Lázaro Báez, con problemas por las usinas de Santa Cruz. |
Por el escándalo desatado tras la denuncia de corrupción que
involucra a Lázaro Báez, el Gobierno salió a frenar la licitación de la mayor
obra pública que se ejecutará en Santa Cruz y que tiene entre sus principales
oferentes al polémico empresario kirchnerista.
Se trata de las megaobra de las usinas hidroeléctricas
“Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic” que están valuadas en
$ 24.318 millones y por las cuales compiten cuatro consorcios integrados por
empresas de China, Rusia, Brasil y Argentina, según señala el diario Clarín.
Esta semana debía conocerse la precalificación de los
consorcios en pugna. Pero como en uno de los grupos la cabeza visible es Lázaro
Báez, el gobierno nacional decidió postergar esa instancia hasta mediados de
mayo.
Con esta medida–comunicada a los oferentes de manera
extraoficial–, los funcionarios intentan descomprimir la situación planteada
por la denuncia de corrupción y fuga de divisas que involucra al empresario
santacruceño que tiene una estrecha relación con la administración kirchnerista
y cuyos negocios crecieron exponencialmente desde 2003 a la fecha.
Con su empresa insignia Austral Construcciones –que
concentra la mayor parte de las obras públicas de Santa Cruz–, Báez integra el
consorcio oferente que lidera, con una participación del 60%, la empresa china
Sinohydro. Al igual que Iecsa (la compañía de Angelo Calcaterra, el primo de
Mauricio Macri), Baéz tiene un 15% de la sociedad, la cual se completa con
otras dos constructoras K: Esuco (5%) y Chediak (5%).
Además, Lázaro Báez adquirió en los últimos años más de
150.000 héctareas sobre las costas del río Santa Cruz que ahora deben
serexpropiadas por la Nación para la construcción de las represas.
Para los restantes grupos que buscan quedarse con la obra,
la demora en la precalificación de los oferentes constituye una clara señal de
que el Gobierno quiere despegar el proceso licitatorio de la polémica y las
denuncias que afloraron a partir del domingo.
Por sus contactos y el tratamiento recibido durante la
licitación, varios analistas y empresarios del sector energético daban como
futuro ganador de la obra al grupo de Báez y Sinohydro. Pero ahora, no
descartan que esa “ventaja” inicial pueda quedar eclipsada por el escándalo y
que crezcan las chances de los otros interesados.
Según las reglas de juego, los oferentes tienen que aportar
un financiamiento que cubra como mínimo el 51% del valor total de la obra. Otro
requisito clave es que en la integración de los grupos tiene que haber una
participación local no inferior del 30%.
Tal como ha sido diseñada la licitación–-la tercera que
encara el Gobierno desde 2006 hasta ahora–-la mayor parte de los equipos y los
estudios de ingeniería serán provistos por empresas extranjeras que son las
únicas en condiciones de aportar financiamiento.
La construcción de las represas–que el Gobierno quiere
adjudicar antes de las elecciones de octubre–promete generar unos 5.000 puestos
de trabajo y aportar, cuando estén terminadas, una capacidad de generación de
1.740 MW, equivalente a casi el 8% del consumo eléctrico nacional.
Informe: LPO
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