que se alinea
con el pago de la deuda a través de un acuerdo con los buitres; Massa, según
parece, se pone del lado oficial. Al interior de ambos campos hay divisiones.
El kirchnerismo habría logrado meter una cuña en la patria capitalista. Los
economistas de Massa han estado ligados históricamente a Techint, que no quiere
que un reendeudamiento y la vuelta a los mercados internacionales impliquen un
regreso a la plata dulce y el dólar barato -precisamente lo que sí pretenderían
los fondos especulativos internacionales (y China, que vería favorecidas sus
exportaciones). Este enfrentamiento se traslada al manejo de Vaca Muerta y al
acuerdo con Chevron. Cuando la oposición, al estilo de Crónica, cuenta los días
que faltan hasta octubre de 2015, irrumpe la crisis de deuda p! ara desbaratar
sus planes.
Bancarrota
En el discurso del martes, CFK insistió en el despropósito
de que la deuda externa de Argentina es de apenas el 8% del PBI, una baratija
que alcanzaría, como máximo, a los 45 mil millones de dólares. No tiene en
cuenta la deuda con acreedores locales, en dólares, ni tampoco el cupón del
PBI, aún menos la deuda con el Banco Central, el Nación y la Anses. Desde los
tiempos de Cavallo se atribuye al desarrollo de un mercado de capitales local,
la superación de la deuda externa, como si el dólar fuera una moneda nacional.
En el pasado se atribuía a las AFJP la capacidad para refinanciar en forma
indefinida la deuda pública ¡lo mismo con los fondos de pensiones en Estados
Unidos, hasta que estalló, claro, la convertibilidad en Argentina, y la crisis
bancaria en todos los países desarrollados! El mito volverá a estallar en
Argentina con la devaluación de la moneda, que es la manifestación concreta de
una bancarrota financiera. El déficit fiscal está convirtiendo en negativo el
patrimonio del Banco Central y deberá afectar a la Anses, que se financia no
solamente con aportes en mengua (por caída de salarios y desempleo) sino con
impuestos que bajan en relación con la inflación (tiene una deuda por fallos
Badaro, por 20 mil millon! es de pesos. La revalorización de la deuda externa
de Argentina que los financistas pronostican sin excepción, pero que hoy es
‘basura’ (junk bonds) o ‘de frontera’, deberá atravesar antes por el suplicio
de la devaluación. La devaluación permitirá licuar el valor de la circulación
monetaria y las deudas del Banco Central, sea con los ahorristas, los depósitos
públicos y con los bancos locales, y revalorizar sus escasas reservas en
divisas.
Ojo con la izquierda
El gran desafío para la izquierda es no asociarse, ni
mínimamente, con las patrañas antiimperialistas de los pagadores seriales de la
deuda usuraria y los grandes entreguistas del petróleo y la minería. En
oposición a estas patrañas es necesario profundizar la lucha contra la carestía
y los despidos, con la reivindicación del reparto de las horas de trabajo, la
movilidad mensual de los salarios, la expropiación de toda empresa que cierre,
la abolición de los impuestos directos e indirectos sobre los salarios y las
jubilaciones, el 82% móvil. En este marco de reivindicaciones y de desarrollo
de la lucha, el repudio de la deuda usuraria servirá para plantear abiertamente
quién paga la crisis y, con ello, una cuestión de poder.
© Prensa Obrera
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