El exdictador Augusto Pinochet fue sostenido por Brasil. |
Brasil y Chile - Un informe clasificado como “secreto” y
“urgente”, con fecha de 26 de octubre de 1976 asegura que Brasil prestaba
“importante ayuda” al régimen del exdictador chileno Augusto Pinochet. Según
esos documentos, esa ayuda tenía por objetivo la “garantía de la seguridad
interna” de Chile. El gobierno militar de Brasil concedió a la dictadura de
Pinochet préstamos por valor de 115 millones de dólares para la adquisición de
equipos militares.
Documentos secretos del gobierno militar brasileño
(1964-1985) revelan que ese régimen concedió préstamos por valor de 115
millones de dólares al gobierno castrense del general Augusto Pinochet, según
informó el diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con el rotativo, archivos del gabinete de los
exministros de Relaciones Exteriores indican que esa cantidad fue concedida en
términos “especialmente” favorables en tres tramos y estaba destinada a la
adquisición de equipos militares.
Un informe, clasificado como “secreto” y “urgente”, con
fecha de 26 de octubre de 1976 asegura que Brasil prestaba “importante ayuda”
al régimen de Pinochet.
El entonces secretario del Consejo de Seguridad Nacional,
Gustavo Moraes Rego Reis, explicó en un documento con fecha del 9 de noviembre
de 1978 al presidente militar Ernesto Geisel la división de los pagos y precisó
que la autorización inicial de las ayudas databa de noviembre de 1974, un año
después del golpe militar de Pinochet.
En ese año se concedieron 40 millones de dólares “en
condiciones excepcionales para el patrón brasileño de financiación oficial”,
que fueron ampliados posteriormente.
Según los documentos, las cantidades tenían por objetivo la
“garantía de la seguridad interna” de Chile.
Además, los documentos revelan que Brasil vendió 910 equipos
de radio por valor de 3,3 millones de dólares.
El diario accedió a los documentos en virtud de ley de
acceso a la información, sancionada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011.
La norma, que regula el acceso a todos los documentos
públicos y solo mantiene en secreto informaciones de carácter personal o las
que atañen a la seguridad del Estado, impide que se mantengan en secreto datos
que atenten contra los derechos humanos.
Informe: EFE
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