martes, 5 de noviembre de 2013

Ratifican amparo y ordenan al Gobierno entregar copias de contratos con Diego Gvirtz

Diego Gvirtz, propagandista del
kirchnerismo.
JudicialesEl Gobierno nacional deberá entregar copias de contratos con la productora PPT (Pensado para Televisión) que pertenece al empresario ultrakirchnersita Diego Gvirtz. Esa productora es la que realiza los programas afines al Gobierno como 6,7,8 y TVR, entre otros. La acción de amparo había sido presentada por la periodista Mariel Fitz Patrick para acceder a esos contratos por considerarlos de interés público, pero el pedido le fue negado por la Jefatura de Gabinete.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el amparo que ordenó al Estado Nacional entregar copia de contratos del Gobierno con la productora Pensado Para Televisión (PPT), de Diego Gvirtz, que realiza los programas afines al kirchnerismo 6,7,8, y TVR, entre otros.

De esta manera, los camaristas confirmaron la decisión de la jueza en primera instancia María José Sarmiento, quien hizo lugar a un pedido de la periodista Mariel Fitz Patrick, que integra el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata. La acción había sido iniciada con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Mariel Fitz Patrick le había solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de un pedido de información pública, copia de los contratos celebrados entre Radio y Televisión Argentina S.E. y la productora "Pensado Para Televisión" correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.

El 17 de enero de 2013, la Jefatura de Gabinete le informó que para poder acceder a esa información debía demostrar un "interés legítimo".

La jueza Sarmiento adhirió a los argumentos ofrecidos por el fiscal Fabián Canda, quien consideró que al tratarse de un pedido de acceso a la información es de aplicación el reglamento contenido en el decreto 1172/03, firmado por Néstor Kirchner, y que establece que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a acceder a información pública.

Ese decreto expresamente establece que no es necesario "acreditar derecho subjetivo o interés legítimo".

Informe: LN

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