El ministro pidió su
sobreseimiento porque aseguró que “no existen pruebas” del delito en el que
está acusado.
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| De Vido y su esposa vuelven a estar en la mira de la Justicia. |
Nacionales – El ministro de Planificación, Julio De Vido,
pidió a la Cámara Federal porteña que se lo sobresea en la causa en que se lo
investiga a él y a su esposa Alejandra Minnicelli por “enriquecimiento ilícito”.
Los abogados de De Vido y Minnicelli aseguraron que “no existen pruebas” para
considerar que el crecimiento de ambos es ilegal. Minicelli, esposa de De Vido,
fue titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cargo en el que estuvo
desde 2003 a 2007.
Los abogados del ministro de Planificación, Julio De Vido, y
de su esposa, Alejandra Minnicelli, pidieron a la Cámara Federal porteña el
sobreseimiento de ambos en la causa en la que están investigados por presunto
“enriquecimiento ilícito”. Entre los argumentos, afirmaron que "no existen
pruebas" para considerar que el crecimiento patrimonial del ministro y la
extitular de la Sindicatura sea ilegal.
Días extraños para Julio De Vido. Quien fuera uno de los
ministros más poderosos del kirchnerismo, hace tiempo que quedó relegado al
ostracismo y pérdida de poder. De a poco fueron quitándole las áreas más
potentes del ministerio: obras públicas, administración de bienes del Estado,
Fabricaciones Militares, secretaría de Transporte. Ahora ve como también echan
a Daniel Cameron y ponen en su lugar a Mariana Matranga, camporista y del riñón
del ministro de Economía, Axel Kicillof.
Por si esto no bastara, De Vido volvió a estar en la mira de
la Justicia federal cuando, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, el
tribunal de Casación revocó el sobreseimiento del ministro y su esposa
Alessandra Minnicelli, en una causa por enriquecimiento ilícito de 2009.
Este miércoles los abogados del matrimonio De
Vido-Minnicelli hicieron el pedido de sobreseimiento en una audiencia ante la
Sala I de la Cámara Federal, que ahora deberá resolver el pedido.
Once años de disputa
En base a un artículo del diario Crítica, la denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner
Sans contra De Vido y su esposa por el presunto enriquecimiento ilícito que
habrían experimentado entre 2003, cuando llegaron a la función pública
nacional, y 2007. Entre otros hechos, se los acusó por la compra de una chacra
de cuatro hectáreas en la localidad bonaerense de Zárate.
Alessandra Minicelli, esposa de De Vido, fue titular de la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cargo que asumió en 2003 con la
presidencia de Néstor Kirchner y que dejó con la llegaba de Cristina Kirchner
en 2007.
En 2009, el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid
sobreseyó a De Vido y a su esposa, luego de analizar informes de la
Administración Federal de Ingresos Públicos. El juez concluyó que no había
pruebas contra los funcionarios. Sin embargo, la investigación no aclaró cómo
hacía el ministro para sostener un nivel de vida que no se condecía con su
sueldo. La decisión fue apelada y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones,
donde confirmaron el sobreseimiento.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) volvió
a recurrir a la Justicia para que revea la decisión. Casación la volvió a
confirmar. Todas las decisiones, en las tres instancias, se basaron en un
criterio que impedía a la FIA apelar en las causas en las que no era la
denunciante.
Sin embargo, por intervención de la Corte Suprema, el
organismo pudo revertir las resoluciones anteriores y volver a pedir que se
investigue al matrimonio a través de un fallo de la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal firmado por los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos
Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.
Este miércoles los abogados del matrimonio, Julio Virgolini
y Mariano Silvestroni, se mantuvieron en los argumentos originales al plantear
que no hay pruebas contra ellos y pidieron que se confirme el sobreseimiento
que había dictado originariamente el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.
Un detalle no menor: Aráoz de Lamadrid era juez subrogante y
hoy se encuentra procesado en una causa por tráfico de influencias en relación
con el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Informe: Perfil.com
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