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| Diputados convirtió en ley la reapertura del canje de deuda. |
Con apoyo de un gran sector de la oposición, el Frente para
la Victoria en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el proyecto del
Poder Ejecutivo que suspende la denominada Ley Cerrojo, con el fin de habilitar
una tercera apertura del canje de la deuda externa.
La iniciativa fue sancionada por 192 votos, que congregaron,
además del oficialismo y sus aliados tradicionales, a la UCR, el Pro y el
Frente Renovador, que representa al candidato del peronismo opositor Sergio
Massa. También votó a favor el diputado Omar Plaini.
Los rechazos fueron 33, de parte de la Coalición Cívica-ARI,
Proyecto Sur y el Frente Amplio Progresista –el Partido Socialista, el GEN, el
juecismo y también Unidad Popular-. Hubo sólo cuatro abstenciones, de Elisa
Carrió (CC-ARI), Graciela Ocaña (Udeso), Nora Videla (Frente Peronista) y
Marcela Rodríguez (DIP).
En un debate sin demasiados cruces, que se extendió durante
diez horas, el kirchnerismo defendió la política de desendeudamiento encarada
desde 2003 y enarboló una encendida crítica a los fallos de la Justicia
estadounidense.
Ese último fue el punto de coincidencia con gran parte de la
oposición, que también cargó contra los fondos buitre y las acusaciones que
tildan a nuestro país de “deudor recalcitrante”.
Sin embargo, varios diputados advirtieron que nuestro país
pagó más de lo que debía en materia de deuda y cuestionaron que el Gobierno no
haya encarado esta negociación antes de perder el litigio.
Debate
El presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller
(Nuevo Encuentro), encabezó la defensa del proyecto al asegurar que significa
la “afirmación de la soberanía, la defensa del interés nacional y el trato
justo y equitativo hacia los acreedores”.
“No se puede admitir que un puñado de acreedores se imponga
sobre la soberanía del país”, sentenció Heller, miembro informante del
oficialismo.
En el mismo sentido, el titular de la Comisión de
Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) destacó que “este proceso le ha permitido a
la Argentina independizar sus políticas públicas internas”.
Por el contrario, el cívico Alfonso Prat-Gay habló de un
“fracaso absoluto en la estrategia de negociación”, ya que “debíamos 150 mil
millones de dólares cuando asumió Néstor Kirchner, pagamos 170 mil millones
desde entonces y todavía debemos más de 200 mil millones”.
“El Gobierno prefiere pagarle seis mil millones de dólares
más a los que quedaron fuera de los canjes para no pagar 1.500 millones a los
que ganaron el juicio”, alertó.
En el mismo sentido se pronunció el macrista Federico
Pinedo: “Somos un país que tiene el calificativo del peor deudor de la
historia, y cuando empezó esta restructuración debíamos menos plata de la que
debemos hoy”, aseveró.
A su vez, se preguntó “por qué no lo hicimos antes para
ganar el juicio, en vez de hacerlo ahora cuando perdimos el juicio”.
“La medida es claramente tardía”, coincidió el radical
Miguel Giubergia, y añadió que “de haberse decidido que la reapertura de 2010
fuera de carácter permanente, la voluntad de pago de la Argentina no hubiese
sido puesta en duda, y tanto el fallo de primera instancia como la revisión por
la Cámara de Apelaciones hubieran tenido un resultado más favorable para los
intereses de la República”.
Por eso Enrique Vaquié, quien lideró la postura de la UCR,
insistió en derogar la Ley Cerrojo, que con la flamante norma sólo será
suspendida temporalmente.
Desde el massismo, Eduardo Amadeo se quejó de que “otra vez
vienen al Congreso cuando están al borde del abismo. Sería mucho mejor que se
conversara antes y no a las corridas”. Su par Felipe Solá auguró que la
reestructuración de títulos públicos “no va a tener éxito” porque “van a ser
muy pocos los holdouts que se adscriban a esta nueva oferta”.
Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, denunció que pese
a las reestructuraciones de deuda “seguimos enjuiciados y clandestinos por el
mundo” y consideró que el fallo del juez Thomas Griesa era “absolutamente
esperable”.
Lo que dice la ley
La propuesta de la Casa Rosada abre las puertas a una nueva
reestructuración de deuda, con el objetivo de que pueda adherir el siete por
ciento de los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010
y que ahora litigan en los tribunales estadounidenses el pago nominal de los
títulos.
El impulso a este tercer canje fue dado a partir del fallo
del juez neoyorkino Thomas Griesa, que obliga a Argentina a cancelar en su solo
pago el 100 por ciento de la deuda con los denominados fondos buitre. Según el
Gobierno argentino, si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratifica
este fallo, el país volvería a entrar en default.
Por eso, el Ejecutivo insistirá a los litigantes que se
incorporen al canje de la deuda bajo las mismas condiciones de las reprogramaciones
de 2005 y 2010.
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