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| La Corte de Justicia norteamericana analiza el rol de M.Benz en la dictadura. |
En este caso, 22 demandantes -21 argentinos y un chileno-
exempleados o familiares de difuntos que trabajaron en la fábrica de Mercedes
Benz en Argentina, acusan a la directiva de la empresa alemana de haber
colaborado con la dictadura argentina durante la "guerra sucia",
entre 1976 y 1983.
Los demandantes señalan que los responsables de
Mercedes-Argentina habían identificado a los empleados resistentes o
agitadores, los denunciaron al régimen y permitieron violentas incursiones
policiales, arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones de empleados
probablemente ejecutados de forma sumaria.
Los jefes de la policía responsables de estas redadas fueron
entonces empleados por Mercedes como jefes se seguridad para cubrir sus actos,
según la demanda colectiva.
Los demandantes invocan dos leyes estadounidenses para
obtener daños y perjuicios de la casa matriz de Mercedes: la ley de protección
de víctimas de torturas (TVPA) y un viejo texto de hace más de dos siglos,
conocido como "Estatuto de Agravios" (Alien Tort Statue, ATS), que
autoriza a los extranjeros a demandar en los tribunales estadounidenses por
cuestiones relacionadas con la violación del derecho internacional.
Conocida por su benevolencia con el mundo empresarial, la
Corte Suprema, de mayoría conservadora, examina por segunda vez en un año la
responsabilidad en suelo estadounidense de compañías extranjeras sospechosas de
infracciones del derecho internacional cometidas fuera de sus fronteras.
En la pasada primavera boreal, los nueve magistrados que
forman la Corte otorgaron la razón al gigante petrolífero Shell, acusado de
complicidad en las infracciones contra los derechos humanos en Nigeria, y no
dio instancia a los demandantes que reclamaban que el grupo holandés-británico
respondiera por sus actos en Estados Unidos.
La Corte esperó a tomar esta decisión, el 17 de abril, antes
de examinar el recurso de Daimler AG, que había obtenido éxito ante un tribunal
de primera instancia pero que fue desestimado por una corte de apelaciones de
California (oeste), donde el grupo tiene una filial al 100%.
Apoyada por organizaciones y grandes empresas, bancos y
corporaciones en Alemania y en Europa, pero también por el gobierno de Obama,
Daimler alega que "no tiene ninguna conexión con Estados Unidos".
Los demandantes por su parte sostienen que Daimler ostenta
la totalidad de Mercedes Benz-EEUU, con sede en California, donde Mercedes
comercializa los autos de la casa matriz en el oeste estadounidense. Daimler
gana "miles de millones de dólares cada año al vender sus autos de lujo en
California", señalan en el documento presentado ante la Corte.
"La cuestión que se plantea a los jueces (de la Corte
Suprema) es hasta qué punto este vínculo es significativo" para permitir
procesos judiciales en Estados Unidos, comenta Lyle Denniston, experta del
sitio especializado ScotusBlog.
En su fallo, la corte de apelaciones de San Francisco estimó
que "los tribunales estadounidenses tienen un gran interés en tratar los
abusos internacionales de los derechos del hombre".
"Cuando empresas como DaimlerChrysler -nombre de
Daimler AG antes de que vendiera su participación en la empresa estadounidense
Chrysler- trabajan en tándem junto a violentos dictadores, militares e incluso
organizaciones terroristas, jugando un papel en las horribles violaciones de
derechos humanos, deben rendir cuentas", declaró Misty Seemans, de la
organización EarthRights International, que presentó una moción de apoyo a los
demandantes.
La organización de defensa de derechos humanos, que se
preocupa por una "tendencia desconcertante de la Corte Suprema favorable a
las empresas", con un 61% a favor de éstas en los últimos cinco años,
estima que "si la Corte acepta el argumento de DaimlerChrysler, otorgará a
las multinacionales extranjeras una enorme ventaja sobre nuestras empresas: la
autorización de disfrutar de todos los privilegios de hacer negocios en Estados
Unidos con la garantía de no ser perseguidos".
El gobierno del presidente Barack Obama opina, al contrario,
que permitir que las empresas extranjeras sean procesadas judicialmente
"podría afectar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y sus
intereses económicos y comerciales".
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