Luego del mensaje, una semana inesperada. |
Por Javier Luifa
Luego de desplegar una artillería de números en un dudoso
mensaje de ordenamiento financiero y político de la provincia, el gobernador de
Salta, Juan Manuel Urtubey, creyó haber cumplido una etapa tranquila más desde
el pasado 1 de abril en que largó las sesiones ordinarias de una Legislatura
que, hasta ahora, vino acompañándolo en todo lo que imaginó desde el 2007 en
adelante.
En realidad, imaginó poco. Y ahora quiere imaginar más, pero sin dudas, su inexperiencia política le sigue dando sorpresas poco agradables. El joven Urtubey, que viene emprendiendo desde hace años una cruzada contra su exjefe político, Juan Carlos Romero, ha comenzado a derrapar casi irremediablemente.
A todos sus desaciertos pasados y sus promesas demagógicas
para acceder a la Gobernación, Urtubey le suma ahora desazón tras desazón. Tras
su mensaje ante la asamblea legislativa, ratificó el descuento del día de
huelga de los docentes salteños. Más de $200 sobre un más que depauperado
salario. Logró superar el papelón de la represión del 19 de febrero a
ciudadanos que protestaban contra el “impuestazo” del intendente Miguel Isa. Ahora,
después de esa desvergüenza represiva, optó por descontarles a los docentes, para
asegurarse la tranquilidad en un área siempre conflictiva sin tener que apelar
a la fuerza policial como hizo su antecesor Romero también un 1 de abril, pero
de 2005.
Sin embargo, Urtubey calculó mal. La Asociación Docente
Provincial (ADP), uno de los gremios más importantes y siempre ligado al
oficialismo de turno y considerado por el gobernador como “propia tropa”, le salió
al cruce al descuento de haberes a sus afiliados maestros y emitió un duro
comunicado conjunto con la CTA, repudiando esa quita al salario de los
trabajadores de la educación. Urtubey comenzó a perder un apoyo importante y,
al promediar su segundo mandato, ya nada le asegura la tranquilidad que
pretendía en el sector más conflictivo.
Pero, además, políticamente, las cosas no le están saliendo
bien al gobernador. Su ambigua relación con la Casa Rosada iba a tener, a la
corta o a la larga, su desenlace. Pagó los platos rotos de esa ambigüedad su
hermano José, que aparecía como candidato “cantado” para presidir la Unión
Industrial Argentina (UIA), tan poderosa como oficialista de los gobiernos de
turno. Sin embargo, las presiones del “cristinismo” sobre la UIA, terminaron
con las aspiraciones del hermano José cuya postulación se vino al piso, tan
rápidamente como intentó subir.
Sin relaciones políticas nacionales, sin sostén empresario
fuerte, con dificultades frente a los gremios (al docente hay que sumarle la
Federación de Profesionales de la Salud que también lo tiene a maltraer al
mandatario), sin candidatos más o menos aceptables (su otro hermano, Rodolfo, no
aparece con índices halagüeños en la mayoría de las encuestas), y con sospechas
de creciente corrupción, la sonrisa del joven gobernador Urtubey comenzó a
borrarse.
Incluso, creía haber triunfado sobre las denuncias por
desmontes y créditos fáciles que El Tribuno, diario de la familia Romero, propaló
en contra del empresario periodístico Mario Ernesto Peña, a quien el gobernador
y su ministro Julio César Loutaif salieron a apoyar sin vueltas.
Pero la aparición de una lista de preadjudictarios de
viviendas en Lomas de Medeiro, le pegó al gobierno de Urtubey en la línea de
flotación: los nombres que aparecían en esa lista lo vinculaban directamente a
una acción irregular pergeñada por el Instituto Provincial de la Vivienda
(IPV).
En la nómina, figuraban funcionarios de altos ingresos,
empresarios amigos, familiares de legisladores y personas que eran propietarias
de varios inmuebles que, según las normas del IPV, son un claro impedimento
para acceder a las “viviendas sociales” que tiene como misión facilitar ese
organismo que terminó siendo una megainmobiliaria del mercado local.
Entre los preadjudicatarios, están la secretaria privada de
Urtubey, Florencia García Gutiérrez; uno de sus asesores políticos, Moisés “Chino”
Sánchez; el secretario de Planeamiento, Federico Lagos Rovaletti; la
funcionaria del Ministerio de Educación, Tania Marcela Godoy, hija del
presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, y el más emblemático
de todos, Pablo Robbio Saravia, secretario Legal y Técnico, dueño de varias
propiedades y, como funcionario, encargado de darle legalidad a las acciones
del Gobierno.
El escándalo ya es imparable. Urtubey, tibiamente, sólo
atinó a decir que “los que aparezcan en situación irregular serán borrados de
la lista de preadjudicatarios”. Es la única solución que propone el mandatario.
Un suave borrón. Y a otra cosa. Pero este papelón, ya es mayúsculo.
En las redes sociales circuló una versión de que, para
aminorar el impacto del desatino (propio y de sus funcionarios) Urtubey
ordenaría “limpiar” ese listado antes de que se informe a la Cámara de
Diputados sobre las irregularidades. Una manera de dejar al periodismo
denunciante como inventor de una fábula que intenta embarrar su gestión.
Ya había sucedido antes con el crimen de las dos turistas
francesas en San Lorenzo, dejando vericuetos demasiado oscuros que terminaron acrecentando
todas las sospechas habidas y por haber de que hay más de una irregularidad en
la investigación policial (y judicial) de ese aberrante crimen. Pocos creyeron las
argumentaciones del entonces ministro de Gobierno, Pablo Kosiner, premiado con
una banca de diputado nacional por esmerarse en tapar los papelones que nunca
terminaron de cubrirse del todo.
Esto de las viviendas de Lomas de Medeiro parece correr el
mismo derrotero. Ocultar, ocultar lo más que se pueda. Y desmentir a los medios
haciéndolo aparecer como una operación del romerismo y de El Tribuno. El
problema, es que el diario de Romero fue uno de los medios que más demoró en
publicar la lista que ya daba vueltas por casi todas las emisoras de radio y
por las apabullantes redes sociales. Difícil creer en esa teoría conspirativa.
En tal precariedad política y gestionaría quedó el urtubeycismo
que muchos de sus funcionarios elevaban plegarias para que en Salta no se
produzca una tempestad tan intensa como las registradas en la Capital Federal y
en La Plata, donde la tragedia dejó al desnudo la improvisación y del desmanejo
de la cosa pública en donde quedaron como responsables las principales figuras
políticas del país.
Salta vive inundaciones importantes. Pero una tormenta de
esas características, hubiera sido letal para la ciudad o para cualquier localidad
del interior. Uno de los mayores especialistas locales en hidrografía, el
ingeniero Walter Luis Luna, lo dijo claramente: “Si en Salta llueve así, va a
pasar lo mismo que en La Plata”.
Todos estos acontecimientos se dan en la casi mitad del
mandato de los gobernantes. Para Urubey, no son buenas señales. La
desprolijidad de antaño se refleja en los espejos de hoy que no pueden ser
tapados con discursitos irreales o con posiciones altivas y autoritarias. Cómo
repercutirán estos hechos en los procesos electorales, aún está por verse, pero
lo que sí quedará en claro, es que la sociedad está comenzando a caminar sin liderazgos
políticos pero con un gran convencimiento de que estos procesos como los que encarnan
Cristina Kirchner o Urtubey, han comenzado a agotarse.
© Agensur.info
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