Diego Bossio (izq.) y Amado Boudou investigados por desvío de fondos. |
El fiscal Guillermo Marijuán impulsó una investigación para
determinar si el vicepresidente Amado Boudou y Diego Bossio -como directores
ejecutivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)-
cometieron los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales
por haber derivado los fondos de los jubilados a diversas actividades como el
financiamiento del “Fútbol para Todos”(FPT).
Según publica Clarín, el fiscal le dio curso a la causa
judicial a mediados de diciembre, pero la información trascendió recién durante
la feria de enero. El caso se inició por la denuncia de 64 jubilados que fueron
representados por el abogado Fabián Bergenfeld. La causa está a cargo del juez
federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Marijuán es el mismo fiscal que en los últimos meses tomó
dos medidas que favorecieron la situación judicial del vicepresidente. Ahora
pidió a la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social que
le informe al juez si hubo reuniones o debates en ese ámbito donde se
discutiera la afectación de fondos de los jubilados a otras actividades como la
compra de electrodomésticos, el aporte al programa “Automovilismo para Todos” y
algunos subsidios específicos, además de “Fútbol para Todos”.
Es que los jubilados plantearon en su denuncia que los
fondos previsionales se usaron por fuera de la Ley 26.425 que, desde la
estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP) creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y rige el modo de
manejar los recursos.
Todos los recursos del sistema previsional pasaron al Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto. Los
denunciantes aseguran que destinar el dinero a financiar -por ejemplo- el
“Fútbol para Todos”, está fuera de lo permitido por artículo 8 de la Ley que
dice que “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para
pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino”. En ese
mismo artículo se agrega que “el activo del fondo se invertirá de acuerdo a
criterios de seguridad y rentabilidad adecuados…”.
Los jubilados que presentaron la denuncia señalan que
mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley que permitía
la aplicación del 82 por ciento móvil a los haberes jubilatorios deriva fondos
a otras cuestiones.
La denuncia explica que: “Sin embargo ocurrió lo previsible:
el Poder Ejecutivo dio vuelta la espalda a lo resuelto en consonancia por los
Poderes Judicial y Legislativo, vetando la aludida ley en uso de una facultad
constitucional que debe utilizarse con un criterio restringido. Y ¿cuál fue el
fundamento brindado a la sociedad por el Poder Ejecutivo al vetar la ley? Que
el sistema jubilatorio entraría en colapso porque los fondos que maneja la
ANSeS resultarían insuficientes. Entonces, en lo que constituye una verdadera
burla a toda la sociedad y en particular a nuestros derechos, se acentuó
gravemente la dilapidación de fondos por parte de ese organismo. Así, mientras
se veta una ley para evitar el supuesto colapso del sistema, se lo sigue
saqueando con fines espurios, sea para cubrir al exacerbado gasto público o tan
solo con intencionalidades políticas”, señala la denuncia. La causa ya fue
impulsada, será la Justicia la que determine si los fondos se usaron por fuera
de la Ley.
Informe: Agencias
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