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| Por Armando Caro Figueroa |
Diez años es un horizonte suficiente que permite al
gobernante definir políticas y gestionar los asuntos públicos con la
posibilidad de adecuar los programas y las ideas a la realidad cambiante.
Y permite también a los ciudadanos evaluar la consecuencia y
la eficacia de los representantes. El electorado, las fuerzas de la oposición y
las personas alejadas de la política pueden, entonces, analizar la performance
de los funcionarios, medir resultados, contrastar promesas con realidades y, si
acaso, definir nuevos rumbos.
En lo que se refiere a los asuntos sociolaborales
encomendados al Ministro de Trabajo, la
trayectoria del kirchnerismo tiene aspectos singulares.
Tal y como sucede en otras áreas de las políticas públicas,
una enorme distancia separa los postulados iniciales de los acontecimientos
concretos. Hay marchas y contramarchas. Discursos que la realidad desmiente.
Existen también, desde luego, resultados positivos, aunque en muchos casos los
éxitos están manipulados para mayor gloria de quienes “van por todo”.
Dentro del capítulo de logros figura, sin duda, la reducción
del desempleo producto tanto de la mega devaluación de 2002 como de la tolerada
segmentación del mercado de trabajo y de la mejora de los términos de
intercambio. La emergencia de la categoría de “asalariados pobres”, la
irreductibilidad del trabajo no-registrado y el proteccionismo que premia la
ineficiencia y la baja productividad, son parte de las condiciones que explican
la evolución cuantitativamente favorable del empleo.
En el mundo sindical la década comenzó con promesas de
libertad (personería gremial a la CTA) que retrocedieron con el pacto
Kirchner/Moyano, hasta hundirse en la decadencia actual signada por la búsqueda
obsesiva de la obediencia sindical. No obstante, el hecho más positivo corrió a
cargo de la Corte Suprema de Justicia que abrió espacios al pluralismo.
Los inaugurales cantos en favor de la huelga y la protesta,
y la profesión de fe respecto de las doctrinas de la OIT, resultan desmentidos
hoy por distintas vías de presión a los sindicatos que amagan rebeldía: Multas
millonarias, retención de recursos de las obras sociales, privilegios a los
vértices sindicales para que frenen la contestación de las comisiones internas
y amenazas de palacio, integran la compleja realidad contemporánea.
La actitud del Gobierno frente a la negociación colectiva
también cambió. El discurso sobre las paritarias libres y las bondades de los
salarios por encima de la inflación trocó en una fuerte intervención que
incluye topes políticos y económicos, la tolerancia de la inflación o las
retenciones por impuestos al salario.
En el área de las relaciones individuales de trabajo,
dejando de lado el festival de feriados, lo más llamativo fue el giro en
materia de accidentes de trabajo. Los denuestos a la Ley de Riesgos (sancionada
en los años 90 previo pacto con sindicatos y patronales), cedieron paso a la
reinstalación del régimen anterior. Con el agravante de que ahora las normas
operan en una economía cerrada, inflacionaria y con moneda devaluable.
La ampliación de la cobertura social -contributiva y no
contributiva-, generó beneficios e inequidades. La ANSES utilizó y utiliza la
inflación para rebajar prestaciones, expropió los aportes obligatorios de los
trabajadores, confiscó (al menos hasta ahora) los aportes voluntarios. Su
millonaria caja sirve para operaciones políticas y financia, de modo
discrecional y opaco las más disparatadas ideas.
En fin, la realidad casi siempre termina por oscurecer o
desnudar el “relato”.
©
armandocarofigueroa.blogspot.com.ar
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