En la calle y en la
política se evidencia la crisis que va de lo económico a lo social.
Por Carlos Gabetta (*) |
Las noticias nacionales relevantes de cada semana se
parecen, aunque se distinguen en que en general las de la última son peores. Los titulares resumen y expresan una situación general, aumentando la
preocupación ciudadana por el futuro personal, familiar y del país.
Los problemas económicos son serios y lo serán, quizá
peores, por mucho tiempo.
La inflación de febrero fue del 4,1%, marcando el
paso de las negociaciones paritarias, que definirán el nivel de conflictividad
social por venir. Y siguen las firmas, borrosísimas, en el rubro economía. Pero
es “en la calle” y en la política donde las cosas se presentan de un modo muy
particular en Argentina; mucho más parecidas a las de México, Venezuela y El
Salvador que a las de Chile y Uruguay, para citar dos ejemplos de países
vecinos que disponen de distintas herramientas políticas e institucionales para
enfrentar sus problemas estructurales y los coletazos de la crisis mundial. La
corrupción institucional, corporativa y social así como la inseguridad y el
narcotráfico afectan a muchos países, pero no en todos alcanzan la dimensión
que van tomando en Argentina, cuya sociedad transmite la sensación de ir
perdiendo todos los rumbos de convivencia democrática, pacífica.
Abajo y arriba. El resumen de acontecimientos que merecieron
los grandes titulares de esta semana –sólo los grandes– es ejemplar. Abajo, en
“la calle”, sangrientos enfrentamientos entre barras bravas del fútbol –hubo
varias; la más grave, en Quilmes–; movilización de vecinos de Lanús y paro de
colectiveros por causa de asesinatos a mansalva (seis en 36 horas sólo en el
conurbano de Buenos Aires); un muerto en un nuevo enfrentamiento entre
sindicalistas de la Uocra; descubrimiento en Rosario de centenares de metros de
túneles construidos por una banda de narcotraficantes (al día siguiente el
secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe y su equipo reciben amenazas
de muerte en sus celulares); en Buenos Aires, un discapacitado que llevaba a su
mujer embarazada al hospital es golpeado salvajemente (le destrozaron la pierna
ortopédica), robado y arrojado desde un puente por un grupo de sindicalistas
portuarios.
Arriba, en las instituciones y la política, la Auditoría
General de la Nación (AGN) hace saber que en la última década los muertos y
heridos por accidentes en el ferrocarril suman 120 y 1.500, respectivamente;
los docentes siguen en huelga en ocho provincias; el juez Oyarbide asume
públicamente que detuvo el allanamiento a una financiera a causa de un llamado
desde el Poder Ejecutivo y que en lugar de presentarse en el sitio, dada la
gravedad del asunto, prefirió quedarse en “una fiesta muy agradable” (el kirchnerismo,
que controla el Consejo de la Magistratura, “postergó” el tratamiento de los
pedidos de jury subsiguientes) y, last but not least, el vicepresidente de la
Nación es fotografiado jugando al sudoku con su computadora mientras presidía
una importante sesión del Senado en la que el jefe de Gabinete supuestamente
exponía sobre esos hechos que acaparan los titulares y preocupan a la
ciudadanía.
Es interesante seguir la sucesión. El domingo pasado,
comentando desde esta misma perspectiva el anteproyecto de reforma del Código
Penal (Perfil, 9-3-14), resumí: “En las horas que siguieron a la difusión del
anteproyecto (…), un custodio del ministro de Economía fue herido de bala y un
narcotraficante colombiano ametrallado por un sicario en Buenos Aires. Un patrullero
policial fue incendiado frente a la casa del presidente del club El Porvenir en
Gerli y la vivienda del presidente de Chaco for Ever fue tiroteada en
Resistencia (en Lomas de Zamora, lo mismo le había ocurrido poco antes al
presidente de Los Andes). En la cárcel de Olmos se produjo una fuga y motín de
presos y en Rosario una ONG instaló 65 cruces en memoria de los asesinados en
lo que va del año”.
Descontrol y desgobierno. Es cierto que el resumen incluye
algunos hechos positivos, como el informe de la AGN sobre ferrocarriles (la
semana anterior la Corte Suprema había alertado sobre las dimensiones del
narcotráfico), y otros normales, como la huelga de docentes en reclamo por sus
derechos. Pero la AGN había advertido sobre los graves problemas del
ferrocarril un año antes del accidente de Once. Ahora cuenta los muertos y
heridos de la década, ya que ni el Congreso ni, sobre todo, el Poder Ejecutivo
han tenido en cuenta sus advertencias, en ese y otros rubros. En cuanto a la
Corte Suprema, hace ya rato que se pronunció por el pago del 82% a los
jubilados, y los jubilados siguen tan campantes.
Entretanto, el vicepresidente de la Nación, a quien esta
semana y la anterior nuevas pruebas comprometieron más en su participación en
el caso Ciccone –uno de los varios en los que está supuestamente implicado–
juega al sudoku mientras los medios, hasta los oficialistas, destacan esa serie
de hechos que van de la tragedia al esperpento, pasando por la locura asesina,
y que en conjunto muestran una sociedad en peligroso curso de desagregación y a
un gobierno que hace mal las cosas o las ignora. La oposición, por su parte, se
mueve entre la denuncia y el personalismo, cuando no en la politiquería. Ante
una problemática grave y compleja, sigue mostrándose incapaz de formular
propuestas concretas.
Así, cualesquiera sean las dimensiones de sus problemas
económicos y de las repercusiones de la crisis mundial, el aspecto más
preocupante de la Argentina de hoy es la desagregación social, la
“mafistización” política y económica y el derrumbe institucional, que acaban
por postrarla ante los problemas. El origen de la crisis es económico, pero su
resolución requiere de la política y la cohesión social.
La tentación es, pues, concluir con que “son semanas para
olvidar”, pero parece mejor la propuesta de recordarlas y de seguir la
evolución de acontecimientos de este tipo. Por lo que representan; por lo que
auguran. Porque nos ponen frente al espejo.
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