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| Pablo Kosiner respaldó la ley de Responsabilidad del Estado. |
La oposición critica
que se elimine del nuevo Código Civil este principio fundamental por lo que no apoyará el
proyecto oficialista.
Salta - El
vicepresidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria,
Pablo Kosiner, respaldó el proyecto de ley sobre Responsabilidad del Estado que
cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación General y
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
“La obligación del Estado de responder por los perjuicios
que cause en el ejercicio de sus funciones administrativas, sea los daños que
deriven de su actividad lícita o ilícita se fundamenta en los principios que
inspiran y dan sustento al Estado Social y Democrático de Derecho”, indicó
Kosiner.
El legislador salteño valorizó como un gran avance esta
iniciativa del Poder Ejecutiva Nacional destacando que “el acompañamiento de
nuestro bloque obedece a la necesidad de regular normativamente por primera vez
una cuestión que hoy sólo tiene una construcción jurisprudencial y
analógicamente remite a situaciones regidas por el Derecho Privado”.
Dentro de este marco Kosiner planteó que “la materia de
Responsabilidad del Estado es claramente perteneciente al Derecho Público, por
lo cual reivindicamos la autonomía de su tratamiento respecto al Derecho
Común”.
“Esta ley será de aplicación para el Estado Nacional,
quedando reservadas a las provincias la facultad de adhesión o dictado de sus
propias normas”, finalizó Kosiner.
Rechazo de la
oposición
Encabezados por los socialistas Rubén Giustiniani y Juan
Carlos Zabalza, los legisladores del FAP anticiparon que rechazarán en ambas
cámaras los proyectos de ley de reforma del Código Civil y Comercial y de
responsabilidad del Estado.
Mediante un comunicado, calificaron de “grave mutilación”
las modificaciones introducidas al Código Civil y Comercial y definieron como
“inaceptable” la decisión del oficialismo de “restringir la responsabilidad del
Estado por los daños que su accionar le cause a los particulares”.
Los legisladores advirtieron que con la sanción de estos
proyectos “se consumará una clara restricción a las demandas contra el Estado,
que contradice a los principios constitucionales, los criterios
jurisprudenciales y pactos y tratados internacionales, que consagran la
reparación integral de los daños”.
“Así como rechazamos la ley de limitación de medidas
cautelares porque dejaba indefensos a los ciudadanos frente a actos ilegítimos
de los funcionarios, entendemos que el cercenamiento de la responsabilidad del
Estado, introducido por el gobierno al proyecto original, significa un claro
retroceso en esta materia”, señalaron.
Por su parte, la senadora por Mendoza Laura Montero explicó
que “la forma en que se plantea el tratamiento del proyecto de unificación es
inadmisible, ya que pretende evitar que quede a la luz el atropello a los
derechos individuales de todos los ciudadanos; sobre todo los que refieren a
los más pobres y necesitados, al suprimir la acción de clase que permitiría
proteger -de modo mucho más ágil- a todos aquellos que estén en la misma
situación, que cuando el reclamo lo intenta hacer solo uno de ellos. Esta
posición es la que obliga, por ejemplo, a los jubilados a llegar uno a uno a la
Corte”.
“Por otro lado -dijo Montero- esconde un retroceso fenomenal
al borrar del código los principios de responsabilidad del Estado que a nuestra
Corte les llevó 100 años elaborar y también al eliminar la responsabilidad de
los funcionarios; un pilar fundamental de la República. Pero hay algo peor, el
Estado que pretende el oficialismo no solo es irresponsable sino también
inembargable”.
Laura Montero sostuvo que el cuadro de situación es peor aún
cuando advierte “el intento de la comisión bicameral de eliminar -como fuente
del derecho- la jurisprudencia, sacando de un plumazo la importante función de
control que tiene el Poder Judicial”.
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