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| Dirigentes de izquierda durante su visita a Salta. (Foto: PTS) |
Salta – Como “escandaloso” calificaron dirigentes políticos
y gremiales del Frente de Izquierda, a la resolución del juez salteño Diego
Rodríguez Pipino ordenando a la docencia de Salta en lucha, el “restablecimiento
inmediato del dictado de clases”. Nicolás del Caño, diputado nacional por
Mendoza, dijo que el magistrado es “un títere del gobernador (Juan Manuel) Urtubey,
que ha dictado una resolución ilegal y agregó que “no tiene competencia” para
dar ese tipo de órdenes.
Dirigentes del Frente de Izquierda criticaron duramente la
resolución del juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino, quien ordenó a los
gremios SADOP, ADP, AMET, UPCN, ATE, UDA y a docentes autoconvocados, “el
restablecimiento inmediato del dictado de clases en los establecimientos
públicos y privados afectados por las medidas de fuerza, hasta tanto se
resuelva la cuestión de fondo” planteada en un amparo interpuesto por tres
padres.
En lugar de intimar al Gobierno, como responsable directo de
la administración del Estado, el magistrado encontró más “rápido y fácil” ir
directamente contra la docencia en un claro ataque contra un derecho garantizado
por la Constitución Nacional. Además, extrañamente, el Poder Judicial no brindó
los nombres de los padres firmantes de ese amparo, sino que los resguardó en
las iniciales. Algunas versiones afirmaban que se trataría de “punteros
políticos” que responderían a conocidos dirigentes salteños del oficialismo.
La catarata de críticas al fallo del juez Rodríguez Pipino,
trascendió los límites de la provincia de Salta por lo que dirigentes, principalmente
de sectores de izquierda, cuestionaron con severidad ese fallo.
En tal sentido, Nicolás del Caño, diputado nacional de
Mendoza por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Frente de
Izquierda, expresó que el fallo “es escandaloso” y dijo que el juez Rodríguez
Pipino es “un títere del gobernador (Juan Manuel) Urtubey, que ha dictado una
resolución ilegal, ya que la justicia, en el marco de que existe el derecho
constitucional a huelga y no existe norma actualmente que limite y reglamente
el derecho de huelga de esta actividad (la educativa)”.
Agregó el dirigente que el magistrado “no tiene competencia para admitir esta
presentación de supuestos ’padres’. Los jueces no tienen ningún tipo de
competencia legal para ordenar a los sindicatos y a los trabajadores levantar
una huelga. Este juez, que dice que se preocupa por el derecho de los niños a
la educación, no tiene ningún problema con el salario y las condiciones de vida
de los docentes y de la escuela pública”.
A su vez, Laura Champeau, dirigente de SUTEBA de Ensenada, provincia
de Buenos Aires, afirmó que “la huelga de los docentes en Salta por mejores
salarios y por una mejor educación pública de calidad está ligada al derecho de
los niños, ya que pelean por que las escuelas sean dignas, es decir, que no se
caigan los cielorrasos sobre nuestras cabezas, que el agua sea potable, que no
se inunden las escuelas ni se desborden las cámaras sépticas. Por esto no se
preocupa el juez Pipino. Para él, servicio esencial es que los educadores trabajen
con salarios que no alcanzan a cubrir la mitad de la canasta familiar. Con la
excusa de pretender tutelar el derecho de aprender está lesionando la libertad
sindical de todos los docentes de Salta".
Ariel Iglesias, secretario de Organización de la filial La
Matanza de esa misma organización gremial, señaló que el juez es “un verdadero
escriba de Urtubey, desconoce y viola la normativa vigente en la materia y
sobretodo los tratados internacionales y convenios de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) que no mencionan a la actividad educativa como un
servicio esencial”. Explicó que “los docentes en asambleas somos los únicos que
resolvemos sobre la continuidad de las huelgas o su levantamiento”.
Informe: Agensur.info
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