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| Por Ana Gerschenson |
La democratización de la Justicia impulsada por la
Presidenta no puso énfasis en la falta de celeridad en los tribunales para los
casos de corrupción de la clase política. En todo caso, la reforma propuso
profundizar la politización del sistema judicial.
La Justicia modelo 2013 se toma décadas para resolver casos
de corrupción con perjuicios al Estado. Se dilatan los allanamientos, los
careos, las declaraciones indagatorias y los años pasan sin que se determinen
responsabilidades.
Basta con mencionar la reciente condena a siete años de
prisión que recayó sobre el ex presidente Carlos Menem por el delito de
contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador, desde 1991 a 1995. El fallo
se escribió 18 años después de iniciada la investigación judicial.
Su funcionaria emblema, María Julia Alsogaray, también fue
sentenciada esta semana a cuatro años de prisión por contrataciones irregulares
durante su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación,
un cargo que ocupó desde 1989 hasta 1997. Es decir que la decisión del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 6 impartió Justicia 16 años después del delito
de peculado y defraudación a la administración pública. Y peor aún, Alsogaray
fue recientemente sobreseída en otro caso similar no por demostrarse su
inocencia, sino por prescripción de la causa. Sólo la ex funcionaria menemista
tiene pendientes seis juicios más por defraudación al Estado durante su gestión
como liquidadora de la desaparecida Entel.
La Alianza también tiene sus agujeros negros judiciales. La
causa por sobornos en el Senado se inició en 2001. Doce años después, el 14 de
mayo pasado, miembros del Tribunal Oral Federal 3, inspeccionaron el despacho
presidencial en la Casa Rosada, donde el ex presidente Fernando De la Rúa
habría ordenado sobornar a los legisladores para aprobar la ley de
flexibilización laboral.
Los escándalos del kirchnerismo se investigan a la misma
velocidad. Desde 2011, el juez federal Norberto Oyarbide está a cargo de la
causa por el desvío de fondos públicos de la fundación Sueños Compartidos, que
manejaba Sergio Schoklender en sociedad con la titular de Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini. Aún no se realizó un careo entre ambos para contraponer
los hechos que esclarezcan a dónde se fueron los $ 700 millones del Estado
destinados a la construcción de casas.
El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, acusado por
sobreprecios en obras ferroviarias y dádivas por parte de los empresarios del
transporte, desfila por los tribunales desde 2009, aunque mientras estuvo al
frente de la secretaría (desde el 2003) acumuló una decena de denuncias de
corrupción en su contra, sin que lo hiciera tambalear en el cargo.
Lo mismo sucede con el vicepresidente, Amado Boudou,
investigado por el juez federal Ariel Lijo, luego de una movida del Gobierno
nacional para desplazar al primer juez de la causa, al fiscal y hasta al
Procurador General de la Nación. El segundo en la línea de sucesión
presidencial es acusado de haber intercedido ante la AFIP para que la imprenta
Ciccone obtuviera facilidades impositivas, cuando era dirigida por un amigo de
su socio declarado, José Nuñez Carmona. Boudou está imputado actualmente en 54
causas, según consta en el registro de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal,
detalla el sitio verificador del discurso público chequeado.com.
Y el último gran escándalo del que CFK no habla, recae sobre
un empresario íntimo del matrimonio Kirchner, Lázaro Baez, que es investigado
por el juez federal Sebastián Casanello por lavado de dinero y por haber sido beneficiado
con obras del Estado con sobreprecios incluidos. ¿Durante cuántos años o
décadas serán citados Boudou, Baez y Jaime en Tribunales? Lamentablemente, no
hay un proyecto desde el Poder Ejecutivo para transparentar a la administración
pública con celeridad. Eso sí tendría el color de la democratización de la
Justicia.
© we
La corrupción,
fuera de agenda
z La democratización
de la Justicia de CFK no puso énfasis en la falta de celeridad de los
tribunales para los casos de corrupción política.
z Menem fue condenado
por tráfico de armas 18 años después de iniciada la investigación.
z En el caso de María
Julia, 16 años después.
z Los escándalos K,
¿tendrán igual suerte?
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