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| Embraer está siendo monitoreada por coimas a Aerolíneas Argentinas. |
La investigación abierta por autoridades estadounidenses
contra Embraer, que la empresa dio a conocer en noviembre pasado junto con el
balance del tercer trimestre, comenzó en Argentina hace poco más de un año.
En septiembre de 2010, la compañía se enteró de que estaba
siendo investigada en Estados Unidos por el supuesto pago de sobornos a
empleados públicos argentinos, miembros del gobierno que actuaron en la
negociación de compra de 20 aeronaves comerciales del fabricante brasileño
destinadas a la estatal Aerolíneas Argentinas.
En el balance, que Embraer divulgó el 3 de noviembre, la
empresa informó que ‘contrató abogados externos para conducir un proceso de
investigación interna acerca de transacciones realizadas en tres países
específicos‘. Según la nota explicativa, la medida se tomó en respuesta a un oficio
emitido por U.S. Securities and Exchange Comission (SEC), la Comisión de
Valores Mobiliarios (CVM) estadounidense, por posible incumplimiento de la ley
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Estados Unidos.
La FCPA castiga a las empresas y sus representantes por la
práctica de corrupción de empleados públicos extranjeros con penas de reclusión
de hasta cinco años y multas millonarias que alcanzaron u$s 800 millones. Ese
fue el valor que pagó Siemens para cerrar una investigación en la que se la
acusaba de gastar más de u$s 1.000 millones corrompiendo empleados de gobiernos
en todo el mundo para ganar contratos de infraestructura. La legislación, en
vigor desde 1977, alcanza a subsidiarias de multinacionales estadounidenses
alrededor del mundo y compañías extranjeras que actúan en Estados Unidos.
Con operaciones en tres ciudades americanas, dos unidades de
mantenimiento de aeronaves, en Fort Lauderdale y Nashville, y una fábrica en
construcción en Melbourne, Embraer está sujeta a la FCPA también por tener ADRs
negociadas en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Como ella, otras empresas brasileñas están subordinadas a
las reglas anticorrupción americanas. A pesar de eso, Embraer se tornó la
primera empresa brasileña -y hasta donde se sabe la única hasta ahora-que es
investigada por violación a la FCPA por la SEC y por el U.S. Department of
Justice (DOJ), equivalente a la Fiscalía. Ambos son organismos responsables por
la conducción de investigaciones relacionadas a la FCPA. Hasta la investigación
de Embraer, los casos que involucraban a Brasil se referían a procesos abiertos
contra multinacionales estadounidenses con filiales en el país.
Embraer informó que la investigación se realiza bajo sigilo
y optó por no hacer comentarios más allá de las informaciones divulgadas en su
balance, que afirman que ‘la compañía está cooperando plenamente con la SEC y
el DOJ‘. Aunque la empresa no informe cuáles son los países con los que cerró
los contratos objeto de investigación, Valor pudo saber que el caso comenzó en
Argentina, donde Embraer está siendo investigada desde septiembre de 2009.
El contrato investigado envuelve la compra de 20 aeronaves
comerciales Embraer-190 por Aerolíneas Argentinas, estatizada en 2007 por
decisión de la presidenta argentina Cristina Kirchner. El negocio se cerró en
mayo de 2009 por u$s 698 millones, y el 85% del valor fue financiado por el
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En septiembre del
mismo año, la justicia argentina abrió una investigación, que hoy está a cargo
del juez federal Sergio Torres, del Juzgado Criminal y Correccional de Buenos
Aires.
La transacción entre Embraer y Aerolíneas, que forma parte
del principal escándalo de la era kirchnerista, contó con la participación del
entonces secretario nacional de Transportes, Ricardo Jaime, que responde por 24
procesos por corrupción ante la justicia local, según el periodista Omar
Lavieri, autor del libro ’El Rekaudador’, lanzado en agosto de 2011. La letra
‘k‘ se utiliza como referencia a la presidenta y a su antecesor y marido,
Néstor Kirchner, que falleció en octubre de 2010.
Ricardo Jaime fue despedido en julio de 2009, meses después
de que se publicaran informaciones sobre su extravagante nivel de vida y los
viajes pagados por empresas con las que tenía que lidiar directamente por su
función en el gobierno. En el cargo que ocupaba, Jaime manejaba subsidios
gubernamentales para el sector de transportes y tenía injerencia sobre los
planes de inversión de Aerolíneas Argentinas. Antes de su estatización, el
funcionario intentó convencer a la empresa, entonces bajo control de la
española Marsans, para que adquiriera los aviones de Embraer, según contó
Lavieri en su libro.
La compra de los aviones Embraer tuvo su último capítulo el
mes pasado, cuando Cristina Kirchner inauguró el hangar de Aerolíneas
Argentinas que abrigará las aeronaves, en el aeropuerto Jorge Newbery, en
Buenos Aires. La Secretaría Nacional de Transportes y Aerolíneas Argentinas no
respondieron a los pedios de entrevista realizados por Valor hasta el cierre de
esta edición.
A partir de la investigación en Argentina, las autoridades
estadounidenses comenzaron a monitorear la empresa y encontraron indicios de
práctica de corrupción en otros dos países, cuyos nombres no fueron divulgados.
Fuente que acompañan investigaciones relacionadas a la ley FCPA afirman, sin
embargo, que es muy posible que otro país de América latina esté involucrado en
el tema. Además, Embraer aparece en el informe ‘Progress Report 2011‘ de
Transparencia Internacional como una de las investigaciones en curso sobre
corrupción de empleados públicos extranjeros que involucran a Brasil.
De acuerdo con las informaciones presentadas en el informe,
elaboradas por el grupo de trabajo sobre corrupción de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), existen investigaciones en curso
sobre sospechas de pago de sobornos de Embraer a República Dominicana. Aunque
no se sepa si es ese el país que está siendo investigado por las autoridades
estadounidenses, Valor pudo saber que en un contrato entre la Fuerza Aérea
Dominicana y Embraer para la compra de ocho aviones Super Tucano, cerrada en
2008, existieron sospechas de pago de sobornos.
Informe: EC
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