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| Por Alberto Asseff (*) |
Todo el país quiere que la política mejore, que sea limpia y
transparente, que capacite líderes sociales y administradores, que abandone
querellas menores, que deje de estar anclada en el pasado, que no practique la
difamación y que provea soluciones a la constelación de problemas acumulados
por la impericia de gestión y por la corrupción – nutrida por la impunidad
–literalmente generalizada en las cumbres y esferas allegadas al poder público.
Y aspira – el país – a que la política promueva Acuerdos de Estado o Políticas
de esa naturaleza que posibiliten tener directrices y estrategias de largo
alcance, sepultándose así al tipo de gobierno emparchador y coyuntural – ese
que tiene por agenda a lo sumo la perspectiva de la próxima elección -,
zigzagueante y plagado de vaivenes. Propugna el país – luego de tantas
frustraciones – que se inhumen la discontinuidad y las contramarchas. Esto
obviamente implica que el rumbo sea más o menos el correcto y sustentado
precisamente por los grandes Acuerdos fogoneados por la buena política. En
otras palabras, el tiempo que viene no es de intransigentes, salvo con las
lacras morales y sociales, a las que hay que darles pelea sin flojedad ni
abdicación.
En el contexto consignado, el auxilio que la Justicia
Electoral debe brindarle a la buena política es decisivo. Para ello debe ir a
fondo en materia de transparencia y también en orden a promover la articulación
de los partidos, tratando de disuadir la fragmentación y el aventurerismo
disfrazado de agrupación partidaria.
Empero, ¿qué hace la Justicia Electoral? Es capaz de multar
a un partido porque demoró tres días en presentar un formulario en el que
constaban tres extremos: que no hizo campaña electoral alguna; que no ingresó
ni un centavo y que no gastó ni un céntimo. Y al amonestar con solemnidad a ese
partido copia dos páginas que tiene memorizada en el archivo de su computadora,
pontificando de que “se debe rendir cuentas a la Nación sobre los fondos
recibidos de ella” y asertos de esa índole.
¿Qué fondos había para rendir a la Nación? Ninguno.
Entonces, ¿por qué tanta ampulosidad? Porque es una Justicia robotizada. Ha
perdido el eje de la razonabilidad, enceguecida por las formas. Se ha
extraviado en el laberinto de su nutrida burocracia. Ha abandonado algo que
todo en la vida, incluso en los Tribunales, debe primar: la sensibilidad y el
tratamiento caso por caso, sin premoldeados que sirven para abordar el examen
de aportes millonarios de lavadores de fondos criminales y para castigar a la
asociación que es ejemplarmente superavitaria y que no recibió ni una moneda,
incluyendo de proveniencia del Estado.
La ley 26.215 de financiamiento partidario es aplicada con
ascendente complejidad. Ha terminado por ser una veta atractiva para los buenos
de los profesionales contables que perciben abultados honorarios, no ha traído
honradez a la política y ha generado dolores de cabeza y entuertos a los
partidos, desviándolos de sus altas y aún incumplidas misiones de interés
social y público.
La Justicia Electoral debe sobreponerse a la tentación del
rigorismo formal y auxiliar al país apostando a ser razonable y justa. Se la
desea auxiliar de la buena política, no su preceptora temible, pero que no
ahonda en las correcciones sustantivas. No es mejor quien más castiga, sino
quien mejor corrige.
(*) Diputado nacional
de UNIR- FRENTE RENOVADOR
© Agensur.info
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