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| Actos de gobierno y publicidad de campaña en la mira de la Justicia. |
La Cámara Nacional Electoral requirió este martes al
Congreso Nacional que revise las normas sobre publicidad oficial en períodos
electorales, porque el régimen actual no contempla todos los supuestos que
pueden afectar la equidad de las contiendas electorales.
Tras un desarrollo sobre los vínculos que tiene el tema de
la equidad electoral con el deber republicando de dar publicidad a los actos de
gobierno y con la libertad de expresión, el máximo tribunal electoral del país
señaló que la legislación nacional no regula especialmente la pauta
publicitaria estatal para épocas de elecciones ni prohíbe cualquier publicidad
oficial -institucional o de actos gubernamentales- durante el período de
campañas electorales, sino solo aquella que promueva “expresamente” la
captación del sufragio.
La sentencia fue firmada por unanimidad por los jueces
Alberto R. Dalla Via, Rodolfo E. Munné y Santiago H. Corcuera, en el marco de
un planteo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que solicitó que se
activaran mecanismos institucionales para adecuar las prácticas de asignación y
uso de publicidad oficial a los estándares internacionales.
La Cámara explicó que la cuestión requiere una solución
legislativa “para darle una mejor organicidad que asegure la relación armónica
entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de
expresión y la equidad electoral”.
El Tribunal aludió también a la restricción legal para la
realización de actos de gobierno, aclarando que aunque se encuentra vinculada
con la cuestión de la publicidad oficial, el caso no tenía por objeto
investigar uno de esos supuestos –que requiere de un juicio especial- sino el
control del régimen de distribución y uso de la pauta publicitaria.
Sobre ese punto, sin embargo, requirió a los Fiscales
Electorales “la participación activa […][para] en el control de legalidad de
las distintas etapas del cronograma [electoral” y, en particular para “hacer
observar las normas vigentes en materia de campañas electorales”.
También comunicó la sentencia a la Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional,
“en atención a la responsabilidad que tiene a su cargo, en materia de
planificación y ejecución de la política de comunicación pública; la
divulgación de las actividades del Estado; la planificación y ejecución de la
publicidad oficial y la administración de los medios de difusión que se
encuentran bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo (cf. Decreto 22/2011)”.
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