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| Amado Boudou recibió un nuevo revés judicial. |
Judiciales - La
Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes un pedido de la defensa del
vicepresidente Amado Boudou para que un juez de ese tribunal sea apartado de la
causa Ciccone, en la que hay una solicitud de sobreseimiento presentada por el
funcionario.
El abogado de Boudou, Diego Pirota, y el fiscal de Casación Javier
De Luca habían pedido este lunes por la mañana el apartamiento del juez Juan
Carlos Gemignani, por presunto prejuzgamiento y temor de parcialidad de parte
del magistrado.
Pero horas más tarde los jueces Gustavo Hornos, Mariano
Borinsky y Eduardo Riggi rechazaron la recusación al considerar que "no se
ha logrado demostrar suficientemente la sospecha de parcialidad" y que
"no se verifican puntos de sustento objetivo que conduzcan a la parte a
albergar dudas acerca de la incolumidad de la garantía a ser juzgado por un
juez o tribunal imparcial".
La defensa de Boudou y De Luca señalaron el temor de
parcialidad por parte de Gemignani, ya que el año pasado vinculó en un fallo a
Boudou con las amenazas que denunció Laura Muñoz de parte de su ex marido,
Alejandro Vandenbroele, a quien sindicó como el testaferro del vicepresidente.
Gemignani sostuvo en el fallo que las amenazas eran
"atribuidas además a un grupo que, en consideración al cargo público ostentado
por uno de sus integrantes, podía razonablemente asignársele una capacidad
operativa de significativa trascendencia", en clara referencia a Boudou.
Las partes sostuvieron que los dichos de Gemignani no se
vinculaban con lo que se debía resolver -la validez de pruebas, entre ellas el
testimonio de Muñoz- por lo que consideraron que el juez incurrió en
parcialidad.
Hubo "una ponderación global del voto del doctor
Gemignani que el sentido de su ponencia fue poner de relieve la motivación que
orientó a la testigo Laura Muñoz a declarar en la causa, según la percepción
subjetiva de la nombrada", sostuvieron los camaristas.
Agregaron que los dichos de Gemignani eran "simplemente
la opinión -expresada en el ámbito del proceso, y también públicamente- de una
persona que procuraba resguardo de su integridad física" (en referencia a
Muñoz), pero reconocieron que "la redacción y los giros idiomáticos
utilizados dan lugar a interpretaciones equívocas del sentido del voto".
Así, Gemignani fue confirmado para que junto a Hornos y
Borinsky, los jueces de la Sala IV de Casación, resuelvan la excepción por
falta de acción que la defensa de Boudou presentó para obtener su
sobreseimiento, al considerar que en la causa no hay pruebas en su contra a
pesar de que a principio de mes el fiscal de primera instancia Jorge Di Lello
pidió su indagatoria.
El pedido de Boudou contó con un dictamen de De Luca en el
que solicitó que se especifique la acusación contra el vicepresidente, ya que
la actual no estaría comprendida en los delitos de lavado de dinero y
negociaciones incompatibles con la función pública.
El vicepresidente contó con el apoyo político de Juliana Di
Tullio, jefa del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria,
quien dijo creer "absolutamente en la inocencia" de Boudou.
"Yo creo absolutamente en la inocencia del
vicepresidente de la República", dijo Di Tullio en diálogo con la radio Rock and Pop, y agregó que "las
instituciones funcionan perfectamente" y que "la Justicia está
haciendo su trabajo", a pesar de que "hubo un juicio previo a
Boudou" que no fue en tribunales.
Boudou está acusado de utilizar su cargo de ministro de
Economía para ayudar a levantar la quiebra de la empresa Ciccone para que quede
en poder de The Old Fund, un fondo de inversión manejado por Vandenbroele.
La familia Ciccone declaró en la causa que Boudou se
interesó en la empresa y que dispuso que las negociaciones las lleve su amigo y
socio, José María Núñez Carmona, sobre quien dijeron que los amenazó si no
vendía la empresa.
El fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, Núñez
Carmona, Vandenbroele, los Ciccone y el titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quien también participó del
levantamiento de la quiebra.
Tras el pedido, Boudou acudió en persona ante el juez de la
causa, Ariel Lijo, para ponerse a disposición y adelantarle que se iba a
presentar cada vez que lo cite, además de entregar dos escritos en el que negó
las acusaciones.
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