 |
| Mario Fiad presentó un proyecto de Ley de Derribo de aviones "hostiles". |
Nacionales – El diputado nacional jujeño Mario Fiad
sugirió un régimen integral de lucha contra el narcotráfico incluyendo en su
proyecto el derribo de la aeronave“hostil” para el país. Las
iniciativa de Fiad se suma a otras ya presentadas y que, incluso, perdieron
estado parlamentario por la negativa del oficialismo a ser tratadas. Las
iniciativas vuelven a entrar en discusión ante la
negativa oficialista que no tiene respuestas para la lucha contra el
narcotráfico.
Periódicamente en el Congreso vuelve a desempolvarse la
cuestión de la Ley de Derribo, como uno de los mecanismos para enfrentar el
ingreso de droga al país. Pasan los años y suelen ingresar a ambas cámaras
iniciativas de ese tipo, generadas a partir de diferentes sucesos que reactivan
su tratamiento. Hace tiempo también que el entonces ministro y hoy senador
nacional Aníbal Fernández se mostró contrario a la aplicación de esa norma,
exteriorizando así la postura oficial del kirchnerismo respecto a este tema.
Lo cierto es que la Ley de Derribo no es algo que prenda
entonces dentro del oficialismo. Una revisión realizada por parlamentario.com
permitió determinar sin embargo que hubo legisladores de ese sector que
presentaron un proyecto de tales características. Se trata de los diputados
misioneros del FpV Miguel Angel Iturrieta y Lia Fabiola Bianco, quienes en 2009
presentaron una iniciativa sugiriendo la modificación del artículo 24 de la Ley
17.285, Código Aeronáutico, sobre violaciones del espacio aéreo por parte de
aeronaves públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Esa iniciativa presentada en agosto del mencionado año
establecía que una aeronave podría ser “pasible del uso de medidas disuasorias
por parte de la autoridad aeronáutica”, en una serie de situaciones que incluía
la violación de las prescripciones nacionales; o si fuese sorprendido arrojando
elementos dentro del territorio nacional en infracción a la normativa vigente
en la materia; si invadiera el espacio aéreo argentino sin respetar los
corredores establecidos; si se requiriese la verificación de los certificados y
documentación de la aeronave; si se requiriese la verificación de la carga o
portación de equipamiento ilegal; o si se requiriese la averiguación de
posibles ilícitos.
En esos casos enumeraba una serie de reglas que debería
cumplir la autoridad y recién en séptimo lugar podrían “disparar como
advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para que sean
visibles los proyectiles”, estableciendo en el siguiente punto que “agotados
todos los medios coercitivos legalmente previstos en la normativa nacional e
internacional, la aeronave será clasificada como hostil, quedando sujeta a
medidas de destrucción o derribo, luego de la autorización del presidente de la
República o la autoridad por él delegada”.
Esa iniciativa quedó perdida en el tiempo. Este año hubo
tres proyectos presentados sobre el tema. El más reciente es del diputado
Alberto Asseff, quien lo presentó a fines de octubre, repitiendo exactamente la
metodología del proyecto de los diputados del FpV. En junio, el jujeño Mario
Fiad sugirió un régimen integral de lucha contra el narcotráfico. La
iniciativa, que lleva las firmas de los radicales Forte, Rogel, Yagüe, Negri,
Alfonsín, Maldonado, Biella Calvet, Tunessi, Benedetti, Giubergia, Bazze y
Casañas, establece en su capítulo II un Sistema Integral de Vigilancia y
Control Aeroespacial, “cuya función es garantizar la inviolabilidad de la
frontera y del espacio aéreo”.
A la hora de citar las medidas de intervención, se establece
que las advertencias a la aeronave en cuestión deben darse en al menos de tres
oportunidades y “en caso de persistir su actitud de desobediencia a las órdenes
impartidas, será pasible del protocolo de inutilización o derribo”. Declarada
hostil y sujeta a medidas de derribo o destrucción, debe existir la
autorización del presidente de la República o de la autoridad por él delegada
en el máximo nivel jerárquico del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina.
En marzo de este año, el diputado del Pro Julián Obiglio
presentó un proyecto para crear el Plan Nacional de Protección Aérea de la
Frontera Norte. En rigor, repitió su iniciativa de 2011, que establece que “en
caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la
declarará hostil y se le efectuarán disparos de derribo para su destrucción”.
Aclaraba además que “en cualquier momento del proceso, si la aeronave
sospechosa demostrase hostilidad hacia el interceptor, este último podrá hacer
fuego defensivo sin importar en que etapa del proceso de intercepción se
encontrase”.
