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| Por Armando Caro Figueroa |
¿A qué se debe el creciente malestar y el desasosiego que se
extiende por amplias capas de la ciudadanía salteña? Si bien contribuyen a ello
la marcha de la economía y la evolución de los asuntos nacionales, no podemos
ignorar que esa doble sensación tiene mucho que ver con el pobre diseño y el
peor funcionamiento de las instituciones provinciales.
Salta no cuenta con un verdadero “Estado de derecho,
democrático y social”. En realidad, un denso subdesarrollo político envuelve
nuestras instituciones -públicas y privadas- y nuestra cultura.
Si por Estado de Derecho entendemos la sujeción de las
relaciones sociales y de poder a las normas jurídicas, es forzoso constatar que
en nuestra Provincia existe una acentuada propensión a eludir la Ley. Una
vocación que, ciertamente, exhiben los distintos órdenes de gobierno y de la
administración, pero que comparte el común de los habitantes de nuestro
territorio.
Llevamos muchos años viviendo dentro de un régimen que
produce normas jurídicas a sabiendas de que serán generalmente incumplidas. Se
legisla, no para hacer realidad los valores y principios constitucionales, sino
para las galerías, para seguir modas o para maquillar posiciones; si las
encuestas revelan la preocupación ciudadana por el ambiente, pues los legisladores
se visten de verde; si hablan de reverenciar a Güemes, pues toca disfrazarse de
gaucho; si muestran el amor del pueblo por Evita, pues eso.
La prueba más evidente de todo esto es la prolija
desarticulación de las funciones de inspección administrativa. ¿De qué vale
tener una excelente Ley de Bosques Nativos si el poder de turno carece de
vocación para hacerla cumplir? ¿De qué sirven las reglas para la edificación y
los planes urbanos si los Municipios carecen de funcionarios con voluntad de
inspeccionar obras y proyectos, sobre todo cuando hay que lidiar con “pesos
pesados”? ¿Qué sentido tiene un buen Código de Aguas cuando el ente encargado
no tiene ni medios ni voluntad para garantizar su cumplimiento?
Las modernas leyes dictadas para defender a los consumidores
son papel mojado en un entorno donde nadie se siente, siquiera, obligado a
colocar el precio de los productos, dando pie a los abusos que soportan
ciudadanos casi resignados.
Estado
constitucional, democrático y social
Salta tampoco es un Estado Democrático. Y no lo es por la
sencilla razón de que sus leyes electorales distorsionan gravemente la voluntad
de los ciudadanos, primando a las mayorías relativas y castigando a las
minorías. Con el agravante de que, a poco de elegidos, varios de los
representantes minoritarios que lograron eludir trampas y cepos, serán
domesticados por el poder que reside en Las Costas.
Este deplorable panorama resulta potenciado por la
intencionada destrucción de los partidos políticos locales, en nombre de un
“transversalismo” o de un falso consenso que solo procura la concentración del
poder.
¿Cómo hablar de democracia en una Provincia en donde el
Estado es colonizado hasta sus más recónditos espacios por quién inviste el
título de Gobernador? Cuando la producción de normas, el dictado de sentencias,
la gestión administrativa, el control de los actos de gobierno, la distribución
de los recursos públicos, la designación de funcionarios de todas las
jerarquías, los contenidos de la educación, o el ingreso de decenas de miles de
salteños dependen de la voluntad del señor de Las Costas, forzoso es concluir
que vivimos bajo un personalismo travestido de estatismo y que, para colmo de
males, tiene pretensiones dinásticas.
Se trata de un estatismo que repudia las expresiones de la
autonomía ciudadana. De allí su intención de someter a los sindicatos, a los
colegios profesionales y a las organizaciones no gubernativas. Piénsese sino en
el caso de los centros vecinales ahogados por exigencias burocráticas que culminan
en un régimen de subsidios municipales que abren las puertas a la dominación.
Salta tampoco es un Estado Social. No lo es, en tanto y en
cuanto las prestaciones que atienden necesidades básicas se disciernen con
criterio clientelar y no como derechos subjetivos. Una educación pública que, a
duras penas, brinda los conocimientos elementales pero se revela incapaz de
universalizar la instrucción cívica, de promover la convivencia y de educar la
sexualidad, es otra muestra de que Salta carece de lo elemental.
Construyendo un
futuro peligroso y oscuro
El Estado salteño, en muchos casos con la aquiescencia de
segmentos sociales, alienta la construcción de un futuro desolador. Un futuro
que incluye la devastación de bosques, la contaminación de ríos, las consecuencias
de una educación entregada a los dogmas dieciochescos, los asentamientos
poblacionales en condiciones miserables, la destrucción de las ciudades a manos
de la especulación inmobiliaria y de la negligencia del poder inspector. Sin
olvidar las consecuencias de una pésima gestión en materia de infraestructuras
(transporte, comunicaciones, almacenamiento, investigación, ciencia y
tecnología), y de la reseñada destrucción o bastardeo de las instituciones
republicanas.
©
armandocarofigueroa.blogspot.com.ar
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