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| El gobernador Urribarri había avalado la mordaza a Internet. |
Nacionales - “El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido
respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta
circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo
alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido”, dijo el
ministro de Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez. En un comunicado, Báez
aseguró que el Gobierno “reconoce su equivocación y su error de juicio al pretender
regular el uso de Internet”.
“El ministro de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos,
Pedro Báez, quiere expresar que reconoce su equivocación y su error de juicio
al valorar el proyecto de resolución presentado con el objetivo de regular el
uso de internet y de las redes sociales en casos de conmoción social ya que el
mismo colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de
libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno”,
expresó el funcionario a través de comunicado.
De esta manera, Báez no dará curso en ningún caso a la
iniciativa y se disculpó ante los usuarios de la red de redes.
“El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las
libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que
nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo alguno podría empañar
toda una historia provincial en ese sentido”, indica la misiva.
Más allá de las disculpas ofrecidas, Báez sí pidió a los
usuarios de redes responsabilidad en el uso de las mismas sobre todo en
momentos de convulsión.
"¿Y si a través de las redes sociales se puede voltear
un gobierno constitucional? Pido que legislemos sobre la materia. Hay un vacío
legal", fue el argumento inicial del legislador provincial de Entre Ríos
Rubén Oscar Almará, al justificar el proyecto que impulsó con el respaldo del
gobierno de Sergio Urribarri para restringir el uso de las redes sociales en
momentos de “conmoción social”.
El proyecto ya contaba con la aprobación de Diputados de
Entre Ríos, y había sido ingresado a la Legislatura una semana después de que
en la provincia se multiplicaran los saqueos que dejaron dos muertos y que, en
muchos casos, fueron promovidos o festejados, pero también denunciados e
informados, a través de las redes.
Uno de los párrafos del proyecto reclamaba “solicitar al
Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a
establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y
restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a
bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que
fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana,
que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las
autoridades legalmente constituidas”.
La idea radicaba en que, eventualmente, la Secretaría de
Comunicaciones intime a “las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de
las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos”.
Informe: EC
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