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| Por Jorge Altamira |
¿Por qué la ‘biblia’ del capital financiero internacional
-el Financial Times- examina, nada menos que en un editorial (26/6), la
conveniencia de que Argentina rechace el fallo Griesa y proceda a reestructurar
la totalidad de la deuda externa y ponerla bajo jurisdicción nacional, lo cual
equivaldría a una cesación temporaria de pagos? Las razones que esgrime el diario dejan en evidencia que
cualquier arreglo con los fondos buitre podría desencadenar una ola de juicios
de parte de los acreedores que entraron en los canjes de 2005/10, en virtud de
la cláusula que les permite reclamar las ventajas económicas que se concedan a
aquellos.
Un día antes, el jefe editorial del Financial Times había puesto en
duda que esa cláusula fuera inaplicable para el caso de que el arreglo con los
fondos buitre fuera el resultado de una decisión judicial y no de un acuerdo
‘voluntario’.
Una extensión del arreglo con los buitres a todos los
acreedores duplicaría de una vez el monto total de la deuda externa de
Argentina.
A la vista de este resultado, el Financial Times califica de
“extorsión” la orden de pagar al mismo tiempo a los buitres y a los acreedores
regulares, y descalifica el criterio de ‘pari passu’ (igual trato) aplicado por
la Justicia norteamericana.
En resumen, Argentina se encuentra en un laberinto: si no
cumple con el fallo entra en defol, y si lo hace se arriesga a una serie de
procesos judiciales que la arrastrarían al defol. Defensor del capital
financiero internacional, el Financial Times recomienda arreglar con los
‘buitres’ y afrontar el riesgo de juicios ruinosos.
El planteo de que el pago a los buitres, en el caso de una
orden judicial, sería inocuo, no es más que una triquiñuela mediática que
pondría a la Argentina en un estado de vulnerabilidad financiera y política sin
precedentes, en la larga historia de claudicaciones de las clases dominantes
del país.
La advertencia condicional del Financial Times es compartida
por el gobierno K, el cual sigue, sin embargo, la ruta de arreglar con los
buitres con un pago en títulos del Estado, lo cual significaría, de entrada, un
aumento de la deuda externa en 15 mil millones de dólares.
Procede de esta manera bajo la presión de los intereses de
clase que representa: la burguesía nacional reclama el restablecimiento del
financiamiento internacional para ella y para los proyectos de gas y petróleo.
La burguesía nacional, que posee asimismo gran parte de la deuda externa,
quiere cobrar y de ningún modo ser víctima de una cesación de pagos. Desde un
punto de vista más amplio, un defol como el que sugiere el Financial Times
requeriría de inmediato medidas internas de fondo para contrarrestar un boicot
financiero internacional. Nos referimos a la nacionalización de la banca y el
comercio exterior, para aplicar el ahorro y los recursos nacionales a un plan
de inversiones y desarrollo económico y social. Argentina establecería, en esas
condiciones, una contabilidad nacional única, lo cual implica la apertura de
los libros de las compañías grandes y el control obrero de los monopolios
capitalistas.
En oposición completa a esta alterativa, el gobierno
‘nacional y popular’ ha preferido reforzar su acción de “pagador serial”,
mediante el cierre de acuerdos ruinosos con Repsol y el Club de París y en el
Ciadi (Banco Mundial), que han incrementado la deuda externa -sin contar los
intereses- en cerca de 20 mil millones de dólares. El tema de los fondos buitre
y los fallos antijurídicos de la Justicia norteamericana ha ocultado el
latrocinio económico y jurídico que tiene lugar en el Ciadi, donde las empresas
privatizadas bajo el menemo-kirchnerismo, reclaman la redolarización de las
tarifas que fueran pesificadas en 2002.
De acuerdo con El Cronista, el monto en litigio es de 22 mil
millones de dólares. La aceptación de las sentencias del Ciadi, por parte del
gobierno K, no solamente lleva al país a la bancarrota, sino que es un
atropello descomunal de la soberanía argentina y una violación del orden
jurídico.
Ocurre que la pesificación fue legitimada por una acordada
de la Corte Suprema de Argentina, que es colocada por el propio gobierno
argentino por debajo de un tribunal arbitral de un banco internacional. La
Corte no ha abierto la boca sobre esto. ¿Cómo protestar contra las vejaciones
de la Justicia norteamericana cuando el mismo gobierno nacional autoriza la
degradación de las instituciones jurídicas del país y, por lo tanto, de la
Constitución Nacional?
Mientras la City de Londres admite la conveniencia de una
declaración de defol, la City porteña y el establishment político que la
representa reclaman cumplir los fallos coloniales y re-endeudar otras diez
veces al Tesoro nacional. Se ha formado un frente nacional a favor de un
arreglo con los buitres desde los K hasta Massa, Binner, Cobos, Macri, Carrió.
Los K alegan que lo hacen para defender el modelo y los otros para superar los
desequilibrios, como si el resultado de un nuevo endeudamiento masivo pudiera
ser otro que la confiscación de los ingresos y de las condiciones de vida de
los trabajadores.
Nuestra posición es: rechazo del fallo yanqui y de cualquier
acuerdo con los buitres y de los arreglos en el Ciadi; repudio de la deuda
usuraria; adopción de las medidas de nacionalización y control obrero
necesarias para establecer una contabilidad y un plan económico de
industrialización y de mejora de las condiciones de las masas. Que el pueblo
decida: por un plebiscito sobre el fallo yanqui y la deuda externa.
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