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| Cristina Kirchner recibió el proyecto del nuevo Código Penal. |
Nacionales – Con penas de 2 años podría ser reprimido un
periodista que “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un papel
privado, un despacho telegráfico o de otra naturaleza”, según estipula el proyecto
del nuevo Código Penal que le presentaron a la presidenta Cristina Kirchner. Los
“papeles privados” permitieron
investigaciones en importantes casos de corrupción. Más prisión para los
trabajadores de prensa.
El nuevo Código Penal que la semana pasada le presentaron a
Cristina Kirchner deja abierta la posibilidad de la pena de prisión para los
periodistas.
El proyecto en el que estuvo trabajando la comisión de
reforma del Código al que accedió LPO estipula
en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que
“será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e
inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento,
registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo
comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.
Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese
inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de
Privacidad, respectivamente.
El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses
a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una
comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel
privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le
estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no
estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le
estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o
telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de
acceso restringido”.
Fueron justamente los “papeles
privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que
motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el
vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro
Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.
En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido
con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que
vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos
de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se
hiciere de registros no destinados a la publicidad”. Es decir, que el
periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a
la cárcel.
El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que
incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior
(el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario
público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.
“Publicación indebida”
El artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”,
reemplaza al 155º del Código Penal vigente (modificado por la ley 26.388), que
establecía únicamente penas económicas de hasta 100 mil pesos para las mismas
acciones que ahora tendrán una pena de prisión.
En tanto que el artículo 122 del nuevo Código, pena con la
cárcel a los funcionarios públicos que filtren información.
Este artículo, de “Secreto profesional y funcional”,
establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 10 a
100 días e inhabilitación por doble tiempo del de la condena, el que teniendo
noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un
secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”. En su
inciso 2, el artículo determina que “La misma pena se impondrá al funcionario
público que revelare hechos, datos, actuaciones o documentos que por ley
debieren quedar secretos”.
La comisión de reforma del Código Penal estuvo encabezada el
secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y el secretario de
Justicia, Julián Álvarez. Este último funcionario, de La Cámpora, fue quien
escribió la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo. El domingo pidió que
los jueces hicieran política.
De la comisión también participaron el excamarista León
Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo; la jurista María Elena Barbagelata,
del FAP, y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra. Desde el PRO adelantaron a LPO que van a hacer observaciones al
proyecto.
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