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| Por Gabriel Profiti |
La inseguridad ha sido a lo largo de la última década de gobierno un drama sin solución en el país y desde 2006 desplazó al desempleo o al temor a perder el trabajo como la principal preocupación de los argentinos.
La problemática se instaló rápidamente en la agenda política
del kirchnerismo a partir del asesinato de Axel Blumberg en 2004, caso que
derivó en reclamos multitudinarias y en la promoción de políticas de
endurecimiento contra los delincuentes.
Pese a las mejoras en las condiciones socioeconómicas
registradas en los últimos años, los índices de delitos se mantuvieron o
crecieron y la llamada sensación de inseguridad tuvo el mismo recorrido en la
población.
La Argentina no es una isla. Lo que el Barómetro de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina y otros encuestadores locales miden
desde hace varios años también lo detectó la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para la región.
"Por primera vez en décadas, en los países de América
Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal
preocupación para la población", señalaba la CIDH en un informe presentado
en noviembre de 2010.
De hecho, la tasa de delitos y homicidios en la Argentina es
sensiblemente menor que en otros países de la región.
Elecciones
Lo novedoso ahora es que la inseguridad parece haber sido
uno de los factores decisivos del revés electoral del kirchnerismo en las
primarias. Por lo menos así lo constató en la provincia de Buenos Aires Daniel
Scioli, en una ronda de consultas con los intendentes de su signo político.
No por casualidad el emergente de esa coyuntura haya sido
Sergio Massa, quien construyó su candidatura sobre la base de la inversión en seguridad
realizada en Tigre.
Forzado por las circunstancias, el oficialismo se vio en la
necesidad de dar respuesta y, en algunos casos, de volver sobre sus pasos, con
políticas de endurecimiento.
El caso emblemático es el de la baja de la edad de imputabilidad
de delitos a 14 años, una medida que Scioli impulsa desde hace años, pero que
los sectores más progresistas del kirchnerismo venían resistiendo
sistemáticamente.
Ese grupo más "garantista" parece haber perdido la
batalla con el desplazamiento de Nilda Garré de ministra de Seguridad a
embajadora ante la Organización de Estados Americanos.
"Son iniciativas que merecen ser analizadas en el
contexto adecuado, no sé si el proceso electoral es el ámbito", evaluó el
diputado del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro consultado
sobre el castigo a menores que delinquen.
En esa línea, Scioli, quien había resistido una ofensiva
contra el desplazamiento de Ricardo Casal como ministro de Justicia y
Seguridad, redobló la apuesta. Mantuvo a aquel en Justicia y nombró a Alejandro
Granados, un intendente más "operativo" para el combate de la
delincuencia.
Mientras tanto, el Gobierno puso en marcha una nueva fase
del operativo Centinela que había iniciado Garré y consiste en la afectación de
gendarmes a tareas de vigilancia en el Conurbano. Granados habló de duplicar la
dotación policial bonaerense.
Más allá de las discusiones sobre imputabilidad y
excarcelaciones, válidas pero que deben ser abordadas con enfoques amplios
sobre el funcionamiento de una sociedad, la saturación de agentes en las calles
es un paliativo eficaz.
Otras iniciativas
El Gobierno ya había tomado nota del malestar en una
importante fracción de la sociedad por el pago del impuesto a las Ganancias y
dio un golpe de timón, aun cuando pocos días antes había advertido sobre el
peligro de desfinanciar al Estado.
Ahora la mirada está puesta sobre la inflación, otra de las
cuestiones de compleja solución. Por lo pronto, el Gobierno prepara un nuevo
Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que reemplace al cuestionado
actual.
Esta corrección no solucionará el alza de precios pero
buscará revertir las acusaciones externas, principalmente del FMI, sobre el
falseamiento de estadísticas nacionales.
Trascendió en el mismo sentido que el Gobierno procuraría
definir los resarcimientos a dos empresas estadounidenses, Asurix y Blue Ridge,
dispuestos por el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). La Casa Rosada
reconoce los fallos, pero intentaba hacer efectivo el proceso en la Argentina.
Ese incumplimiento motivó a Estados Unidos a votar en contra
del otorgamiento de créditos al país en el BM y el BID y es uno de los tantos
argumentos que se esgrimen para que la administración de Barack Obama haya
quitado respaldo a la Argentina en el trascendental pleito contra los
"fondos buitre".
Da la impresión de que se buscan soluciones tardíamente. La
reapertura del canje que analiza el Congreso también se inscribe en esa
sucesión de volantazos tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva
York en contra del Estado argentino.
En San Petersburgo, donde se celebró la cumbre del G-20, las
diferencias entre Cristina Kirchner y Barack Obama fueron evidentes. La
Presidenta mantuvo una agenda de primer nivel, pero no logró un respaldo del
estadounidense, que sería significativo ya que la Corte Suprema de ese país
analiza el caso.
De todos modos, Cristina evitó la confrontación directa. Si
bien cuestionó la invasión unilateral a Siria, sugestivamente evitó menciones a
otra invasión inexplicable, el espionaje, por el que los presidentes de Brasil
y México, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, hicieron reclamos explícitos a
Obama. Es posible que no haya perdido la esperanza de que la Casa Blanca vuelva
a apoyar a la Argentina.
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