Un discurso de batalla

Por Rosendo Fraga

Hasta los años sesenta, durante algo más de un siglo, los mensajes presidenciales al Congreso al iniciarse el período de sesiones ordinarias mostraban cómo los Presidentes querían ser registrados por la historia: eludían la coyuntura, evitaban el conflicto y buscaban presentarse como estadistas.

En los últimos años, el discurso anual al Congreso por parte del titular del Poder Ejecutivo estuvo más centrado en el corto plazo, buscando refutar críticas del día a día.

El discurso de la Presidenta al iniciarse las sesiones ordinarias del año 2013 se desarrolló en este contexto. Comenzó con un extenso pasaje en el cual presentó cifras sociales, económicas y educativas sobre su gestión.

La afirmación de que la pobreza está por debajo del 7% y la indigencia o pobreza extrema no llega al 2% contrasta con la realidad. El desconocimiento de la inflación real es la causa por la cual estas dos cifras -relevantes en cualquier diagnóstico social- están tan distorsionadas.

Ello no implica que el resto de las cifras tengan esta distorsión, pero sí que la presentación de los datos está realizada más con visión de propaganda política que de informe de gobierno.

Que la Argentina ha realizado un gran progreso en temas como desempleo y pobreza, que ha aumentado el trabajo formal y la extensión del sistema jubilatorio son hecho indiscutibles. Pero también es cierto que este avance se ha dado a partir de un momento muy crítico (como fue la crisis 2001-2002) y en un contexto global en el cual la misma tendencia se ha dado en todo el mundo emergente y en América Latina dentro del mismo. Esto no se mencionó.

Un segundo tramo del discurso estuvo dedicado a refutar críticas de coyuntura. Quizás la defensa del acuerdo con Irán fue la respuesta más significativa, la misma semana en la cual la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a este controvertido convenio bilateral. La Presidenta no aportó argumentos nuevos, pero insistió con los propios.

Como proyecto de futuro y tema político central, y por ello lo dejó para el final, abrió la batalla con la justicia. Acá aparece una innovación. En los últimos tres mensajes los medios de comunicación eran el adversario político central del gobierno. Ahora lo es la justicia, planteada como corporación.

Desplegó críticas, desarrollando y extendiéndose en ideas e intenciones ya anticipadas desde el oficialismo en las últimas semanas. Pero queda clara la intención de hacer de la reforma o democratización de la justicia la batalla política central del año 2013.

También anunció varios proyectos de ley, entre los cuales se destacan dos. El primero es el que propondría la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Se trata de una iniciativa compleja y controvertida que implica el riesgo de que quien controla el poder electoral, y por esto puede tener el dominio del Ejecutivo y el Legislativo, obtengan también el del Poder Judicial.

La otra es la medida tendiente a impedir las cautelares contra decisiones del estado. Es un proyecto discutible que parece originado en el rol que tuvieron este tipo de medidas judiciales en postergar la vigencia de los artículos de la ley medios, cuestionados por inconstitucionales desde los medios privados.

En conclusión, un discurso de batalla donde no innova ni en contenido ni en estilo, pero que confirma que se abre una nueva etapa política en la cual la confrontación con la justicia -un conflicto político de consecuencias institucionales- ocupa el lugar central.

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