Kicillof y Costa anunciaron multas pero con una ley no reglamentada. |
Economía – A pesar de que el Gobierno decidió multar a
varios supermercados por no respetar el cumplimiento del programa “Precios
Cuidados”, esas sanciones no podrían ser aplicadas porque la Ley de Defensa de
la Competencia, sancionada en 1999, no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo.
En consecuencia, esa norma no está operativa, según explicó Héctor Polino,
titular de Consumidores Libres por lo que los súper sancionados recurrirán,
seguramente, a la Justicia.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de
Comercio, Augusto Costa, anunciaron este viernes sanciones para ocho
supermercados por incumplimientos del Programa Precios Cuidados, con multas por
hasta 1,3 millones de pesos.
Costa precisó que la sanción más alta fue aplicada a la
cadena Carrefour, y que también fueron sancionados los supermercados Día,
Walmart, Coto y Chango Más. Detalló también que desde el 27 de enero pasado
hasta la fecha, se realizaron 141 actas a supermercados y productores por infracciones
a las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial y que las 8
sanciones dadas a conocer esta tarde "son las primeras" que se
efectivizan en el marco del programa Precios Cuidados.
Sin embargo, la posibilidad de que los supermercados efectivamente
lleguen a pagar esas multas es muy baja.
Según explicó a LPO
Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, ante multas de este tipo, las
empresas tienen el derecho a imponer recursos de revocatoria administrativos
como una primera medida para dilatar el pago.
“Al agotarse esa primera instancia, van a la Justicia y si
pierden en primera instancia, van a la Cámara de Apelaciones, por lo que pueden
pasar años de trámites judiciales”, aseguró Polino. “Encima, las dependencias
jurídicas que tratan estos temas son especialmente lentas, y las causas
terminan siempre cajoneadas”, agregó.
Pero parte de la culpa de que esas multas nunca lleguen a
ser efectivas la tiene el propio Poder Ejecutivo.
Es que, según la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada
en 1999, las sanciones que impusieron Kicillof y Costa deben surgir del
Tribunal Arbitral creado por esa norma. Pero como ningún gobierno reglamentó y
puso en funcionamiento las instituciones creadas por esa ley, las empresas se
escudan en el argumento de que son multadas por una autoridad que no es
competente.
Existe un caso emblemático que surgió a partir de este
hecho: en 2009, Carrefour fue multado por no exhibir correctamente el precio en
góndola de una decena de sus productos. Cuando la cadena francesa llevó el caso
a la Justicia, los jueces resolvieron que el Ejecutivo no estaba capacitado
para labrar esa sanción, sino que debería surgir del Tribunal Arbitral de
Defensa de la Competencia. La multa quedó nula.
A partir de entonces, el fallo fue una fuente de
jurisprudencia obligada para los supermercados y otros comercios a la hora de
defenderse de sanciones impuestas por el Poder Ejecutivo.
En diálogo con LPO,
Polino llamó la atención sobre declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, en sus conferencias de prensa matutinas de las últimas semanas.
“Capitanich dijo que se iba a aplicar multas a las cadenas
que no cumplieran la ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la
Competencia. O sea que iba a aplicar una ley que no estaba operativa. Es
insólito”, afirmó.
Según Polino, a partir de entonces, el jefe de Gabinete dejó
de convocar la Ley de Defensa de la Competencia, al percatarse de que el
Ejecutivo aún debe su reglamentación.
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