El vicepresidente
deberá presentarse el 15 de julio próximo ante el juez Ariel Lijo quien le
tomará declaración.
Amado Boudou deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. |
Judiciales - Cuando
parecía afuera de la causa por los rumores de su desplazamiento, el juez
federal Ariel Lijo anunció este viernes el llamado a declaración indagatoria
del vicepresidente Amado Boudou, sospechado de presuntas negociaciones
incompatibles con su función pública en la trama de la venta de la ex Ciccone. Boudou fue citado a indagatoria el 15 de julio próximo.
Lijo
también indagará a José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente;
a Alejandro Vanderbroele, supuesto testaferro y titular de The Old Fund; a
Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP; y a los empresarios
Nicolas Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.
La declaración indagatoria a Boudou es una medida inédita y
es otra confirmación de la embestida judicial del fuero federal contra la Casa
Rosada. Se trata de una maniobra gestada en el seno de los tribunales que el
kirchnerismo controló durante años, pero que entró en caos desde la irrupción
de Carlos Zannini y Julián Álvarez, que corrieron a los históricos operadores
oficialistas.
LPO viene dando
cuenta del cambio de clima en ese fuero federal, donde tramitan las causas de
corrupción que más preocupan al Gobierno. Las malas noticias que recibió el
kirchnerismo en los últimos veinte días no hacen más que confirmar el avance y
en los tribunales coinciden en que esto se profundizará después del Mundial (Boudou
deberá declarar dos días después de la final).
En ese lapso, se ordenó investigar a Cristina por el acuerdo
por Chevron, se declaró inconstitucional el acuerdo con Irán, se rechazó un
pedido de sobreseimiento de Boudou, se confirmó una condena de prisión en
suspenso a Ricardo Jaime y se reabrió una causa por enriquecimiento contra
Julio De Vido.
Este medio también reveló que, percibiendo el fin de era
kirchnerista, el juez Rodolfo Canicoba Corral logró aglutinar detrás de sí a un
grupo de jueces que empezaron a mover causas dormidas como Lijo y María Servini
de Cubría, al que se acerca también Claudio Bonadío y que tiene como protegido
a Sebastián Casanello. Se trata de una maniobra de autoprotección pero que
también apunta a reciclarse de cara a 2015, cuando los magistrados deberán
hacer equilibrio con el nuevo Gobierno.
El caso de Lijo suma otro dato para nada menor. A principio
de mes, el juez visitó al Papa Francisco y mantuvo una larga reunión en la que
también participó el legislador Gustavo Vera. LPO reveló que en ese encuentro
Bergoglio le trasmitió a Lijo un mensaje para los jueces federales: que las
causas de corrupción no caigan en la “inacción” y que luchen contra la
impunidad de esos delitos.
El escrito del juez
"En base al requerimiento del fiscal federal Rívolo y
del dictamen del fiscal federal Di Lello, las medidas probatorias realizadas a
lo largo de la instrucción han permitido circunscribir el objeto procesal en
los siguientes términos: Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona,
habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica,
mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund
y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional
la impresión de billetes y documentación oficial", sostiene el escrito del
juez.
Lijo agrega que "Boudou, aprovechando su condición de
funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor
Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa «Ciccone
Calcográfica» a cambio de la realización de los actos necesarios para que la
firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".
Luego, agrega que el vicepresidente "habría tenido
injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición,
y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un
plan de pagos ilegal en AFIP".
Al respecto, añade que también habría intervenido para el
levantamiento de la quiebra "con el objetivo de obtener el certificado
fiscal para contratar con el Estado Nacional". "Esa finalidad se
habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos,
una oportunidad con Casa de la Moneda", continúa.
El escrito de seis páginas publicado por el Centro de
Información Judicial se describe el proceso de conformación de The Old Fund -la
empresa que adquirió Ciccone-, su participación y la de Boudou en una maniobra
de reestructuración de deuda en Formosa, y el derrotero de la ex Ciccone hacia
la quiebra.
"Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el
negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de
la firma The Old Fund, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos
dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten
acciones al portador", agrega el texto de Lijo.
"Boudou habría aportado su condición de funcionario
público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no
podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no
podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona
tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a
Alejandro Vandenbroele ese rol", resume la acusación.
Lijo enumeró las
supuestas reuniones de la familia Ciccone con Boudou y sus colaboradores y
describió que "una vez que se concretó la operación, se habría puesto en
marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de
contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes".
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