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| Por Nadim Argañaraz (*) |
Un debate económico estructural en Argentina es la
reconsideración de las relaciones fiscales entre sus niveles de gobierno,
principalmente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
La correcta asignación de funciones entre los distintos
niveles de gobierno es de gran importancia para el buen desempeño fiscal y
económico de un país.
La situación actual es que Nación y Provincias llevan a cabo
políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con consecuencias
negativas para la sociedad como, por ejemplo, una elevada presión fiscal sobre
el sector formal de la economía Argentina se caracteriza por una fuerte
centralización del poder para recaudar tributos.
Esta centralización no nace de una tradición unitaria de
origen, sino que se ha ido generando a lo largo de la historia, con la
recurrente cesión de potestades tributarias de las provincias en favor de la
Nación, en períodos de crisis, y en respuesta a desajustes en las finanzas
nacionales.
Actualmente, la estructura tributaria argentina otorga como
principal fuente de financiamiento del Gobierno Federal los impuestos sobre
bienes y servicios y a los ingresos.
Además, la Nación recauda las contribuciones a la seguridad
social, los impuestos al comercio exterior y también impuestos a la riqueza.
Por su parte, los recursos tributarios propios de los Estados provinciales
provienen, fundamentalmente, de gravámenes sobre bienes y servicios y de
impuestos a la propiedad.
La centralización en materia de ingresos no está acompañada
por una concentración de igual magnitud en materia de erogaciones. En la
actualidad, las provincias afrontan la mayor parte del gasto público social,
que representa, entre educación, salud, asistencia social y seguridad social,
casi la mitad de sus erogaciones.
Por su parte, los municipios emplean gran parte de sus
recursos en transporte y otros servicios urbanos, así como en gasto público
social.
Al analizar la evolución reciente de las transferencias
anuales enviadas a las provincias tomadas en conjunto, que van tanto por dentro
como por fuera del sistema de coparticipación, surge que las mismas estuvieron
conformadas por transferencias de capital (incluyendo el envío automático del
FFS), transferencias corrientes (enviadas por fuera del sistema de reparto de
la coparticipación) y coparticipación y leyes especiales.
Las transferencias corrientes que realiza el gobierno
federal a las provincias son en su mayoría envíos de partidas por servicios
transferidos a las mismas, en el marco, por ejemplo de programas de salud o
alimentación.
Las transferencias de capital son aportes o envíos que
realiza el gobierno federal para la ejecución de obras públicas. Si bien estas
revisten el carácter de no automáticas en general, dentro de este rubro se
incluyen, desde abril de 2009, los envíos del Fondo Federal Solidario (FFS),
cuyo decreto reglamentario establece una distribución automática a provincias
del 30% de la recaudación de derechos de exportación sobre el complejo sojero,
según los coeficientes de la Ley 23.548.
Debe distinguirse que si bien la masa total de recursos
enviadas a las provincias mantuvo incrementos sostenidos desde los últimos
años, su participación respecto de la recaudación tributaria (sin Seguridad
Social), no alcanza a igualar los niveles exhibidos durante otros periodos
históricos.
Asimismo, es importante señalar que la participación de cada
uno de los componentes de esta masa total de recursos fue variando con el
transcurso del tiempo.
En el 2009, la crisis económica impactó fuertemente en la
recaudación, por lo que se vieron afectadas también las transferencias
automáticas que se derivan de los impuestos coparticipables.
Sin embargo, el menor incremento de coparticipación y leyes
especiales fue más que compensado por el resto de las transferencias corrientes
y transferencias de capital, denotando el avance que han tenido los recursos a
provincias por canales diferentes a la coparticipación como mecanismo de
distribución de fondos.
Esto se redujo en 2010 y principalmente en 2011 y 2012.
Incluso en este último año, las transferencias por fuera de la coparticipación
mostraron un crecimiento inferior a la inflación anual.
(*) Director del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
© NA
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