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| Por Gabriel Profiti |
En física, cuando las fuerzas se contrarrestan, un cuerpo
puede seguir en movimiento pero pierde aceleración. Esa tendencia al equilibrio
describe el nacimiento del nuevo Código Civil y Comercial, que al ser jaloneado
por actores de peso en la polea del poder, perdió buena parte de su espíritu
original.
En otras palabras, el texto actual fue fruto del tironeo del
Ejecutivo, la Iglesia Católica y sus redactores, encabezados por el titular de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti.
Pero también de la cambiante relación de fuerzas entre
ellos. Es difícil establecer si hay ganadores y perdedores de la contienda que
se desató en el último año y medio en torno a la reforma y unificación de los
códigos, pero está claro que perdió algo del impulso innovador que buscó
imprimir Lorenzetti.
Fue central en el freno, la entronización de Jorge Bergoglio
como jefe de la Iglesia Católica. De hecho, desde que el entonces arzobispo de
Buenos Aires llegó al trono de Pedro, Lorenzetti perdió todo contacto con el
proyecto hasta que el oficialismo lo hizo público el último jueves en el
Congreso.
Hasta esa interrupción, los juristas habían estado
debatiendo modificaciones con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el ministro
Julio Alak, con la supervisión del secretario de Legal y Técnica y arquitecto
jurídico del Gobierno, Carlos Zannini.
Con Bergoglio en el Vaticano, el texto pasó a dominios de
Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados y católico consustanciado,
quien fue encomendado por la Presidenta para atender las demandas de la
jerarquía eclesiástica.
Desde ese momento, comenzaron a ser más permeables a los
cuestionamientos de los obispos, que ya en abril de 2012 habían difundido un
duro documento sobre el Código en ciernes. Los prelados había puesto la mira en
la permisividad de criterios de la fertilización asistida, particularmente el
alquiler de vientres, y en "el status o situación jurídica" de los
embriones no implantados en el seno materno, que para la Iglesia son vida
humana.
Además objetaron "la casi absoluta equiparación"
de la "unión convivencial" con el matrimonio, la fecundación post
mortem y el denominado divorcio exprés. Al cabo, estos tres últimos siguen en
el proyecto presentado en la Comisión Bicameral que preside la diputada Diana
Conti, pero el alquiler de vientres se eliminó y la situación de los embriones
no implantados será objeto de una ley posterior.
¿Habrá jugado algún rol la decisión de la Corte Suprema de
declarar constitucional la Ley de Medios, para que las concesiones fueran menos
que las prometidas?
En el propio oficialismo quedaron claro las diferencias
entre sectores más progresistas y aquellos, del peronismo clásico, más
propensos a atender reclamos de la Iglesia. Hace unas tres semanas, Domínguez
juntó al bloque del FPV para anticipar que los cambios de la Iglesia serían, en
parte, atendidos. En esa reunión también se planteó dejar temas espinosos como
el de los embriones para leyes complementarias.
Estaba junto a él, el secretario de Culto de la Nación,
Guillermo Oliveri, quien sin embargo, pidió que en el proyecto se incluyera la
personaría religiosa para otros credos.
El trípode sobre el que se apoyaron las objeciones de la
institución católica fueron el propio Francisco, José María Arancedo,
presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Carlos Malfa, obispo de
Chascomús, nombrado por la CEA para el seguimiento del nuevo Código.
Malfa se encontraba en Roma cuando el proyecto fue
presentado el jueves pasado, pero el oficialismo se preocupó en que estuviera
al tanto. Si bien el sector más duro de la Iglesia manifestó inmediatamente su
disconformidad, los responsables de ofrecer una reacción orgánica se
encontraban abocados al análisis de la versión final antes de dar a conocer su
posición.
Responsabilidad del
Estado
El anteproyecto lleva el sello de Lorenzetti pero la versión
final era desconocida para él hasta el mismo jueves. Por lo pronto, el
oficialismo sacó del Código y envió un proyecto por separado para limitar la
responsabilidad del Estado. Este punto, polémico, ya había generado tensión
entre ambos poderes.
El proyecto exime al Estado y a sus funcionarios de
responsabilidad civil. Si es aprobado, el Estado ya no debe ser contemplado
como un particular más. Las demandas ahora irán al fueron contencioso
administrativo.
Tras la redacción del dictamen, Lorenzetti evitó un
pronunciamiento público. Sin embargo, dejó entrever su malestar en algunas
actitudes: por lo pronto, no garantizó de inmediato su asistencia a los debates
de la Comisión Bicameral previstos para la semana próxima, junto a los otros
redactores del proyecto, Elena Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer.
Kemelmajer regresa el lunes del exterior. En ese momento,
los tres se sentarán a hacer una análisis de los cambios a los más de 2.600
artículos del texto que alumbraron el 27 de marzo de 2012.
Por lo pronto, Lorenzetti había dejado entrever su malestar
con el apuro que el oficialismo busca imprimirle al proyecto en su tramo final.
Es la misma crítica que expresaron sectores de la oposición, particularmente la
UCR y el PRO.
En respuesta el oficialismo dio a conocer el largo derrotero
que tuvo el debate desde el decreto que firmó el Ejecutivo el 23 de febrero de
2011, con reuniones en el Congreso y 16 audiencias públicas en el interior del
país. Es cierto, no obstante, que hay poco tiempo para debatir sobre el texto
final.
Después de las exposiciones de Alak y Álvarez el lunes y la
de los juristas el martes, el miércoles se espera que obtenga dictamen en el
Senado y luego pase a Diputados, donde sería tratado en el período de sesiones
extraordinarias.
Sucede que las mayorías del Frente para la Victoria y sus
aliados se estrecharán luego de esa fecha, cuando el Congreso mostrará su nueva
composición post elecciones legislativas.
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