Francisco de Narváez ha sido uno de los dirigentes que más
ha insistido los últimos días con el tema, mencionando su propio proyecto. En
efecto, el 22 de marzo de 2012 volvió a presentar un proyecto de 2010, junto a
los diputados Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro y Walter Aguilar, para
establecer un régimen de Defensa Nacional contra Amenazas Aéreas. Ya en su
primer artículo, el proyecto establece la denominación “aeronave hostil” a
aquellas que invadiesen el espacio aéreo según determinaciones comunes con las
iniciativas ya mencionadas, y detalla siete “medidas disuasorias”, agotadas las
cuales, la aeronave “quedará sujeta a medida de destrucción o derribo, mediando
la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada
en el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, o el
comandante de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Más atrás en el tiempo, el diputado radical chaqueño Carlos
Urlich presentó junto a sus correligionarios Agustín Portela, Pablo Orsolini,
Miguel Giubergia y Juan Pedro Tunessi, un proyecto para crear el Régimen para
la Intercepción y Control Aéreo del Narcotráfico. En el mismo establece en su
primer artículo que “toda incursión aérea en operaciones de tráfico de drogas
se considerara como una violación a la soberanía de la Nación y a su integridad
territorial, debiendo ser tratado como acto de agresión”. Respecto a la
intercepción, detalla el perfil que debe tener una aeronave para ser
considerada sospechosa y advierte luego que “en toda aeronave declarada
sospechosa el piloto interceptor deberá asegurarse que no haya niños dentro de
la misma”, aclarando que “si lo hubiere las acciones de derribo serán
improcedentes”.
Entre las medidas de indagación, sugiere el reconocimiento a
distancia, consistente en “registrar por medio de fotografías o filmaciones
tomadas en forma discreta y a distancia, las características de la aeronave
sospechosa, matriculación y tipo de aeronave”. El proyecto detallaba en su
artículo 8° las condiciones de derribo, el cual debía registrarse en grabación
sonora, cintas de videos digitalmente o por cualquier otro medio
tecnológicamente factible y confiable”. Esas grabaciones debían evidenciar que
se hubieran cumplido todos los protocolos. El derribo, a la postre, debería
ejecutarse en lugares de baja densidad poblacional.
El radical correntino Rodolfo Fernández presentó en mayo de
2010 un proyecto sobre el uso de medidas disuasorias a las aeronaves, que tiene
más o menos los mismos requisitos que las otras iniciativas, en tanto que el
entonces diputado y actual senador por Corrientes José María Roldán presentó
junto a su comprovinciano José Arbo en septiembre de 2009 una iniciativa en el
mismo sentido y con similares características, basado en “las frecuentes
violaciones a nuestro espacio aéreo especialmente en las zonas conocidas como
áreas de frontera, gran parte de las cuales están desprotegidas totalmente
frente al peligro diario de vuelos de aeronaves de pequeños porte que surcan el
cielo argentino, sin ningún tipo de control”.
Los proyectos en el
Senado
En la Cámara alta, el senador Eugenio “Nito” Artaza presentó
un proyecto de ley estableciendo el derribo de aviones ilegales, categoría que
corresponde a las aeronaves que “al ingresar al espacio aéreo de la República
Argentina se negase a identificarse ante autoridades aéreas tanto civiles como
militares”, o aquellas que realicen vuelos “violando normativas nacionales o
internacionales” o las que invadiesen el espacio aéreo “no respetando los
corredores establecidos por el Control de Tráfico Aéreo y la obligatoriedad de
aterrizar en aeropuerto internacional”. El proyecto detalla que la Fuerza Aérea
debe obligar a la aeronave hostil a aterrizar, y en su artículo 6° detalla que
agotadas todas las medidas disuasorias se debe proceder al derribo, previa
autorización pertinente.
A diferencia de otras iniciativas, sugiere en otro artículo
implementar “un mecanismo de coordinación con los países limítrofes, ya sea en
el ingreso y egreso de este tipo de aeronaves clandestinas, tendientes a
proceder de igual manera si una nave fuese advertida en el país vecino e
ingresara a la Argentina o viceversa”.
Otro radical, el formoseño Luis Petcoff Naidenoff, presentó
en marzo de este año un proyecto de “derribo de aviones ilegales”, muy similar
a los ya descriptos por otros legisladores. Hay que remontarse luego al año
2005 para encontrar otro proyecto sobre el tema, pero ya no para crear una ley
de derribo, sino para pedir explicaciones. Correspondió a un senador radical ya
fallecido, Luis Falco, quien pidió información referida a la facultad para el
derribo de aviones en el marco de la celebración de la IV Cumbre de las
Américas, ante la controversia surgida en esa oportunidad entre los ministerios
de Defensa y de Relaciones Exteriores, respecto a la facultad para el derribo
de aviones que volaran sin autorización en el espacio aéreo nacional en el
marco de ese evento.
0 comments :
Publicar un comentario