La Comisión de Acuerdos postergó el debate sobre el pliego de Milani. |
El Senado empezó a tratar este lunes en comisión el
nombramiento de César Milani como jefe del Ejército, pero el debate se
suspendió hasta el martes con el fin de evaluar los antecedentes del general,
acusado de haber participado de delitos de lesa humanidad, y ante la novedad de
un escrito del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pide que el
pliego "sea rechazado".
El CELS, un organismo que preside el periodista Horacio
Verbitsky y que entre otras tareas se encarga de revisar antecedentes de
militares y civiles para advertir sobre su posible participación en acciones
vinculadas al terrorismo de Estado, hizo llegar esta lunes a la mañana a la
Comisión de Acuerdos del Senado un escrito en el que aporta datos sobre dos
causas en las que está involucrado Milani y pide que su designación sea
rechazada.
El senador kirchnerista Marcelo Guinle (Chubut), presidente
de esta comisión, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes en el debate, en
medio de un enérgico pedido de la oposición para que Milani se presente a
explicar sus antecedentes, un reclamo que fue rechazado por el oficialismo, que
argumentó que "nunca se citó a dar explicaciones" a esa comisión a
alguien de quien debiera tratar su pliego.
Milani fue nombrado como nuevo jefe del Ejército a
principios de este mes, tras un relevamiento de la cúpula de las Fuerzas
Armadas dispuesta por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pero aún resta que
su designación sea convalidada por el Senado.
El debate en la Comisión de Acuerdos había arrancado a las
9:00 con un reclamo del radicalismo de que Milani, a quien se acusa de
participar en la desaparición del exconscripto Alberto Ledo y del secuestro de
Ramón Olivera, se defienda de las denuncias ante el Senado.
El senador radical Gerardo Morales (Jujuy) había pedido que
el general compareciera ante el plenario de comisión y que también lo hicieran
los familiares de Ledo y Olivera.
"No nos corran con esta bandera (la de los Derechos
Humanos)", les pidió luego el senador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto
(Río Negro) a los opositores, tras lo cual cuestionó a "algunos medios en
la Argentina que nunca le dieron importancia a este tema y ahora aparecen como
los adalides de la defensa de estos derechos" y sostuvo que "el
debate hay que ponerlo en el justo lugar".
El escrito del CELS, una organización que aprueba la
política de Derechos Humanos del gobierno kirchnerista, torció de esta manera
el rumbo del debate en comisión, en la que el oficialismo pretendía aprobar el
pliego, e irrumpió en medio de un fuerte rechazo de la oposición y de los
organismos de Derechos Humanos no alineados con la Casa Rosada a la designación
de Milani.
"Desde su fundación el CELS se trazó como objetivo
principal la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de
Estado. Este objetivo define nuestra identidad y determina todas nuestras
acciones. Por eso, nos hemos ocupado de exigir la separación de sus cargos de
quienes se encuentren sospechados de haber participado en graves violaciones a
los derechos humanos. Es por todo ello, y a partir de esta nueva información,
que consideramos que el ascenso del oficial Milani debe ser rechazado",
dice el escrito.
El domingo último, en una columna publicada en el diario
Página/12, Vebitsky ya había sugerido que Milani diera "un paso al
costado" para "servirle de fusible" a la presidenta, Cristina
Kirchner, y no "usarla de paraguas".
"Pido que reflexionen, que (Milani) venga acá, se
siente y nos explique. Sobre el tema de los Derechos Humanos me parece que hay
sospechas suficientes como para rechazar este acuerdo, como para por lo menos
meditar que el jefe del Ejército argentino no puede tener estos antecedentes",
dijo durante el debate el senador sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá.
"Estamos ante una situación mucho más grave que el del
ascenso de un militar", agregó Rodríguez Saá, del peronismo opositor. A
Milani también se lo relaciona con el levantamiento carapintada perpetrado en
la Semana Santa de 1987 y también se lo acusa de no poder justificar su nivel
de vida en sus declaraciones juradas.
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