lunes, 29 de julio de 2013

Diputados: Obras sociales de Salta deben cubrir el cien por ciento de los tratamientos oncológicos

Diputados tratará un proyecto para
cubrir a pacientes oncológicos.
Salta En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados de Salta tratará diversos proyectos de ley, entre ellos, el relacionado con la obligación de la cobertura integral, por parte de las obras sociales provinciales, del cien por ciento del tratamiento y medicación a los pacientes oncológicos. También figura entre los proyectos a debatirse, el que contempla la sindicalización de los policías locales. Tratarán, además, una iniciativa del Poder Ejecutivo para establecer un régimen general de tierras públicas.

La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes el proyecto de ley por el cual las obras sociales de la provincia estarán obligadas a brindar cobertura del cien por ciento del tratamiento y medicación a los pacientes oncológicos, iniciativa que lleva las firmas de Manuel Santiago Godoy, Omar Soches López,  Lucas Godoy, Miguel Calabró e Ignacio Jarsún Lamónaca.

De acuerdo a lo que propone ese proyecto, se busca garantizar que los pacientes oncológicos reciban una cobertura del cien por ciento en sus tratamientos, es decir, una cobertura médica integral por parte de las obras sociales que, además, contemple la medicación de dichos pacientes.

En los considerando de la iniciativa, se estipula que hay una “primacía a la protección del ‘derecho a la salud’, íntimamente ligado con el ‘derecho a la vida’, el cual es el principal derecho de la persona humana, reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Salta” y explica el proyecto que “tal cobertura se encuentra contemplada en el Programa Médico Obligatorio (PMO), razón por la cual, las obras sociales de la Provincia no pueden ser ajenas a garantizar la misma”.

Además, se sostiene que entre el derecho a la salud de los afiliados y razones económicas de las obras sociales es “mucho menos gravoso que éstas últimas arbitren los medios necesarios para que sus afiliados dispongan de una cobertura del cien por ciento en los tratamientos y medicamentos oncológicos, que para los afiliados conseguirlos por sus propios medios”.

Sindicatos policiales

Entre las otras iniciativas que los diputados salteños debatirán este martes, se encuentra la relacionada con el derecho del personal policial a tener una “organización sindical libre y democrática”.

El proyecto pertenece a los diputados Guillermo Martinelli y Jorge  Guaymás, del Bloque Lealtad Popular y contempla la sindicalización de los policías lo que, según los autores, “les permitirá la defensa de sus intereses laborales y replantear su carrera, promoviendo su capacitación, actualización y especialización en la carrera policial; y en consecuencia, motivando su evolución en beneficio de la sociedad toda”.

En la propuesta de Martinelly y Guaymás se aclara que “no puede obviarse que uno de los objetivos fundamentales de la Policía es estar al servicio de la comunidad, siendo su razón de ser la de garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley le reconoce y, en consecuencia, y atendiendo que no puede abandonarse el servicio de seguridad pública, corresponde limitar los derechos derivados de los derechos gremiales”.

El acta de labor parlamentaria se completará con el tratamiento de los siguientes proyectos:

- Proyecto de Ley: Modificar el Código Contravencional de la provincia de Salta, Ley 7.135 y Expte. N° 90-19.985/11, proyecto de ley en revisión.

- Proyecto de Ley: Crear el Régimen de Promoción al Arte Mural, el cual tiene por finalidad la promoción y el incentivo de la cultura y el turismo en la Provincia.

- Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto Ejercicio 2014 el doble carril desde Avenida Monseñor Tavella hasta el ingreso al barrio Solidaridad, ruta provincial Nº 26.

Además, el cuerpo tratará una iniciativa del Poder Ejecutivo relacionada con el establecimiento de un régimen general de tierras públicas para “asegurar la transparencia de todo acto de disposición y utilización de tierras públicas” y para limitar “la discrecionalidad del propio Estado, en cuanto al destino que debe darse a las tierras fiscales”.

Informe: Agensur.info

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