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| Diputados aprobó el proyecto de responsabilidad del Estado. |
Nacionales - El
Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados se alzó con 129 votos
positivos y logró la media sanción al proyecto de responsabilidad del Estado
impulsado por la Casa Rosada, al cabo de una discusión que duró más de ocho
horas.
La iniciativa oficial fue rechazada por todo el arco opositor,
que reunió 105 votos en contra y denunció que la propuesta busca “proteger” a
los funcionarios del Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Diana Conti, encabezó la defensa al proyecto. “Estamos protegiendo al Estado representante
del bien común, del interés general, de la ambición de la patria pleitera que
tanto ha agraviado a esta Nación”, afirmó enérgica, en alusión a lo que
comúnmente se conoce como “industria” de las denuncias contra el Estado.
Asimismo destacó que “se trata de llenar un vacío normativo,
abordando por primera vez en la historia legislativa una ley que regula la
responsabilidad patrimonial del Estado no solo por los daños que produzca por
los frutos de su actividad legítima”, sino también cuando por una “actividad
ilícita, produzca un daño que el ciudadano no tiene porqué soportar”.
Sobre este mismo punto, el vicepresidente del Frente para la
Victoria, Pablo Kosiner, sostuvo: “Lo importante de esta ley: sociabiliza el
conocimiento, democratiza la Justicia, clarifica el mismo criterio de
conocimiento sobre cuál es la norma que rige la responsabilidad del Estado”.
En cambio, el pleno de la oposición coincidió que la
iniciativa busca “proteger” a los funcionarios del Ejecutivo de, precisamente,
sus “irresponsabilidades”. “Es una ley de autoamnistía”, advirtieron Elisa
Carrió y “Pino” Solanas, del frente porteño Unen.
A lo largo de toda la sesión la tropa kirchnerista apuntó
contra los juicios contra el Estado. “El Estado debe ser protegido de los
abusos de los grupos poderosos y de quienes lucran indebidamente con la
maquinaria de juicios contra el Estado”, consideró Carlos Raimundi (Nuevo
Encuentro), mientras que Andrea García (FpV) criticó a quienes quieren
“otorgarle una responsabilidad infinita” al Estado.
El rionegrino Hernán Avoscán recogió el guante y embistió
contra los abogados que buscan “la culpa del Estado para aumentar la comisiones
que cobran”.
Sin embargo, el massista Felipe Solá aseguró que “si existe
patria pleitera es porque existe una patria dentro del Estado que juega para
los pleiteros, que son responsabilidad de los funcionarios políticos del
Estado”. “No hay patria pleitera sin patria traidora dentro del Estado que le
abre la puerta”, contraatacó.
En la que sería su última sesión como diputado, Ricardo Gil
Lavedra resumió la postura del radicalismo y aseguró que la iniciativa “no es
defensora de los derechos humanos” y “consagra una desigualdad jurídica
irritante” al romper con el principio de la “igualdad ante la ley”.
"No es posible establecer una discriminación de
carácter odiosa frente a si el damnificado es el Estado o el ciudadano; esta
concepción es absolutamente incompatible con las convenciones que firmó
Argentina en materia de derechos humanos”, agregó.
La sesión especial convocada por el Frente para la Victoria
comenzó a las 15.57 con la presencia de 131 legisladores oficialistas y
aliados, esto es, 2 más del quórum que habilita el proceso de deliberaciones.
También bajaron al recinto los diputados opositores que
responden al senador Adolfo Rodríguez Saá, además de Mauricio Ibarra (Unión por
San Juan), el correntino Rodolfo Fernández (ex UCR) y el fueguino Jorge Garramuño
(Movimiento Popular Fueguino).
El proyecto
El polémico proyecto obtuvo dictamen de mayoría la semana
pasada, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, con la sola firma del Frente para la Victoria y bloques
aliados.
Una de las críticas principales de la oposición recae en que
la regulación haya sido excluida del proyecto de Código Civil y Comercial, bajo
el argumento oficial de que corresponde al ámbito del derecho administrativo.
En este sentido, la UCR, el FAP, el Frente Renovador y el
Pro advirtieron que el ciudadano vería limitado su derecho de demandar al
Estado por la vía administrativa. El oficialismo, en cambio, asegura que recoge
una vasta jurisprudencia para derivar los casos a este fuero.
En rigor, el proyecto del nuevo Código redactado por los
juristas contemplaba la responsabilidad del Estado en los artículos 164, 165 y
166, pero el kirchnerismo decidió apartarlos de su propuesta para sancionarlos
con una ley especial.
El proyecto de responsabilidad del Estado establece en su
artículo primero que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la
responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y agrega que “la
sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y
funcionarios”.
Además, estipula que el particular tendrá un plazo de tres
años para demandar al Estado “en los supuestos de responsabilidad
extracontractual”, mientras que la posibilidad de demandar a funcionarios y
agentes públicos prescribiría a los dos años.
El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió modificaciones
por iniciativa de los diputados oficialistas Héctor Recalde y Mario Pais.
Gracias a una de ellas se incorporó un artículo aparte para agregar la
responsabilidad del Estado en su carácter de empleador.
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