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| Sabbatella no pudo explicar los plazos de desinversión. (Foto: Télam) |
Más allá del triunfo político que significó el fallo de la
Corte Suprema para el Gobierno nacional, la declaración de constitucionalidad
de la Ley de Medios abre una serie de interrogantes acerca de los plazos de
desinversión que tendrá el Grupo Clarín.
Martín Sabbatella, el titular del AFSCA, dio una extensa
conferencia de prensa en donde fue consultado reiteradas veces acerca de cómo
será el proceso de adecuación del Grupo Clarín pero no logró aportar claridad
acerca de los tiempos en que se pondrá en marcha esa adecuación.
“Vamos a darle continuidad al proceso de adecuación, a
continuar con los mecanismos que establecimos desde el AFSCA. Incorporamos a
Clarín al mecanismo que estableció el AFSCA de oficio”, señaló Sabbatella.
“Clarín tiene que adecuarse a los tiempos y procedimientos que establece el
AFSCA, sujetarse a lo que establece el procedimiento del organismo”, continuó
el funcionario ante la insistencia de los periodistas de medios del Grupo
Clarín o de los más cercanos al Gobierno, desorientados por igual.
El ex intendente de Morón no quiso hablar de plazos, pero
dijo que el procedimiento establece una serie de pasos: “Notificación,
tasación, selección de bienes que se van a concursar, concurso, adjudicación y
el nuevo titular haciéndose cargo de las licencias”. Según explicó, el Grupo
Clarín ya fue notificado pero una medida cautelar frenó el proceso.
“La discusión judicial terminó, ya está, no hay más
instancias. Cuatro años esperamos esto”, se quejó Sabbatella. La Corte
determinó que los plazos están vencidos. El AFSCA planteó los plazos para la
adecuación voluntaria y la de oficio. En Clarín se aplicó la adecuación de
oficio, que estaba suspendida y ahora se vuelve a aplicar”, insistió.
Los nuevos escenarios
de lucha
En diálogo con LPO,
el abogado Alejandro Pereyra dio su visión acerca de las implicancias
operativas del fallo de la Corte. Pereyra fue designado por el Frente Amplio
Progresista para ocupar el lugar que le corresponde a esa fuerza en el
directorio del AFSCA, pero fue impugnado por organismos cercanos al
kirchnerismo y ese puesto nunca se ocupó.
Según Pereyra, a partir de ahora empieza a aplicarse lo que
establecen los artículos 50 y 52 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual ante la extinción de la licencia o la recomposición societaria.
En este caso, considerado por el abogado como “el camino
racional”, el grupo Clarín debería presentar un plan para adecuarse a la ley en
un plazo de 60 días corridos. Pero hay otro camino, que Pereyra define como
“irracional”, y es que el AFSCA se apoye en el artículo 108 y declare la
caducidad de la licencia basado en alguna de las faltas que establece la norma.
En ambos casos –sobre todo en el segundo-, el Grupo Clarín
tiene la puerta abierta para volver a judicializar el tema y se volvería a la
pelea en los Tribunales. Como bien dejó en claro la Corte, la declaración de
constitucionalidad “no quiere decir que, si en la etapa de la aplicación se
afectara la libertad de expresión hubiera una distribución discriminatoria de
la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora no pueda ejercer sus
derechos”.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y
profesor universitario, dio su visión del tema a través de su cuenta de Twitter
y sostuvo que en los argumentos de la Corte en todo momento deja en claro que
Clarín podrá seguir litigando si se siente afectado en sus derechos por la
aplicación de la Ley.
“La Corte aclara que los planteos críticos a la aplicación
discrecional de la ley tampoco son objeto de esta causa (lo que abre,
claramente, una etapa posterior de “foquismo” con causas q cuestionarán la
-mala, a mi juicio- aplicación de la ley)”, escribió Becerra. “Este es el
último fallo sobre la ley (aunque es posible que Clarín intente llegar a la
Corte Interamericana DDHH), pero este no es el fin de los litigios: la
judicialización pasa de la etapa de la ‘guerra abierta’ al ‘foquismo’”, agregó.
“El foquismo será administrativo y judicial, a partir de
cómo se implementa la letra de la ley, siendo esta constitucional. El foquismo
tendrá 2 ejes: valoración económica (indemnización) y discriminación de trato
por el gobierno a distintos grupos concentrados”, finalizó Becerra.
El abogado y profesor de Derecho Gustavo Arballo escribió en
su blog que el fallo “le da una base (a Clarín) para judicializar los actos
administrativos”. Arballo denomina este escenario como el de “las demandas de
segunda generación, que pueden reabrir procesos y eventuales arbitrajes
judiciales a escalas menores”.
Y agrega: “La principal incógnita es qué va a pasar con el
período de presentación del plan de adecuación que para la AFSCA está vencido.
Leyendo entre línea: la Corte sabe que el AFSCA tiene ese criterio y si no dijo
algo distinto es que tácitamente lo avaló. Tal vez Clarín intente presentar
adecuación ahora alegando que la cuestión estuvo litigada hasta hoy, pero su
mejor escenario hoy es hacer algo que nunca quiso hacer: adecuarse”.
El comunicado del Grupo Clarín parece ratificar la mirada de
los especialistas. “En cumplimiento del fallo, el Grupo Clarín exigirá, en las
instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se
adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y
solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo
expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente
cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”, señala la nota.
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