Para la Justicia, Amado Boudou "debe declarar ya". |
Judiciales - "Si cometió un delito, no puede estar
al frente de una nación; si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer
útil su gestión", dijo el fiscal federal Jorge Di Lello, al referirse a
las acusaciones contra el vicepresidente Amado Boudou en la causa de la ex
Ciccone Calcográfica. Reiteró que Mauricio Macri debe ir a juicio oral
y público en la causa por presuntas escuchas ilegales de la que fue apartado
por el juez Sebastián Casanello.
El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que el
vicepresidente Amado Boudou debe declarar "ya" como acusado en la
causa que investiga el rescate de la ex Ciccone Calcográfica, al sostener que
"si cometió un delito, no puede estar al frente de una nación".
Para el fiscal, Boudou debe explicar "si intervino y,
si intervino, tiene que aclarar su posición", mientras agregó que "en
definitiva, el vicepresidente de un país, si cometió un delito, no puede estar
al frente de una nación; si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer
útil su gestión".
En declaraciones a radio América, Di Lello insistió con que
Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick deben pasar de testigos a
imputados porque "ellos mismos son los que, de alguna manera, excitan la
participación del vicepresidente, que no debía haber participado si es que
participó".
Contra Macri
Además, Di Lello insistió con que es "errada" la
decisión del juez federal Sebastián Casanello de apartar al jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri, del juicio oral y público en la causa por presuntas
escuchas ilegales, por considerar que "con los elementos que hay hasta
aquí, se puede iniciar" ese proceso "para todo el mundo".
"Si van todos los demás y Macri no va, de alguna manera
hay una disparidad judicial entre Macri y los demás", dijo el fiscal, y
evaluó que "el interés de la sociedad es que las causas sigan y se
resuelvan rápidamente".
Hace dos semanas, el juez federal Casanello apartó a Macri
del grupo de imputados que irán a juicio oral: el ex jefe de la Policía
Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, el policía-espía Ciro James, el
ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y el ex juez de Misiones
José Rey, entre otros, todos acusados de formar parte de una organización que
intervenía teléfonos de manera ilegal para hacer escuchas a través de la
Justicia misionera.
"La absolución, la inocencia o la verdad de los hechos
desde el punto de vista jurídico se establece en el juicio oral", dijo Di
Lello, quien apeló la medida de Casanello la semana pasada.
Agregó que "hace cerca de un año se había cerrado la
etapa de instrucción y se había establecido, con fallo de Cámara confirmando,
el procesamiento de todos los que fueron para arriba, incluido Macri, que debía
hacerse l juicio oral".
Indicó que "al asumir el doctor Casanello, decide, en
el marco de sus facultades, que para elevar a juicio lo correspondiente a la
conducta de Macri, todavía faltaba producir algunas pruebas. Separa todos los
demás procesados del ingeniero Macri. Yo entiendo que la decisión del doctor
Casanello es errada, en tanto y en cuanto para mí, con los elementos que hay
hasta aquí, se puede iniciar el juicio oral para todo el mundo".
"En realidad, el verdadero juicio y donde de última se
pueden tomar las pruebas que faltan, es en la etapa oral", agregó, y
apuntó que "el juez entiende que falta la declaración del doctor
(Guillermo) Montenegro", ministro de Seguridad y Justicia capitalino,
"y un par de medidas más, que se pueden tomar en el juicio oral".
La semana pasada, Macri aseguró que "no" le
"extraña nada" que Di Lello insista en enviarlo a juicio oral, pese a
la resolución de Casanello de apartarlo de esa instancia.
Según el alcalde, "la presión que han metido
últimamente con el caso (del fiscal Luis María) Campagnoli" hizo que Di
Lello insistiera con el juicio oral.
Al ser consultado si el gobierno nacional podría estar
involucrado en esa presunta maniobra, Macri no dudó en responder: "Puede
ser, como estuvo detrás de Campagnoli", aunque en seguida, precisó:
"Más que el Gobierno (la procuradora general de la Nación, Alejandra) Gils
Carbó.
Informe: LPO
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