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| Alejandro Ramos, titular de la Secretaría de Transporte de la Nación. |
Un nuevo escándalo de corrupción golpea la desgastada
Secretaría de Transporte del kirchnerismo que todavía no logró sacarse de
encima el estigma de Ricardo Jaime. Sólo que esta vez, la denuncia involucra a
funcionarios de Alejandro Ramos, uno de los nuevos protegidos de Cristina
Kirchner.
El caso comenzó meses atrás cuando las autoridades de la
Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA) comenzaron una serie
reuniones con funcionarios de la Secretaría de Transporte que conduce el
santafesino Ramos para tratar un tema de enorme importancia para la operativa
del sector.
El propósito de las negociaciones consistía en la creación
de un permiso interjurisdiccional que permitiría a los contratistas transportar
maquinaria agrícola por las rutas de todo el país con una sola autorización
emitida por la cartera que conduce el santafesino (para evitar así tener que
obtener una multiplicidad de permisos provinciales al trasladarse de una
jurisdicción a otra).
En los encuentros técnicos las negociaciones transcurrieron
con absoluta normalidad y hasta se lograron grandes avances entre ambas partes
con el fin de solucionar uno de los principales problemas que afecta la labor
de los contratistas rurales.
En su momento, las máximas autoridades de FACMA se mostraban
muy conformes con el preacuerdo que lograron negociar con la Secretaría de
Transporte y hasta lo presentaban públicamente como un gran avance para el
sector.
Hasta ahí todo bien. Pero, según una investigación realizada
por La Política Online, el problema llegó hace algunas semanas atrás cuando
tuvieron que negociar el pago de dicho permiso nacional, que rondaría los $ 100
por año por máquina.
El precio fijado para la emisión de la habilitación nacional
no representó inconveniente alguno para las partes y todo parecía marchar sobre
rieles, hasta que los funcionarios de Transporte que llevaron adelante las
negociaciones, pidieron que el dinero de los permisos se depositara en una
cuenta bancaria personal.
Este medio pudo saber que la cuenta bancaria en cuestión
pertenece a una persona física que nada tenía que ver con las negociaciones,
como una manera de no dejar evidencias. “La idea era que durante algunos meses
ese trámite se abone en una cuenta particular como una forma de agradecer y
pagar la celeridad de la gestión”, reveló una de las fuentes consultadas que
por razones obvias no quiso identificarse.
Cuando los funcionarios realizaron el pedido, en la
federación de maquinaria entendieron todo. Es que hasta ese momento estaban
sorprendidos por la celeridad y eficiencia del gobierno, que en un muy breve
lapos había resuelto un problema que por lo general, en este tipo de
modificaciones de reglamentaciones, suele demoran meses y hasta años en algunos
casos.
Lo cierto es que una vez que las autoridades de FACMA
advirtieron que el dinero debía ser depositado en una cuenta de una persona
física, decidieron dar marcha atrás y aún hoy se encuentran evaluando los pasos
por seguir, ya que temen que de hacer pública la denuncia el gobierno tome
represalias contra ellos.
Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior y
Transporte que conduce Florencio Randazzo, afirmaron a LPO que de concretarse
una denuncia no dudarán en echar y denunciar a los funcionarios involucrados.
El dato no debería sorprender ya que la relación entre el
ministro y Alejandro Ramos es pésima, ya que el joven exintendente de Granadero
Baigorria responde políticamente a Julio de Vido, mientras que Randazzo hoy por
hoy mantiene cuotas de poder en el gabinete gracias al paraguas que le extendió
el poderoso secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, eterno rival del
titular de Planificación.
Informe: LPO
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