miércoles, 3 de julio de 2013

Convierten en ley el Registro Nacional de Datos Genéticos de abusadores y violadores

Sonia Escudero fue la impulsora del
Registro de ADN de violadores.
NacionalesDespués de casi tres años demorada en la Cámara baja, los diputados convirtieron en ley el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que tenía media sanción del Senado. La impulsora del proyecto fue la senadora salteña Sonia Escudero quien, tras la sanción en Diputados, dijo que ““se trata de una herramienta que ya utilizan muchos países en el mundo para este tipo de delitos que tienen un altísimo nivel de reincidencia.

Tras estar demorada casi tres años en la Cámara de Diputados, este miércoles se convirtió en ley el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que reunió 211 votos a favor y uno en contra, tras un intenso debate de alrededor de tres horas en la Cámara baja.

La iniciativa había sido impulsada por la senadora por Salta, Sonia Escudero (Bloque 8 de octubre) quien manifestó su beneplácito por la aprobación en Diputados. En ese sentido, la legisladora salteña dijo que “se trata de una herramienta que ya utilizan muchos países en el mundo para este tipo de delitos que tienen un altísimo nivel de reincidencia. Con este registro se podrá hacer un  seguimiento de estos abusadores, para que estos delitos puedan esclarecerse rápidamente y no queden impunes”.

Escudero expresó que “este tipo de casos ocurren generalmente sin testigos, por lo que pruebas genéticas son de vital importancia para llegar a la verdad; por eso es tan importante que la Justicia de nuestro país cuente con este registro”, añadió.

De acuerdo a lo señalado en el proyecto, el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual tendrá el “fin exclusivo” de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada a delitos de violación.

Por un lado, se registrarán los datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme por abuso sexual. También se incorporarían fotografías actualizadas del criminal y una reseña de su domicilio actual y de traslado, de modo de poder hacer un seguimiento.

Por otra parte, el registro contaría con una sección específica dedicada a almacenar muestras obtenidas de las mismas víctimas, que serían incluidas en la base de datos.

El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (FpV) explicó que no se trata de un banco al que podría acceder cualquier persona, ya que todos los datos serán considerados “sensibles y de carácter reservado” y solo serían suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.

La información del registro -que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sólo será dada de baja trascurridos nada menos que cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.

Fue ese uno de los puntos cuestionados por algunos diputados. Desde la UCR, Manuel Garrido consideró que “no hay necesidad” de conservar estos datos genéticos durante tanto tiempo, ya que “es un término exagerado que rompe la tradición argentina en la materia”.

Su par María Luisa Storani, en tanto, también criticó que sólo se incorporen los delitos contra la integridad sexual y se excluyan los referentes a la integridad física. Asimismo, Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) remarcó la necesidad de un banco de huellas genéticas digitalizadas no codificante, para los casos de desapariciones por trata de personas o robo de bebés.

Marcela Rodríguez justificó con énfasis su voto negativo, al sostener que “contradice las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres”. También advirtió que el proyecto “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se comenten las violaciones”.

Más allá de esto, los cruces estuvieron marcados por las demoras en el tratamiento del proyecto proveniente del Senado, que contaba con dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal de Diputados desde noviembre del año pasado. “Fueron los opositores los que frenaron el avance del tema”, sentenció la kirchnerista Diana Conti, mientras Storani afirmaba lo contrario.

La neuquina Alicia Comelli celebró la flamante norma, pero reconoció que “la sanción de leyes para tratar la seguridad en forma parcial sólo dan resultado coyuntural, nunca van a solucionar el tema en su totalidad si no es con la formulación de un plan integral que involucre a cada actor de la sociedad”.

Informe: Agensur.info y Parlamentario.com

0 comments :

Publicar un comentario