El blanqueo esconde una devaluación disimulada

Por Marcelo Ramal (*)

A los enormes desequilibrios que acumula el (mal) llamado “modelo”, sus mentores le agregan ahora un derrumbe conceptual, o, para decirlo en términos oficiales, del “relato”. Después de haber pregonado la pesificación, el quinteto económico nos anuncia ahora un principio de dolarización de la economía, a través de un menú de certificados y títulos que se cambiarán por dólares no declarados.

Durante varios años, esos mismos funcionarios proclamaron un desendeudamiento que nunca fue tal, ya que el pago de la deuda externa resultaba compensado con un endeudamiento incluso superior con el Anses y el Banco Central.

Pero ahora, y con blanqueo mediante, se lanzan a otra operación de deuda: la que contraigan con aquellos que decidan exteriorizar sus dólares.

Por último, el mismo Gobierno que venía de desmentir una devaluación pone en marcha un desdoblamiento cambiario, o sea, una devaluación disimulada. La explicación es sencilla: quien revenda los Cedin, o decida comprar con ellos en el mercado local –por ejemplo, materiales para la construcción– hará valer por estos certificados un tipo de cambio que se situará entre el blue y el oficial. Esa devaluación implícita volverá a presionar sobre los precios, y, por lo tanto, sobre el poder de compra del salario.

Es cierto que la reventa de los títulos del blanqueo implicará una quita para quienes los hayan adquirido. Pero ello no será problema para quienes exterioricen recursos malhabidos. Después de todo, todo aquel que lava dinero admite una quita sobre los recursos que decide blanquear. En suma, el gabinete nacional ha diseñado un salvoconducto financiero y penal para los principales beneficiarios del modelo. El Gobierno, que suele denostar al “Hemisferio Norte de los ajustes”, acaba de comprar uno de los productos más nefastos de la presente crisis mundial: nos referimos a la apelación a las narcofinanzas y al dinero negro, para salir al rescate de la banca y de los Estados en quiebra. Los escándalos de Wells Fargo y del propio banco del Vaticano dan cuenta de ello. El blanqueo kirchnerista es un paso en esa misma dirección.

Pero con excepción del lavado, es difícil que el blanqueo alcance resultados mayores: en definitiva, el Banco Central, depositario de los dólares a ser blanqueados, soporta un patrimonio negativo y un nivel de reservas que sus propios administradores juzgan insuficiente para frenar la corrida cambiaria. En ese caso, el blanqueo sumará un nuevo fiasco al desconcierto oficial, que se añade, entre otros, a la desaparecida Supercard o al naufragado congelamiento de precios.

Mientras se pone en marcha este gigantesco indulto impositivo, la cifra de trabajadores que paga el impuesto a las ganancias supera los dos millones. Con el mismo propósito confiscatorio, el Gobierno ha puesto en marcha una “reforma judicial” dirigida a blindarse a sí mismo de las demandas previsionales, laborales u otras (inundados, Estación Once) en su contra.

La oposición tradicional, que hace demagogia con el derrumbe de la organización económica oficial, actúa como lobbysta de las corporaciones que reclaman una megadevaluación y un ajustazo sobre los gastos sociales. Sus economistas recorren los canales de televisión impulsando esta salida, igualmente nefasta para los que viven de su trabajo.

Por cierto, la crisis presente no debe ser la excusa para entregarle la orientación económica y social del país a los herederos del menemismo o de la Alianza. Plantea, en cambio, una reorganización social de fondo, bajo la dirección de la mayoría trabajadora del país. Su punto de partida es asegurar un salario que cubra el costo de la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y un plan de industrialización y de obras públicas esenciales, a costa de la deuda externa usuraria y de los eternos beneficiarios de las privatizaciones.

 En oposición al nuevo endeudamiento con los dueños del dinero negro, estamos por un inmediato impuesto extraordinario a las cuantiosas rentas de la especulación financiera.

Por esta salida, la izquierda dará batalla para llegar al Congreso en este 2013.

(*) Economista del Partido Obrero.